La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno podría chocar con la legislación europea. Así lo considera el Tribunal Supremo en una providencia, fechada el 24 de junio, en la que entiende que el modelo de regularización masiva previsto en el real decreto podría colisionar con el marco común europeo establecido en el Pacto de Migración y Asilo.El Alto Tribunal cuestiona en esa resolución interlocutoria, adelantada por El Mundo, la capacidad de un país miembro para adoptar por su cuenta un régimen general y masivo de concesión de residencias temporales a inmigrantes, sin coordinarse previamente con las instituciones europeas.

Se trata de una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ante los recursos presentados por los gobiernos autonómicos del PP de Aragón y de la Comunidad Valenciana.Los magistrados señalan posibles incompatibilidades concretas relacionadas, entre otras cosas, con la concesión de permisos de residencia a personas que podrían encontrarse en procedimientos de devolución o expulsión; y las consecuencias que la regularización puede tener para la libre circulación de personas en el espacio Schengen.En dicha providencia, la Sala abre un trámite de audiencia a las partes y les da un plazo de cinco días para presentar alegaciones sobre "la procedencia de formular una cuestión prejudicial interpretativa" ante el Tribunal de Justicia de la UE. De esta forma, el Supremo abre la puerta a elevar el caso a la justicia europea y a que esta pueda paralizar el proceso de regularización del Gobierno, que termina precisamente este martes.El periodo para solicitar la regularización extraordinaria de todos los inmigrantes irregulares que residen en España desde antes del 1 de enero inició el pasado 16 de abril para la vía telemática y, cuatro días después, en formato presencial a través de más de 400 puntos habilitados entre oficinas de Extranjería, de la Seguridad Social y de Correos.

Este martes es el último día para presentar solicitudes.Según los últimos datos confirmados por el Ejecutivo, se han registrado cerca de un millón de solicitudes, más del doble de las inicialmente previstas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que contemplaba regularizar a medio millón de inmigrantes. Los sindicatos policiales han denunciado repetidas veces fraudes relacionados con el proceso de regularización, vinculados a empadronamientos, citas administrativas o documentación acreditativa.