RÍO GALLEGOS.— Un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley que propone la creación del Programa Extraordinario de Capacitación e Inserción Laboral Minera para la Zona Norte de Santa Cruz, una iniciativa destinada a capacitar e incorporar al mercado laboral a 1.000 personas mayores de 18 años residentes en distintas localidades de la región. La propuesta establece que el programa se desarrollará en el marco de la Ley Provincial N° 3476 y será financiado mediante una afectación específica de recursos del Fondo Fiduciario UniRSE, con una inversión equivalente a un millón de dólares mensuales durante seis meses, convertidos a pesos según la cotización del Banco Nación al momento de cada desembolso.

La iniciativa destinada a capacitar e incorporar al mercado laboral a 1.000 personas mayores de 18 años. El proyecto alcanza a vecinos de Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Lago Posadas, Koluel Kayke, Cañadón Seco, Fitz Roy y Jaramillo.

La distribución de cupos prevé 240 beneficiarios para Caleta Olivia; 180 para Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado; 80 para Perito Moreno y Los Antiguos; y 15 para cada una de las restantes localidades. La iniciativa fija asimismo un criterio de prioridad para la selección de los participantes: tendrán preferencia los jefes y jefas de hogar cuyas familias no perciban ingresos formales al momento de la inscripción.

Para ello, la autoridad de aplicación deberá coordinar con los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social el cruce de datos que permita acreditar la situación socioeconómica de los postulantes. Formación y prácticas laborales Según el texto, el programa estará orientado a la formación para el desempeño en la actividad minera y su cadena de valor, incluyendo contenidos vinculados a seguridad e higiene, capacitación técnica inicial y de perfeccionamiento, asimismo de certificaciones al finalizar el trayecto formativo.

Asimismo, contempla la realización de prácticas supervisadas en organismos públicos, municipios, comisiones de fomento, empresas estatales, compañías mineras, contratistas y proveedoras que operen en la provincia, mediante convenios específicos que deberán garantizar tutorías, cobertura de seguros, elementos de protección personal y un plan de actividades. Contempla la realización de prácticas supervisadas en organismos públicos, municipios, comisiones de fomento, empresas estatales, compañías mineras, contratistas y proveedoras que operen en la provincia.

Durante el período de capacitación, los beneficiarios percibirán una asignación estímulo que, de acuerdo con el proyecto, no podrá ser inferior al equivalente a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). La norma aclara que dicha prestación no implicará relación de empleo con el Estado provincial ni otorgará derechos de estabilidad o incorporación a la planta permanente.

Control y seguimiento Otro de los puntos destacados de la iniciativa establece que la autoridad de aplicación deberá elevar informes mensuales a la Cámara de Diputados y a los concejos deliberantes de las localidades alcanzadas, detallando la distribución de cupos, beneficiarios incorporados, convenios firmados, ejecución presupuestaria y resultados obtenidos en materia de inserción laboral. Asimismo, los concejos deliberantes y las comisiones de fomento tendrán facultades para fiscalizar la implementación del programa, controlar el cumplimiento de los cupos asignados y verificar la transparencia del proceso de selección y las prácticas realizadas por los beneficiarios.

Los fundamentos En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que la zona norte de Santa Cruz atraviesa una situación económica y social que demanda políticas públicas orientadas a mejorar la empleabilidad de la población. En ese sentido, remarcan que la minería constituye el principal motor económico regional, aunque destacan que la capacitación prevista tendrá un carácter transversal, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos y habilidades que también podrán aplicar en otros sectores productivos.

Los autores de la iniciativa afirman asimismo que el proyecto se ajusta a los objetivos establecidos para el Fondo Fiduciario UniRSE, al considerar que la inversión en capacitación, formación técnica y empleo representa una herramienta para promover el desarrollo sostenible y fortalecer el capital humano de la provincia. El proyecto lleva la firma de los diputados Javier Jara, Claudia Barrientos, Fernando Pérez y Patricia Urrutia.