El mexicano Efraín Zúñiga-García, de 38 años de edad, se declaró culpable este lunes ante un juez de Texas de participar en una red de tráfico de migrantes, que, entre septiembre de 2020 y septiembre de 2023, logró introducir ilegalmente a entre 2 mil 500 y 3 mil personas procedentes de distintos países cobrando cantidades de hasta 12 mil dólares por cada extranjero, lo que generó ganancias totales estimadas entre 16 millones y 30 millones de dólares. El connacional que fue deportado en septiembre de 2025 a Estados Unidos, era el responsable de una casa de seguridad en Monterrey, donde coordinaba el alojamiento temporal de los migrantes antes de su traslado a la frontera.

En este lugar y en otro sitio ubicado en Piedras Negras, Coahuila, se llegaron a alojar a inmigrantes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador. La organización operaba a través de un traficante pakistaní radicado en Brasil que contactaba inicialmente con los extranjeros para que participaran en la red de tráfico.

A su vez, este traficante brasileño colaboraba con un traficante radicado en San Antonio, Texas, y con un inmigrante indocumentado de Honduras, Enil Edil Mejía-Zúñiga, para facilitar el viaje de los extranjeros desde Sudamérica a Estados Unidos. Mejía-Zúñiga dirigía las operaciones y pagaba a guías armados a pie ("coyotes"), conductores de carga y operadores de las casas de seguridad, entre ellos Zúñiga-García.

De acuerdo con el proceso que se siguió contra esta organización, Edil Mejía-Zúñiga fue sentenciado en julio del año pasado a 10 años de prisión. En tanto, a su coacusada, Mónica Hernández-Palma, de 34 años y también originaria de México, se le sentenció en mayo pasado a 3 años y 5 meses de prisión.

El fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que Efraín Zúñiga-García era el responsable de la casa de seguridad en Monterrey y coordinaba con otros miembros de la organización la entrega a los “coyotes”, quienes los guiaban a través de la frontera entre Estados Unidos y México cruzando el río Grande.

Zúñiga-García se declaró culpable de conspiración para introducir extranjeros en Estados Unidos, de introducir a un extranjero en Estados Unidos con fines de lucro y de complicidad. Aún no se ha fijado la fecha de su sentencia, pero enfrentaría una pena mínima obligatoria de tres años de prisión.

El Departamento de Justicia comunicó que la oficina de HSI en Del Rio lideró las investigaciones estadounidenses, trabajando en conjunto con la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington, D.C. y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En tanto, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró con las autoridades mexicanas para lograr el arresto y la extradición de Zúñiga-García el año pasado.