La Comisión Europea ha aprobado un plan de ayudas estatales del Gobierno español por valor de 402 millones de euros destinado a apoyar a las empresas de transporte por carretera que se enfrentan al aumento de los precios del combustible debido a la crisis de Oriente Medio. El plan se ha aprobado en virtud del Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis de Oriente Medio (METSAF), adoptado por el Ejecutivo comunitario el pasado mes de abril, tal como ha confirmado Bruselas en un comunicado.El objetivo del plan, comunicado por el Gobierno a Bruselas, es "mitigar el impacto del aumento de los precios del combustible" derivado de la crisis de Oriente Medio.La ayuda se concederá en forma de subvenciones directas.

En el caso de los beneficiarios que cumplan los requisitos de un régimen vigente de devolución del impuesto sobre el gasóleo para profesionales, la ayuda podrá cubrir hasta el 70% de los costes adicionales de combustible derivados de la crisis de Oriente Medio en que se haya incurrido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026. En el caso de los beneficiarios que no cumplan los requisitos de dicho programa de devolución de impuestos, la ayuda podrá tener un límite máximo de 50 000 euros por empresa o cubrir hasta el 70 % de los costes adicionales de combustible incurridos entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de este mismo año.La Comisión ha evaluado el régimen a la luz de las normas de la UE en materia de ayudas estatales, en particular el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas bajo ciertas condiciones, así como las secciones marcadas por el nuevo mecanismo aprobado hace solo unos meses por el Ejecutivo comunitario (conocido con las siglas de METSAF).De hecho, la Comisión ha concluido que el régimen se ajusta a las condiciones establecidas en el METSAF.

En concreto, la ayuda se concederá en el marco de un régimen con un presupuesto estimado claro, y se destinará a apoyar temporalmente el desarrollo de las empresas que operan en el sector del transporte por carretera, según el comunicado. La Comisión concluyó que el régimen es necesario, adecuado y proporcionado para facilitar el desarrollo de una actividad económica y no afecta negativamente a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común.