José Manuel Hermosillo Vallarta, abogado del despacho Artículo 27, comunicó a Excélsior que en el caso del saqueo y destrucción del sitio arqueológico Los Tlalteles, en Chalco, Estado de México, “se verá la posibilidad de tramitar sanciones administrativas, penales y en materia de amparo, contra quien resulte responsable”. Esto, luego de que Hermosillo Vallarta iniciara la defensa legal del enclave arqueológico, desde hace unos días, luego de darse a conocer que el sitio agoniza ante el saqueo y la construcción no regulada de vivienda, como comunicó Excélsior el pasado 13 de abril.

En días pasados, el abogado visitó la zona afectada para inspeccionar el impacto en el sitio, ante lo cual afirmó que la devastación es “deplorable” y “muy triste”, y aseveró que el caso “constituye un ejemplo de cómo los procesos de expansión urbana y transformación territorial pueden generar riesgos acumulativos y daños irreversibles”. Y agregó: “¿Aquí qué puede pasar?

Si no actúa el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) esto se va a perder”. Hermosillo Vallarta destacó que existe un dictamen arqueológico del INAH y, por tanto, las autoridades culturales saben qué tipo de sitio es, aunque “el tema es que no se ha actuado”, aseveró.

Asimismo, reconoció que, luego de revisar la zona, identificó las siguientes afectaciones en Los Tlalteles: destrucción material del contexto arqueológico, alteración física del sitio, saqueo y extracción indebida, ocupación y lotificación territorial, avance de infraestructura y maquinaria, y presión urbana sobre un espacio con valor arqueológico. Luego de que en mayo pasado el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia (SNPICD) del INAH emitiera un comunicado en el que condenó el saqueo y la destrucción de vestigios en Los Tlalteles, dicho gremio contactó al abogado Hermosillo Vallarta para actuar ante la inacción del área jurídica del INAH.

Esto, debido a que de 2020 a la fecha los ejidatarios han interpuesto amparos contra el INAH bajo el argumento de invasión de tierras ejidales. Y, de éstos, un proceso se encuentra estancado con el juez Noveno de Distrito del Estado de México, ubicado en Nezahualcóyotl.

En la actualidad, el abogado Hermosillo Vallarta revisa con el sindicato qué acciones se llevaron a cabo en el pasado y hasta dónde las estrategias jurídicas y administrativas fueron eficaces o no. Pese a todo, el experto comentó que el primer paso será construir un expediente técnico integral que documente la evolución del daño, la cronología, los actores involucrados, las omisiones institucionales, la pérdida patrimonial, el impacto científico, la pérdida contextual dentro del sitio y el riesgo de desaparición definitiva.

Con ese expediente, destacó, “se podría acudir a la Fiscalía a denunciar, meter los amparos para conseguir que las obras se detengan y que se cumpla la Ley de Patrimonio y la de Bienes Nacionales para conseguir fincar una responsabilidad administrativa”, explicó. A partir de este punto, se buscaría fincar responsabilidad a las autoridades estatales, locales, del INAH y quienes resultaran responsables.

¿Ha dialogado con el área jurídica del INAH?, se le preguntó. “Como abogado, no. Sí creo conveniente sentarnos, yo proponer una estrategia jurídica y me gustaría que la respaldara el INAH”, puntualizó.

Excélsior solicitó al INAH, vía Transparencia, detallar si llevó a cabo algún estudio en el sitio. Y reconoció que el único estudio técnico realizado correspondió al levantamiento fotogramétrico y topográfico efectuado por la arqueóloga Janis Rojas Gaytán.

También se preguntó al INAH si emitió instrucción de clausura en el sitio, pero, la dependencia clasificó la información como reservada por cinco años al existir “procedimientos administrativos en la actualidad en trámite”.