Para algunas personas en Tamaulipas, encontrar casa no depende del precio de la renta. Depende de a quién aman o de cómo deciden vivir su identidad.

Se les discrimina por tener preferencias sexuales distintas y se enfrentan a barreras marcadas por prejuicios.De acuerdo con el Atlas de las Personas LGBTTTIQ+, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Tamaulipas el 51.01% de los mayores de 60 años indicó que no estaría dispuesto a rentar una vivienda o cuarto a una persona de la diversidad sexual. Aceptación social incompleta pese a avances legalesAunque el matrimonio igualitario ya es legal en Tamaulipas, la aceptación social dista de ser plena.

La más reciente Encuesta Nacional de Discriminación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que 57% de la población rechaza que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja.Los prejuicios también han llegado a las escuelas. En Matamoros, padres de familia bloquearon un plantel para protestar contra dos maestras que mantenían una relación sentimental, un caso que derivó en una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

Exclusión estructural desde el hogar hasta el trabajoLa vida de los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ está marcada por exclusiones que comienzan muchas veces dentro del hogar y continúan en la escuela. Se reproducen en el mercado laboral y terminan reflejándose en indicadores de pobreza, precariedad y falta de acceso a servicios de salud.Muchas mujeres trans abandonan sus estudios después de enfrentar rechazo y violencia en sus entornos escolares.

Después, el desempleo las empuja hacia la informalidad o el trabajo sexual, alejándolas de derechos básicos como la seguridad social, el acceso a la vivienda o una pensión. Una historia de rezago institucionalTamaulipas fue el último estado del país en reconocer el matrimonio igualitario, lo que obligó a muchas parejas a promover amparos para casarse.

Para la comunidad LGBTTTIQ+, ese dato es la evidencia de una historia marcada por décadas de discriminación, invisibilidad institucional y resistencia al reconocimiento de sus derechos.Activistas consideran que, cuatro años después, los prejuicios continúan presentes, la discriminación persiste y muchos siguen ocultando su orientación sexual o identidad de género para evitar rechazo, agresiones o consecuencias laborales.Leyes recientes y rezagos pendientesEn marzo de este año se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTIQ+, aprobada desde el 2025, que establece las bases para que todas las autoridades promuevan, protejan y garanticen el ejercicio pleno de los derechos humanos de esta población.Esta ley reconoce derechos fundamentales relacionados con la identidad, la salud, la educación, el trabajo, la participación política y una vida libre de discriminación y violencia. Fue presentada como un paso hacia la visibilización e inclusión de este grupo en la vida pública y social.No obstante, todavía persisten rezagos legislativos.

Entre ellos se encuentran la Ley de Identidad de Género, la Ley contra los Crímenes de Odio y la Ley de la No Criminalización contra las Personas que Viven con VIH. Discriminación en la vida cotidiana y en las urnasAna Karen López, presidenta de Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans, señala que la ausencia de una Ley de Identidad de Género tiene consecuencias en la vida cotidiana de las personas trans y, cuando van a votar, son víctimas de burlas y morbo.“Cuando una persona emite su voto, en la casilla la llaman por su nombre.

El problema es que en Tamaulipas no existe una Ley de Identidad de Género, por lo que muchas personas trans siguen apareciendo con el nombre registrado en sus documentos oficiales. Al momento de votar, ese nombre es pronunciado en voz alta; todo mundo voltea, empiezan las críticas y empiezan a juzgar, por eso muchas personas trans no quieren ir a votar”.Otros temas pendientes son la atención a personas que viven con VIH y la tipificación de los crímenes de odio.

Estiman que el respeto a sus derechos no dependerá únicamente de las leyes, sino de la capacidad de las instituciones para modificar prácticas arraigadas durante décadas. Reglamentos locales y violencia institucional históricaCelso Pérez, dirigente de Tendremos Alas, refiere que la discriminación no ha provenido solamente de prejuicios individuales, sino también de las propias instituciones.

Recordó que todavía en el año 2004 personas trans fueron detenidas en Tampico bajo reglamentos municipales que permitían interpretaciones discriminatorias.En varios municipios aún existen reglamentos que consideran como faltas a la moral conductas que, en los hechos, pueden utilizarse para hostigar a parejas del mismo sexo. Representación política: entre cuotas y simulaciónA pesar de que se ha legislado para que las personas de la diversidad sexual puedan acceder a espacios en cabildos y en el Congreso local, activistas advierten que persisten prácticas que limitan una representación auténtica.Por ello, Celso Pérez propone la creación de un Observatorio de Participación LGBTTTIQ+ en Tamaulipas para vigilar a partidos y funcionarios y sancionar prácticas de simulación y manipulación.“Propongo la creación del Observatorio como un órgano ciudadano de consulta y fiscalización permanente, vigilancia del marco jurídico y partidos políticos.

Tendrá la función de vigilar que los partidos políticos no solo cumplan con la cuota, sino con la congruencia ideológica y que el IETAM verifique que los partidos hayan armonizado sus documentos básicos con la perspectiva de derechos humanos y diversidad sexual”.Elecciones y ausencia de representación en el CongresoEn el proceso electoral de 2024 se realizaron 41 postulaciones de fórmulas de la diversidad sexual para buscar diputaciones locales y regidurías. De estas, 14 resultaron electas, pero solo para los espacios en cabildos, sumando 28 personas entre propietarios y suplentes.

La comunidad no tiene representación en el Congreso local.Denis Mercado, de la Asociación Civil por la Justicia, Paz y Plenitud de México, sostiene que, aunque se han impulsado reformas para ampliar el acceso a cargos de elección popular, todavía no existen mecanismos que garanticen espacios efectivos para la diversidad sexual en las legislaturas. Asegura que la discriminación estructural, la violencia política y la falta de reconocimiento institucional continúan limitando su acceso a la toma de decisiones.“Platiqué con varios compañeros en el país, tuvimos 36 candidaturas a nivel nacional; no obstante, llegaron solo cuatro.

Parece simulación que los partidos políticos incluyen a la diversidad sexual y grupos históricamente vulnerables; no obstante, no garantizan los espacios y lo que estamos buscando es crear el mecanismo para garantizar el acceso y no solo la postulación”.Partidos políticos y cuotas sin representación realEn foros organizados por el Instituto Electoral de Tamaulipas en el norte, centro y sur del estado, integrantes de la comunidad denunciaron que los partidos políticos solo los utilizan para validar registros, mientras que las cuotas de participación terminan convirtiéndose en un cheque en blanco.Moisés Méndez Aguilar, activista y exaspirante independiente a la gubernatura y a una diputación local, considera que uno de los principales obstáculos para la participación política de las personas de la diversidad sexual no está únicamente en las instituciones, sino también en la sociedad.A ello se suma un fenómeno que observa dentro de la propia comunidad: la fragmentación entre distintos grupos. “No hay una unidad real. Cada quien está por su lado.

Hay personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, cada quien trabajando por separado. Nos falta construir más fuerza colectiva”, afirma.Para él, esa división debilita la capacidad de incidencia política y social, asimismo de dificultar la construcción de agendas comunes. “La lucha no debería ser individual”, insiste.Acciones afirmativas y simulación políticaTambién le preocupa la manera en que los partidos han implementado las acciones afirmativas. “Se cubre el requisito, pero no necesariamente se genera representación”.Advierte que todavía es difícil encontrar diputados, funcionarios judiciales o integrantes de organismos públicos que provengan realmente de estos sectores.

Representación como condición para políticas públicasLa consecuencia, sostiene, es que muchas problemáticas específicas continúan sin ser atendidas. Considera que la representación no es una cuestión simbólica ni un asunto de cuotas, sino una condición necesaria para construir políticas públicas más efectivas.Explica que quienes viven determinadas realidades tienen mayores posibilidades de comprenderlas y atenderlas.

Pone como ejemplo la situación de las personas trans dentro del sistema penitenciario, donde todavía existen vacíos legales y administrativos que afectan el respeto de sus derechos.Persistencia de la discriminación en la vida cotidianaAunque reconoce avances sociales importantes, afirma que la discriminación sigue presente en distintos ámbitos. Recuerda que durante años muchas personas fueron expulsadas de sus hogares después de revelar su orientación sexual o identidad de género.Hoy observa una mayor aceptación familiar.

No obstante, sostiene que la exclusión continúa manifestándose en escuelas, espacios laborales y ámbitos comunitarios, donde persisten casos de homofobia, transfobia, burlas escolares y estigmatización social.A su juicio, buena parte del problema se origina en la falta de educación y sensibilización. “No nacemos discriminando. Son conductas que se aprenden”.

Por ello, considera fundamental promover desde edades tempranas una cultura de respeto hacia las distintas formas de identidad y expresión.El rezago laboral y la batalla pendiente por la igualdad realUno de los ámbitos donde identifica mayores rezagos es el laboral. Aunque existen disposiciones legales para evitar la discriminación, considera que todavía hay sectores empresariales que muestran resistencia a contratar personas trans.La batalla presente es lograr que la igualdad reconocida en los códigos y las leyes exista también en las calles, escuelas, hospitales, oficinas públicas y dentro de los hogares tamaulipecos.

Para muchas personas de la diversidad sexual, la lucha ya no consiste únicamente en obtener nuevos derechos, sino en poder ejercerlos plenamente.