Ángela Russo asumió el cargo de defensora del pueblo el pasado 16 de abril y, con su llegada, se incorporó entre abril y mayo un grupo de al menos 15 funcionarios, con salarios que oscilan entre los 1,500 dólares y los 3,500 dólares en el caso de los nuevos directores de departamento. En lo que respecta a la defensora del pueblo, asimismo de su salario, recibe 3,500 dólares mensuales en gastos de representación.

El adjunto, Félix Paz, percibe 3,000 dólares por el mismo concepto, mientras que el secretario general, Natividad Quirós, devenga 2,000 dólares mensuales. A este esquema se suma el resto de los directores, alrededor de siete, quienes reciben entre 300 y 400 dólares en gastos de representación.

Toda esta información consta en la planilla de la Defensoría del Pueblo, disponible en el sitio web de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), donde reposan los registros oficiales de la institución. En el caso de Félix Paz Moreno, su nombramiento es potestad directa de la defensora y no requiere el aval de la Asamblea Nacional.

El nuevo adjunto participó como candidato al cargo de defensor durante la convocatoria realizada por el Legislativo en abril pasado y ha sido abogado del expresidente Ricardo Martinelli, quien se asiló en Colombia el año pasado luego de la condena de 128 meses de prisión por el caso New Business, en el que asimismo se le impuso una multa de 19.2 millones de dólares por blanqueo de capitales. Paz Moreno también representó a seis internos recluidos en el centro penitenciario de Punta Coco, al presentar un habeas corpus correctivo ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de solicitar su traslado a otro centro penitenciario, alegando condiciones distintas de reclusión.

No obstante, su solicitud no prosperó: un fallo reciente del máximo tribunal, con ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, decidió mantener la detención de los reos Juan Vicente Blandford, José Cossio, Carlos Mosquera, Carlos Candanedo, Eduardo Macea y Luis Guerrero Gaviria en dicho penal de máxima seguridad. Dentro de la lista de nuevos funcionarios también figura el secretario general, Natividad Quirós, quien en 2014 fue nombrado por el entonces gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) como notario público.

También aparece como directora Dayra Campos, quien se desempeñó como directora de la Oficina Nacional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública durante la administración anterior. La Defensoría del Pueblo tiene un presupuesto que supera los 7 millones de dólares y una planilla de más de 250 funcionarios, con salarios que oscilan entre los 800 dólares —como el de una secretaria— y los 7,000 dólares que percibe el defensor del pueblo, lo que convierte a la institución en un espacio de influencia administrativa y política, más allá de su mandato constitucional.

Las cifras presupuestarias de la entidad reflejan una tendencia fluctuante en los últimos años. Para 2026, la institución cuenta con una asignación de 7.2 millones de dólares, una reducción frente a los 7.9 millones de 2025 y los 8 millones registrados en 2024.

En años anteriores, el presupuesto se situó en 7.8 millones en 2023 y 7.6 millones en 2022, lo que evidencia ajustes progresivos. De ese monto correspondiente a 2026, unos 7 millones de dólares están destinados a gastos de funcionamiento, mientras que apenas 200 mil dólares se asignan a inversión.

Esta distribución evidencia una estructura presupuestaria centrada en sostener la operación cotidiana de la entidad, con un margen reducido para el desarrollo de nuevos proyectos o el fortalecimiento institucional. A esta realidad financiera se suma el peso de la planilla.

La Defensoría del Pueblo mantiene 254 funcionarios, cuya carga salarial ronda los 400,000 dólares mensuales, lo que representa uno de los principales compromisos del gasto institucional. La Prensa envió interrogantes sobre los criterios utilizados para nombrar al personal y sobre posibles influencias políticas.

En respuesta, la Defensoría del Pueblo comunicó que, en cumplimiento de la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, la defensora ha impulsado desde su toma de posesión el 16 de abril de 2026 un proceso de ordenamiento institucional orientado a la eficiencia administrativa y la profesionalización del recurso humano. En cuanto a la selección del personal que acompaña la gestión, la institución explicó que se han puesto en marcha auditorías de puestos, levantamiento de información de cargos y la elaboración de un nuevo manual de cargos y de organización y funciones, en la actualidad en proceso de revisión con el acompañamiento de la Dirección General de Carrera Administrativa y el Ministerio de Economía y Finanzas.

La Defensoría afirmó asimismo que no ha recibido presiones de diputados, dirigentes políticos ni miembros de partidos para nombramientos internos, y que las decisiones de contratación corresponden exclusivamente a la institución, en función de sus necesidades y de la normativa vigente, reafirmando su autonomía e independencia administrativa. La Defensoría del Pueblo tiene como misión principal proteger los derechos humanos en Panamá, actuando como garante frente a posibles abusos de las instituciones del Estado.

Su mandato incluye la vigilancia del cumplimiento de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aunque no puede sancionar ni ejercer funciones judiciales, sí está facultada para investigar denuncias, señalar irregularidades y emitir recomendaciones a las autoridades.

No obstante, sectores de la sociedad civil cuestionan su efectividad, al considerar que ha perdido capacidad de respuesta y se ha convertido en una estructura más burocrática que resolutiva.