La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración de Donald Trump al convalidar el fin de las protecciones legales para los migrantes que huyen de la violencia y los desastres naturales en Haití y Siria. La decisión deja en el limbo a unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios, quienes ahora enfrentan el riesgo inminente de ser deportados.

El Tribunal Superior determinó, por 6 votos contra 3, que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional en 2025 de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes haitianos y sirios no está sujeta a revisión judicial, es decir, que es una decisión política. Esta decisión revoca las órdenes de los tribunales inferiores y permite al Departamento de Seguridad Nacional poner fin rápidamente al estatus de protección temporal, un programa que ampara a un total de 1,3 millones de personas de 17 países. \"Las decisiones del secretario sobre la designación del TPS no están sujetas a revisión judicial\", escribió el juez Samuel Alito.

El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y se concede a personas consideradas en peligro si regresan a su país de origen debido a guerra, desastre natural u otras circunstancias extraordinarias. \"Animosidad racial\" Los abogados de los beneficiarios haitianos y sirios del TPS sostuvieron durante los alegatos ante el tribunal en abril que las condiciones en sus países de origen seguían siendo inseguras y que la medida que tomó el gobierno fue mediante un proceso ilegal, apresurado y con animosidad racial. Los abogados citaron como referencia las declaraciones de Donald Trump durante la campaña presidencial de 2024, cuando el entonces candidato difundió rumores falsos de que inmigrantes haitianos secuestraban y comían perros y gatos.

El magistrado Samuel Alito, quien redactó la opinión mayoritaria a la que se sumaron los otros cinco jueces conservadores de la Corte Suprema, rechazó los argumentos de que la raza fuera un \"factor determinante\" en la decisión de Trump de retirar el TPS a los haitianos. \"Ninguna de las declaraciones señaladas, ya sea del presidente o del secretario (de Seguridad Nacional), fue abiertamente racial y, en esencia, todas expresaban posturas políticas que podían sustentarse en justificaciones neutrales en cuanto a la raza\", escribió Alito. Y agregó: \"Independientemente de lo que se piense de las declaraciones citadas, son insuficientes para demostrar que la cancelación del TPS de Haití se basó en la raza del pueblo haitiano\".

Los tres jueces liberales del tribunal discreparon, argumentando que la ley permite que los jueces intervengan si los funcionarios eluden el procedimiento para poner fin a las protecciones. La jueza Elena Kagan, por su parte, indicó que la raza sí parece haber influido. \"La evidencia está ahí, a la vista, en las declaraciones del presidente, que la mayoría (y, de hecho, sus propios abogados) ni siquiera se atreven a repetir.

Respetuosamente, disiento de la decisión del Tribunal de que, en cambio, puedan ser trasladados al siguiente avión\", escribió. El peligro continúa en Haití y Siria Los abogados de la comunidad haitiana advirtieron sobre el grave peligro que corren los ciudadanos si se concretan las expulsiones. \"En pocas palabras, el fallo de la Corte Suprema provocará directamente la muerte violenta e innecesaria de miles de personas inocentes\", denunciaron los abogados Geoff Pipoly y Andy Tauber.

Ante este escenario, instaron al Senado a aprobar urgente una prórroga de las protecciones contra la deportación, una medida que permanece estancada en la Cámara Alta pese a haber recibido un histórico respaldo bipartidista en la Cámara de Representantes en abril pasado. Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, también condenó la decisión. “Este fallo es una traición devastadora para las familias haitianas que han vivido, trabajado y contribuido a este país durante años, solo para ser expulsadas en función de un sentimiento antiinmigrante contra las personas negras”, expresó.

Los abogados de inmigración sostienen que los países siguen siendo peligrosos. Cuatro mujeres haitianas que fueron deportadas de Estados Unidos en febrero fueron encontradas decapitadas y arrojadas a un río varios meses después, según consta en documentos judiciales presentados por los abogados y difundido por AP.

Estados Unidos otorgó protección a los haitianos por primera vez en 2010 luego de el catastrófico terremoto que sufrió el país y la prorrogó en varias ocasiones en medio de la continua violencia de las pandillas, que ha desplazado a más de un millón de personas. Los sirios obtuvieron el estatus de protección por primera vez en 2012, durante una guerra civil que duró más de una década antes de la caída del gobierno del presidente Bashar al Assad a finales de 2024.

Qué dijeron desde el gobierno El Departamento de Justicia apeló ante la Corte Suprema luego de que tribunales inferiores aplazaran la cancelación del programa para los haitianos y sirios afectados. Previamente, el máximo tribunal ya había fallado a favor del Gobierno al autorizar el fin de este amparo para los ciudadanos venezolanos.

Por su parte, las autoridades federales negaron que existan prejuicios raciales en la medida. Para respaldar su postura, el Ejecutivo citó un fallo de la propia Corte Suprema dictado durante el primer mandato de Trump, el cual desestimó las acusaciones de parcialidad basadas en los posteos del mandatario en redes sociales y confirmó la prohibición de viajar a varios países de mayoría musulmana.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el DHS puso fin a las protecciones, incluidas algunas que habían estado vigentes durante más de una década, para personas de 13 países. El programa fue creado por el Congreso en 1990 para prevenir las deportaciones a países afectados por desastres naturales, conflictos civiles y otras situaciones de inestabilidad.

Permite a las personas que ya se encuentran en el país permanecer con permisos de trabajo por períodos de hasta 18 meses, pero no ofrece una vía para obtener la ciudadanía.