La construcción de una cárcel en terrenos cercanos al Instituto Nacional de Agricultura (INA), en Divisa, ha generado malestar entre estudiantes, productores y comunidades vecinas. Los opositores al proyecto consideran que la obra afectaría la vocación agropecuaria de la zona y cuestionan la idoneidad del terreno escogido.

Pero, ¿cómo se gestó esta propuesta y por qué la comunidad educativa y los residentes aseguran que nunca fueron consultados sobre una decisión que transformaría el entorno de una de las principales escuelas agrícolas del país? El primer paso para avanzar con esta polémica obra se dio mientras buena parte del país se encontraba inmersa en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El 29 de diciembre de 2025, en pleno período festivo, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) emitió la Resolución No. ADMG-808-2025, mediante la cual segregó y traspasó al Ministerio de Gobierno un terreno de 45 hectáreas y 2,786.31 metros cuadrados en Divisa, para la construcción del denominado Proyecto de la Cárcel de Provincias Centrales.

La decisión coronó una gestión iniciada en octubre de 2025 por el Ministerio de Gobierno, que buscaba habilitar un nuevo centro penitenciario para atender las necesidades de custodia en la región central del país. El terreno seleccionado forma parte de la Finca No. 128, una propiedad estatal ubicada en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera.

Los documentos oficiales publicados en Gaceta Oficial muestran que el proceso avanzó con rapidez durante los últimos meses del año 2025. El expediente también recibió el aval de distintas entidades estatales.

Entre ellas figuran el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la empresa de distribución eléctrica Edemet, S.A., que emitió un concepto favorable sobre la factibilidad del suministro energético para el proyecto. La ubicación escogida ofrece acceso directo a la Carretera Interamericana mediante un frente de aproximadamente 100 metros.

Asimismo, la parcela limita con el río Cañazas y colinda con otras tierras estatales administradas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Comisión Agraria. Estas tierras estatales estaban bajo la jurisdicción del MIDA y eran utilizadas para actividades ganaderas por los estudiantes del INA.

De hecho, en la actualidad aún hay ganado en esa zona. El director general encargado del Instituto Nacional de Agricultura (INA), Francisco Rodríguez Rodríguez, confirmó que las 45 hectáreas destinadas a la obra pertenecían al MIDA y eran utilizadas por el centro como área de pastoreo para su ganado. “El INA utilizaba las pasturas de esa parcela y echaba ganado ahí”, explicó.

Aunque evitó asumir una posición sobre la decisión gubernamental, Rodríguez reconoció que existe un amplio rechazo en la comunidad educativa y en los pobladores de la zona. “Nadie está de acuerdo con la construcción de la cárcel. Nadie”, remarcó.

No obstante, precisó que la dirección del INA no participó en el proceso que condujo a la asignación de esos terrenos para el proyecto. “Nosotros nos enteramos igual que se enteró usted”, añadió. El director también dio a conocer que representantes de empresas interesadas en participar en la licitación han visitado recientemente el área para evaluar las condiciones del terreno.

A su juicio, las características del sitio representan un desafío significativo para cualquier desarrollo de infraestructura. “El terreno es bien bajo. El terreno se inunda”, afirmó, al tiempo que recordó haber observado inundaciones en varias ocasiones.

Según versiones que ha escuchado de miembros de la Asociación Nacional de Egresados del INA, unas 35 de las 45 hectáreas contempladas para la obra serían inundables. “Sería muy, muy difícil y costoso hacer una construcción de cualquier tipo en ese terreno”, concluyó Rodríguez. Sobre las protestas de los estudiantes, el director del colegio negó que exista persecución contra los alumnos por expresar su rechazo al proyecto.

Rodríguez explicó que las preocupaciones de la administración surgieron por la forma en que un grupo de estudiantes abandonó las instalaciones para sumarse a las protestas, sin cumplir los procedimientos establecidos. “Nadie está en desacuerdo con que los estudiantes puedan protestar”, aseveró. “Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, para salir de la institución, los estudiantes deben contar con un permiso oficial de los directivos”, puntualizó. El director indicó que, al tratarse de un internado agrícola, la institución asume la responsabilidad sobre los alumnos una vez ingresan al campus. “Los tutores de ellos somos nosotros y nos preocupa muchísimo que a un estudiante le pueda pasar algo”, expresó.

Según relató, los estudiantes abandonaron el centro por una salida alterna, por lo que posteriormente se convocó a los padres de familia para abordar la situación. Precisamente, siete días después de la fuga masiva de 195 reos en La Joyita, el 8 de junio se publicó en el portal de PanamaCompra el pliego de condiciones para la licitación pública por 177.2 millones de dólares para el diseño, construcción y mantenimiento del nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales.

La presentación de propuestas para la construcción del centro penitenciario está prevista para el próximo 23 de julio. El tamaño de la obra la colocaría entre los cuatro centros penitenciarios más grandes del país y abriría la posibilidad de redistribuir la sobrepoblación que en este momento existe en La Joya y La Joyita.

Precisamente de este último penal se fugaron los 195 reclusos, en su mayoría condenados o procesados por pandillerismo, homicidio, tráfico de drogas y delitos contra la integridad sexual. El proyecto tendrá capacidad para albergar a 3,000 personas privadas de libertad, asimismo de instalaciones para aproximadamente 450 custodios.

De acuerdo con el pliego de condiciones, la cárcel incluirá pabellones diferenciados según el perfil de la población penitenciaria. Los privados de libertad de mínima y mediana seguridad serán alojados en dormitorios colectivos con capacidad para seis personas, mientras que los internos de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales sometidas a mayores niveles de control.

Algunas figuras públicas, como la diputada de Veraguas Janine Prado, han cuestionado las amenazas a estudiantes por la protesta contra este centro penitenciario. “Es preocupante la amenaza de expulsión a estudiantes del INA por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente”, indicó, al advertir que no deben permitirse “ilegalidades por parte de las instituciones contra estos jóvenes que actuaron conforme al reglamento interno escolar”. Prado también criticó el manejo del proyecto de la cárcel en la zona, al afirmar que su planificación se hizo con hermetismo hasta que fue cuestionado en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. “En democracia, la respuesta a las preguntas y a la participación ciudadana no puede ser la represalia.

No vivimos en dictadura”, remarcó, al tiempo que defendió que los centros educativos deben formar pensamiento crítico.