PICO TRUNCADO.— La investigación por el caso de los dos niños que vivían en una vivienda del barrio 400 Viviendas de Pico Truncado avanzó luego de una denuncia que expuso una situación de extrema gravedad. El hecho se conoció cuando una nena de siete años escapó desde una ventana de un primer piso y logró alertar a los vecinos.

La intervención del Área de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes permitió resguardar a los menores y activar el proceso judicial. La denuncia presentada por ese organismo dio inicio a una causa que se mantuvo bajo reserva durante aproximadamente un mes, período en el que se reunieron testimonios, pericias y otros elementos incorporados al expediente.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a La Opinión Austral que los menores habrían atravesado un contexto marcado por el aislamiento, la violencia física y psicológica, asimismo de la falta de acceso a necesidades básicas. Las entrevistas especializadas y las declaraciones realizadas en Cámara Gesell resultaron claves para reconstruir lo ocurrido dentro del domicilio y avanzar con las medidas judiciales contra los adultos responsables del cuidado de los niños. “El nivel de violencia al que habrían sido sometidos estos menores no tiene precedentes recientes en Pico Truncado.

Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los hechos más graves y dolorosos que recuerde la Justicia santacruceña en materia de vulneración de derechos de las infancias”, afirmaron las autoridades. Los delitos que les atribuye la Fiscalía Con las pruebas reunidas, la Fiscalía llevó a cabo una calificación provisoria de los hechos por los delitos de reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido mediante violencias y amenazas y en perjuicio de menores de edad, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y por haber sido cometido por quienes tenían el deber legal de cuidado.

De acuerdo con el informe incorporado a la causa, los imputados “colocaron y mantuvieron a los niños en una situación de sometimiento extremo”, caracterizada por “el control absoluto de sus vidas, la restricción de su capacidad de autodeterminación, privación de necesidades básicas, el aislamiento social, la violencia física y psicológica sistemática”. La acusación sostiene que ambos adultos ejercían un dominio sobre las condiciones de vida de los menores y que actuaban como coautores, en concurso real de delitos.

Asimismo, las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda aportaron registros que forman parte de la prueba analizada por la Justicia para reconstruir la dinámica dentro del domicilio.