SAN JUAN.— La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves el Convenio de Colaboración para el Sistema de Control Integral Mendoza-San Juan, una de las iniciativas más ambiciosas dentro del Plan Regional de Seguridad que impulsan los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo. La norma fue sancionada con 20 votos afirmativos y 16 abstenciones, estas últimas correspondientes al bloque Justicialista y el San Juan Te Quiero.

De esta manera, el oficialismo volvió a reunir los consensos necesarios para avanzar con una política estratégica, aunque debió enfrentar un nuevo contrapunto con la oposición. El proyecto apunta a transformar por completo el esquema de controles entre ambas provincias.

La idea es concentrar en un único complejo los procedimientos policiales, vehiculares, personales y fitosanitarios que hoy se realizan en distintos puestos, eliminando demoras y mejorando la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. El futuro centro de control se levantará sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento mendocino de Las Heras, entre los actuales puestos de San Carlos y Jocolí.

Allí se instalará tecnología de última generación, incluyendo lectores automáticos de patentes en tiempo real, reconocimiento facial conectado al Renaper, cámaras de alta definición y sistemas integrados de videovigilancia. Asimismo, el complejo permitirá compartir información en tiempo real sobre personas y vehículos con pedidos de captura, fortaleciendo el trabajo coordinado entre ambas provincias.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que Orrego y Cornejo vienen desarrollando desde el inicio de sus gestiones, con el objetivo de construir una red regional de seguridad capaz de enfrentar delitos cada vez más sofisticados y con capacidad de desplazarse entre jurisdicciones. Uno de los aspectos más innovadores del convenio es la denominada prórroga de jurisdicción, una herramienta legal que habilitará a las fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales de cada provincia a actuar con plena validez dentro del complejo, independientemente de la jurisdicción territorial en la que se encuentren.

Según explicaron durante el tratamiento legislativo, el sistema permitirá optimizar investigaciones vinculadas al narcotráfico, el robo de vehículos y las organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de autopartes, problemáticas que desde hace años requieren coordinación interprovincial. Pese a esos objetivos, el bloque justicialista decidió abstenerse.

Los legisladores peronistas, con el presidente del partido, el diputado Juan Carlos Quiroga Moyano a la cabeza, argumentaron que el Ejecutivo no remitió información suficiente sobre el costo final de la obra ni sobre el esquema de financiamiento previsto. También plantearon reparos respecto de la participación económica de San Juan en una infraestructura que estará emplazada en territorio mendocino.

No obstante, el planteo no encontró eco en el resto de los bloques. El oficialismo y sus aliados respaldaron el convenio al considerar que se trata de una inversión estratégica que trasciende los límites geográficos y apunta a dotar a la región de herramientas modernas para combatir el delito.