La victoria del candidato de derecha y ‘outsider’ Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, con un margen de apenas 1,01% sobre su rival de izquierda, no es simplemente un resultado electoral más en el convulso mapa político latinoamericano. Es el cuarto eslabón de una cadena que ya nadie puede ignorar: Chile, Bolivia, Perú y ahora Colombia han girado, en secuencia, alejándose del ciclo progresista que dominó la región en los últimos años.

Leerlo como ola ideológica homogénea sería un error. Lo que estos electorados han producido es algo más preciso y más inquietante para la izquierda regional: una sentencia acumulada, país por país, sobre un modelo que prometió transformación y entregó profundas y caóticas crisis.

El aprendizaje por demostración entre vecinos tiene una lógica propia. No requiere que los ciudadanos de un país lean los informes económicos del otro.

Basta con que vean las imágenes, escuchen a los migrantes, observen las noticias. Chile fue el caso que más claramente ilustra este fenómeno porque, a diferencia de Venezuela o Bolivia, no había colapso económico agudo que explicara el giro.

La economía chilena mantenía indicadores manejables. Lo que fracasó fue la gestión institucional, la seguridad pública y la capacidad del gobierno de Boric para traducir la energía del estallido social en gobernabilidad real.

Si hasta en Chile —el laboratorio regional de la modernidad progresista— el electorado expresó basta, la señal que se envió al continente fue inequívoca. Bolivia llegó después, con sus propias particularidades.

La derrota del proyecto de Evo Morales en las urnas no fue solo el agotamiento de un caudillo envuelto en una obscena corrupción; fue el rechazo a un modelo que había confundido la redistribución con la captura del Estado. Perú sumó su capítulo en junio del 2026, cuando el electorado optó por Keiko Fujimori frente a Roberto Sánchez, un candidato cuya coalición cargaba con vínculos documentados con el radicalismo antiminero, con sectores ligados al etnocacerismo de los Humala y con redes cuya cercanía al narcotráfico y a grupos subversivos había sido ampliamente reportada por la prensa peruana y los servicios de inteligencia.

Fue un voto que expresó: basta. Colombia cierra —por ahora— esta secuencia.

El estrecho margen de De la Espriella refleja una sociedad profundamente dividida, y sería ingenuo ignorar que el petrismo no desaparece de la escena política colombiana. Pero la derrota del candidato oficialista es, en términos simbólicos, la más contundente de la serie, precisamente porque ocurre en el país donde el experimento de izquierda tenía más capital político acumulado y donde la maquinaria estatal había sido comprometida con más intensidad en favor de la continuidad.

Que en ese contexto el electorado haya preferido el cambio, aunque por un hilo, dice mucho sobre el estado real del mandato de Gustavo Petro. Lo que conecta estos cuatro casos no es una conversión doctrinaria al liberalismo de mercado.

Los electores de Santiago, La Paz, Lima y Bogotá no han abrazado súbitamente los postulados de la Escuela de Chicago. Lo que han hecho es algo más elemental y más poderoso: han castigado la incompetencia, la corrupción y el clientelismo progresivo.

Han votado contra algo —el deterioro concreto de sus condiciones de vida, la inseguridad, la corrupción, la impunidad— más que a favor de un proyecto alternativo elaborado. Esa distinción importa porque define los límites y los riesgos de estos nuevos gobiernos: tienen el mandato de no ser lo anterior, pero aún deben construir la legitimidad de ser algo propio.

En ese contexto geopolítico emerge con renovada pertinencia el marco del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada desde Washington por la Administración Trump para articular una arquitectura de seguridad hemisférica que defienda intereses comunes frente a las amenazas del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la influencia de actores extrarregionales —China, Irán, Rusia— en el continente. Su componente más concreto es la cooperación en inteligencia antinarcóticos y el desmantelamiento de las rutas financieras que sostienen a los cárteles; precisamente las áreas donde esos cuatro países han padecido con mayor intensidad el costo del vacío de gobernanza.

Lo que hace seis meses era políticamente inviable en Bogotá o Lima hoy encuentra interlocutores dispuestos a escuchar. No porque estos gobiernos sean incondicionales de Washington, sino porque la coincidencia de diagnóstico sobre las amenazas reales es ahora suficientemente amplia como para sostener una conversación estratégica.

La pregunta que queda abierta es si México —gobernado aún desde la lógica del nacionalismo post-Obrador— y Venezuela —donde el ciclo no ha cerrado— terminarán siendo la excepción o el próximo eslabón de la misma cadena. La secuencia Chile-Bolivia-Perú-Colombia no garantiza estabilidad.

Garantiza una oportunidad. Si los nuevos gobiernos logran traducir el voto de castigo en gestión eficaz, el aprendizaje regional habrá dado un paso más: demostrar que la alternativa al socialismo también puede gobernar, y con mayor capacidad y eficiencia.

Si fracasan, el péndulo volverá. América Latina lleva demasiadas décadas oscilando entre la esperanza y la decepción como para que cualquier resultado electoral se lea como punto de llegada.

Lo que sí ha cambiado es que los electorados aprenden más rápido que antes, y que las demostraciones de fracaso —o de éxito— cruzan fronteras sin necesidad de discursos. (*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University.