SANTA FE.— El primer informe remitido por el Poder Ejecutivo de Santa Fe con los alcances de los dos primeros años de la puesta en marcha de la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes fue aprobado en la Cámara de Diputados que, asimismo, avanzó en la reforma a esa norma y transformó en obligatoria la presentación del informe bianual. La decisión fue adoptada por amplia mayoría en la última sesión y girada al Senado para su revisión.

El autor del proyecto es el diputado oficialista José Corral quien lo fundamentó en el recinto y solo votaron en contra los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía. "En los primeros dos años, hubo 490 condenados por microtráfico y fueron derribados 105 lugares de venta de drogas", indicó el radical al fundamentar su proyecto.

La adhesión de Santa Fe a la desfederalización fue una de las primeras leyes sancionadas por la actual Legislatura a propuestas de un mensaje del Poder Ejecutivo. La Ley N° 14.239 fue sancionada el 18 de diciembre de 2023, a la semana de la jura de Maximiliano Pullaro.

En años anteriores, hubo tibios mensajes del Poder Ejecutivo y algún proyecto de legisladores pero nunca hubo interés legislativo en avanzar. Pullaro lo propuso en la campaña y fue una de las primeras leyes sancionadas y en el artículo 11 dispone que "transcurridos 24 meses a partir de la entrada en vigencia de la misma, la autoridad de aplicación procederá a elaborar un informe de evaluación sobre los resultados obtenidos en la aplicación de la Ley.

El mismo será remitido a la Legislatura para su conocimiento y análisis a efectos de determinar la continuidad de la presente". Ahora, Diputados analizó el primer informe y cambió ese artículo marcando la obligatoriedad de presentar el balance con contenidos mínimos exigidos en el texto.

"El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad o aquél que en el futuro lo reemplace, y el Ministerio Público de la Acusación, deberán elaborar y remitir a la Legislatura un informe integral de evaluación sobre la implementación y los resultados obtenidos en la aplicación de la presente Ley, con una periodicidad de dos años, a fin de posibilitar el seguimiento y control institucional de su funcionamiento." Dicho informe deberá contener, como mínimo: a) la evaluación de los resultados obtenidos en materia de investigación y persecución penal del microtráfico de estupefacientes; b) el análisis del impacto territorial de las intervenciones realizadas, con especial consideración de las zonas priorizadas; c) el diagnóstico de las capacidades institucionales existentes y de las necesidades de fortalecimiento operativo, técnico y organizacional". Al exponer en el recinto, Corral insistió en marcar los efectos favorables que tuvo la aplicación de la ley en especial en pacificar a sectores de la sociedad, recordando que hasta entonces todas las cuestiones relativas a drogas estaban en manos de las fuerzas y de la justicia federal.

El diputado oficialista abundó de cifras sobre las primeras consecuencias de la vigencia de la norma en los dos primeros años: 18.409 llamados ciudadanos indicando lugares de venta de drogas; 24.843 ingresos de expedientes al MPA, algo así como 33 por día; 2616 allanamientos, con gran incidencia en Rosario; 658 armas de fuego secuestradas; 105 derribos de búnkeres; 490 condenados y 844 personas privadas de la libertad. "No hay que volver atrás porque sería privar al gobierno provincial de herramientas de trabajo que han permitido bajar los homicidios dolosos en Santa Fe" aseveró y por último valoró la decisión del Ejecutivo de poner el tema en agenda asumiendo los riesgos de llevar adelante esta política.

Según el Informe Bianual 2023-2025, el porcentaje de muertes violentas vinculadas a grupos criminales y economías ilegales había pasado del 26% en 2014 al 60% en 2023, con entre el 80% y el 90% de esas muertes cometidas con armas de fuego. En el departamento Rosario, la tasa de homicidios alcanzó en 2022 las 22,24 muertes por cada 100.000 habitantes, más de cinco veces la media nacional de 4,2.

"Los homicidios dolosos provinciales registraron al cierre del primer trimestre de 2025 los niveles más bajos de las últimas décadas, en línea directa con la acción sostenida sobre los puntos de venta como factores estructurales de la violencia territorial", marca el informe elevado a Legislatura. Se recuerda en el trabajo que en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación se conformó el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico, se aprobó el Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados y se creó, en diciembre de 2025, la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico con presencia en todas las sedes territoriales de la provincia.

En el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad se establecieron la División Microtráfico en la Policía de Investigaciones -que pasó de 92 a 133 efectivos especializados-, la Unidad de Gestión de Intervención de Puntos de Venta de Estupefaciente