La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, defendió el reciente reajuste del 5% del salario mínimo legal decretado por el presidente Santiago Peña, el cual fijó el sueldo básico en G. 3.044.000 y el jornal diario en G. 117.077. En comunicación con ABC TV, la medida como “responsable y justa”.

Según el análisis de la ministra, el salario mínimo regula directamente al sector asalariado en relación de dependencia, lo que representa al 47% de la población ocupada del país. Recalde remarcó que dar más poder de compra a la gente a través de este ajuste no perjudica al mercado, sino que activa un motor económico necesario para mitigar el desgaste que provoca la inflación acumulada.

La titular de la cartera laboral explicó que el dinero inyectado a la clase trabajadora regresa de forma inmediata al sistema comercial y beneficia directamente a las empresas que hoy critican la medida. “Cuando el trabajador tiene mayor poder adquisitivo, el reajuste se vuelve un círculo virtuoso. El empleado de clase media gasta ese dinero para ir al supermercado, pagar sus cuentas, el internet o el pasaje.

La gente consume más, compra alimentos, los comercios de barrio se dinamizan y se genera un alivio real en las familias”, argumentó Recalde. La ministra explicó el impacto real de la suba en números concretos.

Explicó que 352.000 trabajadores ganan exactamente un salario mínimo y verán el incremento neto en sus bolsillos. Por otro lado, 200.000 jornaleros se verán beneficiados de forma automática al reajustarse el pago por día.

Asimismo, 500.000 personas en total recibirán el beneficio directo e indirecto debido al “efecto arrastre” que ejerce la suba sobre la franja de trabajadores que gana entre el viejo y el nuevo piso salarial. Al ser consultada sobre las quejas de los gremios de la producción e importadores, quienes defendían que el tope del aumento debía ser solo del 2,4%, Recalde indicó que la decisión del Ejecutivo buscó un punto medio de consenso.

Recordó que, en contrapartida, las centrales sindicales exigían una suba extrema del 22,3%. “Hubo un equilibrio. No se le dio todo lo que pedían los trabajadores porque un aumento del 20% sí iba a tener un impacto negativo y destructivo en la formalización, la productividad y la generación de empleo.

Pero tampoco es una medida exagerada. El 5% otorga un 2,6% adicional de recuperación real por encima de la inflación técnica, y montos similares aplicados en años anteriores demostraron que no frenan la competitividad”, sentenció.

Para la ministra, este decreto cierra una etapa pero abre el debate más importante de los últimos años a nivel país. Anunció que convocará de forma inmediata al Consejo Consultivo Tripartito para poner sobre la mesa tres reformas estructurales urgentes que dejen claras las “reglas de juego” para el futuro.

Subrayó que se debatirá sobre la desindexación total. Separar definitivamente el salario mínimo del cálculo de impuestos, tasas municipales, contribuciones y multas de tránsito, un pedido histórico del sector empresarial.

La ministra propone crear una fórmula intermedia donde el salario mínimo se abra en dos grandes categorías diferenciadas: uno exclusivo para la Industria y otro adaptado para el sector de Comercio y Servicios. Asimismo, se pretende actualizar leyes y normas que quedaron obsoletas ante la dinámica del empleo moderno.

Finalmente, Recalde contextualizó que el país atraviesa un momento de expansión económica ideal para absorber este reajuste, citando la creación de nuevas empresas, el dinamismo en el sector de la construcción y la reciente baja en el precio de los combustibles, un factor que calificó como “fundamental” para que los empresarios puedan planificar sus costos sin trasladar el aumento del sueldo a los precios de la canasta básica. “El salario mínimo es una regla de protección contra el abuso del no pago justo por hora de trabajo. La economía debe derramar en la gente”, concluyó.