La justicia sentenció en tiempo récord a los organizadores capturados en un operativo en La Calera; no obstante, la senadora animalista, Andrea Padilla, advirtió vacíos en el sistema que rebajan los castigos.El operativo dejó el rescate de 12 animales con evidentes señales de violencia.FiscalíaLo que las autoridades encontraron en el mes de marzo en una finca de la vereda Aurora Alta, en límites entre Bogotá y La Calera, dejó una huella de profunda indignación en la opinión pública. Un cuadrilátero improvisado con rastros de sangre, apuestas en dólares y una red de participantes internacionales configuraron un escenario de maltrato animal sin precedentes en el país.Lea más: Condenan a 13 personas por “convención internacional de pelea de perros” en La CaleraEsta semana, a tres meses del operativo que develó las dinámicas de tortura de la red internacional, fueron capturadas 13 personas involucradas, nueve extranjeros y cuatro colombianos.

La justicia dictó sentencia definitiva y, luego de aceptar cargos de manera anticipada, los implicados colombianos fueron condenados a 31 meses y 15 días de prisión por los delitos de muerte y lesiones agravadas contra los animales con fines de explotación económica.Si bien la celeridad con la que operó la justicia ha sido catalogada como un hito, logrando una condena en tiempo récord, el fallo judicial abre un debate ético y legal profundo. Detrás de las sentencias exprés se esconde un circuito clandestino caracterizado por la tortura previa de los ejemplares, el uso de animales callejeros como “carnada” y un marco procesal que, a pesar de la efectividad judicial, continúa con claroscuros, según advierten expertos.El operativo clandestino y la caída de la redLa desarticulación de esta red criminal inició el viernes 13 de marzo de 2026 cuando un testigo alertó al Grupo Especial contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía sobre la realización de una “convención internacional” de peleas de perros en La Calera.

La denuncia movilizó de inmediato a unidades de la Fiscalía y de la Dirección de Carabineros.En el cartel que promocionaba el evento, con combates entre machos y hembras, figuran como organizadores o asociados los nombres “The Factory Kennels” y “Team Psicópata Gamedogs”, quienes serían los encargados de la logística.FiscalíaEl sábado 14 de marzo, luego de un complejo seguimiento con drones, las autoridades ubicaron el predio en la parte alta de la localidad de Usaquén, en límites con La Calera. Al ingresar, hallaron un ring de madera donde se ejecutaban los enfrentamientos en medio de apuestas ilegales que podían alcanzar hasta los 2.000 dólares por combate, con convocatorias controladas en redes cerradas y cobros de entrada entre COP 200.000 y COP 300.000.

El saldo del horror incluyó dos caninos muertos con severas lesiones traumáticas y el rescate de 12 ejemplares con graves secuelas físicas y comportamentales.La reciente condena en el marco de la Ley Ángel cobija directamente a los cuatro ciudadanos colombianos capturados, entre ellos Julián Esteban León Ramírez, señalado como el principal organizador de la convención, y a Carlos Alberto Cifuentes Hernández, un médico veterinario cuya función consistía en “terminar con la vida” de los perros que quedaban en estado agónico luego de los combates. Por su parte, los nueve ciudadanos extranjeros procedentes de Ecuador, Venezuela y República Dominicana que financiaron el encuentro se encuentran en sus respectivos países afrontando sus propios procesos.

Asimismo de los 31 meses de cárcel, el juez impuso a los sentenciados locales una multa de 28.5 salarios mínimos y una inhabilidad especial para la tenencia o cuidado de animales durante el mismo lapso de la pena.Cabe mencionar que el aspecto más doloroso de este caso radica en que la crueldad no se limitaba al cuadrilátero. Los animales eran sometidos previamente a situaciones extremas de hambre y aislamiento estresante para elevar al máximo su agresividad.

Asimismo, la Fiscalía determinó que al menos cuatro de los perros rescatados eran utilizados bajo la modalidad de “carnada”: animales más pequeños o indefensos —muchas veces robados de las calles— empleados para entrenar la potencia de los ejemplares de pelea, sufriendo violencia continuada hasta la muerte.“El sistema está pensado para favorecer al delincuente”A pesar de la rapidez judicial, el desenlace reabrió una grieta histórica sobre los alcances reales de las penas contra animales en Colombia. Consultada sobre el fallo, la senadora Andrea Padilla, autora de la Ley Ángel, expresó a este diario un agudo sinsabor y indicó fallas estructurales del sistema penal acusatorio, aclarando que la laxitud de la pena no es responsabilidad de la ley de protección animal.“La Ley Ángel establece unas condenas muy severas.

En este caso, la máxima habría sido de más de 7 años de cárcel porque estamos hablando del delito de muerte agravado, donde la Fiscalía únicamente imputó el agravante de la explotación económica. Pudieron imputar otros agravantes, pero no lo hicieron”, advirtió la legisladora.Le puede interesar: Fiscalía imputó cargos a docente y trabajador de colegio donde desapareció Valeria AfanadorPara Padilla, el verdadero problema radica en la estructura judicial del país: “Nos queda el sinsabor de que la pena es baja por nuestro sistema penal, un sistema pensado para favorecer a los delincuentes y no a las víctimas, lleno de ‘tubos de escape’ que son los beneficios penales”.La senadora explicó que el allanamiento a cargos reduce inmediatamente la pena en un 50 %, un beneficio que aplica tanto para el maltrato animal como para homicidas o corruptos.

Al no registrar antecedentes previos, la condena final resultó inferior a los cuatro años, lo que podría convertirla en excarcelable. “Es una condena baja para semejante atrocidad. Esto es casi un concierto para delinquir, una red criminal”, sentenció Padilla, lanzando un llamado contundente: “Insisto en que se requiere una reforma a la justicia, que esperamos avance con el nuevo gobierno, que empiece por la eliminación definitiva de los subrogados y beneficios penales para casos de atrocidad tan graves como este”.Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.