Alrededor de 200 personas marcharon la mañana de este martes desde la Alameda Juan Sarabia hasta el Congreso del Estado de San Luis Potosí para exigir la atención de diversas demandas sociales, entre ellas la derogación de la denominada Ley Serrano, conflictos agrarios, problemas del gremio taxista, denuncias por despidos laborales y señalamientos sobre la actuación de organismos públicos. La movilización avanzó por el Centro Histórico hasta llegar a la sede del Poder Legislativo, donde se registraron momentos de tensión después de que los accesos principales permanecieran cerrados.

Los manifestantes exigieron ser recibidos por las y los legisladores y reclamaron la falta de atención a diversas problemáticas que, aseguraron, permanecen sin respuesta institucional. Uno de los ejes de la protesta fue la exigencia de derogar las reformas al Código Penal relacionadas con el uso indebido de la Inteligencia Artificial, conocidas públicamente como Ley Serrano.

Durante la marcha se escucharon consignas como “Fuera Ley Serrano”, “Saquen a Serrano” y “Nosotros les pagamos”, expresiones que reflejaron el rechazo de parte de los asistentes a las modificaciones legislativas recientemente aprobadas. La abogada Natalia Castillo participó en la movilización acompañando causas relacionadas con el gremio taxista y con representantes de medios de comunicación que han denunciado posibles actos de censura.

Al llegar al recinto legislativo, los manifestantes encontraron cerradas las puertas de acceso. La negativa inicial del personal de seguridad provocó momentos de tensión, empujones y forcejeos entre algunos asistentes y los elementos encargados del resguardo del inmueble.

Durante varios minutos, los participantes insistieron en ingresar para presentar directamente sus demandas ante los diputados. Finalmente, un grupo logró acceder a las instalaciones y avanzar hacia el interior del Congreso, donde reclamaron la ausencia de una parte importante de los legisladores.

La falta de asistencia de múltiples integrantes del Poder Legislativo se convirtió en uno de los principales cuestionamientos de la protesta. Los asistentes señalaron que buena parte de las curules permanecían vacías durante el ingreso de los manifestantes.

Entre los legisladores presentes se encontraban representantes del PRI, PAN, Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, quienes permanecieron en el recinto mientras se desarrollaban las protestas. Los manifestantes cuestionaron el trabajo legislativo y recordaron que los salarios de los diputados provienen de recursos públicos.

Una vez dentro del edificio legislativo, representantes de distintos sectores tomaron la palabra para exponer sus problemáticas. Entre los temas planteados destacaron: Las demandas del gremio taxista; conflictos agrarios en Mexquitic y Escalerillas; denuncias de periodistas; solicitudes relacionadas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos; casos de despidos laborales; denuncias por presuntos abusos de autoridad y preocupaciones por actividades turísticas en el Sótano de las Golondrinas.

La diversidad de las demandas convirtió la protesta en una expresión amplia de inconformidad social más allá de la discusión sobre la Ley Serrano. Mientras los organizadores sostuvieron que la marcha representó una manifestación ciudadana para exigir atención institucional, algunos actores políticos y legislativos señalaron que entre los participantes se encontraban grupos vinculados a intereses políticos, organizaciones de comerciantes, taxistas y otras agrupaciones.

También se difundieron señalamientos sobre la presunta participación de funcionarios municipales y actores políticos locales. Hasta el momento, no existe una postura institucional única sobre la integración del contingente ni sobre las acusaciones realizadas entre los distintos grupos involucrados.

La controversia en torno a la llamada Ley Serrano ha colocado en el centro del debate temas relacionados con la regulación del uso de la inteligencia artificial, la protección de derechos, los límites de la libertad de expresión y el posible impacto de las sanciones penales. Para sus críticos, las reformas pueden generar riesgos de censura o afectar determinadas actividades informativas y de comunicación digital.

Sus defensores sostienen que la legislación busca combatir el uso indebido de tecnologías que puedan vulnerar derechos de las personas. La protesta registrada en el Congreso refleja cómo la discusión sobre la inteligencia artificial ha trascendido el ámbito tecnológico para convertirse en un tema político y social.