España dispone de una gran cantidad de suelo aún sin edificar, gran parte de ellos de titularidad pública. Al menos un 30% de ese suelo vacante pertenece a ayuntamientos por cesiones legales.

Así lo ha asegurado Ignacio Ezquiaga, investigador de Funcas, durante su intervención en el XLIII seminario de economía organizado en Santander por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El think tank calcula que el suelo vacío de las quince mayores áreas urbanas de España ayudaría a incrementar el parque disponible en un 18%.

"Hay muchas viviendas que podrían acometerse, y no precisamente en zonas recónditas", ha asegurado Ezquiaga. Pone como ejemplo el caso de Murcia, región en la que podría llegar a duplicarse el número de inmuebles si se llevan a cabo este tipo de proyectos.

"La mayor parte del suelo está en manos muertas desde la crisis financieras. Es decir, de agentes que no quieren promoverlo", ha remarcado.

En el informe presentado este martes ha hecho un repaso por el mercado de la vivienda desde la burbuja inmobiliaria (1998-2008) para concluir que los suelos financiados previamente y absorbidos por grandes fondos y Sareb no han regresado al mercado como se había previsto. De hecho, Ezquiaga critica que pese a la abundante liquidez, la inversión en edificación residencial es escasa, algo que ha llevado a paralizar muchos proyectos en fase inicial.

Si en 2011 la banca financiaba suelo por el equivalente a tres millones en viviendas, en el momento actual Sareb tiene proyectos abiertos para unas 400.000 potenciales. "Tenemos que conseguir que estos suelos vuelvan al mercado, que lo inunden de precios bajos y construyan", ha explicado.

En su opinión, una de las soluciones pasaría por penalizar la ociosidad de esos suelos. El experto considera que la política de vivienda debería incluir medidas que permitan volver a poner en el mercado dichos terrenos en aras de movilizar el patrimonio municipal y destinarlo a vivienda pública, así como a liberar los suelos privados "encapsulados".

Para ello, pone sobre la mesa la posibilidad de establecer sanciones como la pérdida de derechos edificatorios si pasa un largo periodo de tiempo sin ejecución o la edificación forzosa de solares. En materia fiscal, Ezquiaga defiende la aplicación de un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre el potencial de edificabilidad en lugar de hacerlo solamente sobre el suelo.

KPMG apuesta por más incentivos fiscales En contraposición, el responsable del sector inmobiliario de KPMG, Carlos Bardavío, atribuye la crisis de acceso actual más a la falta de vivienda en alquiler que a la normativa vigente. El experto ha asegurado que con las políticas impulsadas se ha reducido la oferta para arrendamiento, a lo que se suma la competición del hogar tradicional con el alquiler turístico, el de temporada, el enfocado en estudiantes y el dedicado al arrendamiento por habitaciones.Si bien defiende la colaboración público-privada en aras de promover nuevas viviendas en alquiler en suelo público, Bardavío se ha centrado en las ya construidas, que están en manos de pequeños propietarios.

En esa línea, ve necesario apostar por una mayor seguridad jurídica e incentivos fiscales, sobre todo, los hogares vulnerables, dado que la ley de vivienda ha tensionado aún más el mercado, provocando la retirada de un gran número de viviendas.