La Sala de la Cámara de Diputados revisará una nueva acusación constitucional, esta vez contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esta es la novena acción legislativa de este tipo en contra de un secretario de Estado de la administración de Gabriel Boric.

Y si bien en el caso del extitular de Hacienda aún existe incertidumbre sobre el resultado, en el caso de los representantes del gobierno anterior, todas las AC fueron rechazadas, aunque en distintas instancias.Izkia SichesLa primera que debió enfrentar una AC fue la entonces ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, el 28 de junio de 2022. La acción fue anunciada por el Partido Republicano, cuando la médico llevaba sólo dos meses como jefa de gabinete.

La presentación del libelo generó diferencias entre los miembros de esta colectividad y Chile Vamos.La acusación constó de 159 páginas y siete capítulos. Los hechos por los que se la acusaba a Siches apuntaron al retiro de querellas en contra de personas acusadas de diversos delitos durante el estallido social y la falta a su obligación de presentar cargos por el ataque sufrido en su viaje a Temucuicui.También vino el “haber comprometido el honor de la nación” y desatar un impasse político y diplomático con Argentina al usar el término “Wallmapu” y no presentar denuncia contra Héctor Llaitul por su llamado a mantener la resistencia armada contra el Estado de Chile.El 12 de julio la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el libelo después de que Siches se acogiera a la cuestión previa.

Esta fue aprobada por 84 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones, por lo que la acusación quedó como “no interpuesta”.Giorgio Jackson La siguiente AC se presentó el 3 de enero de 2023 contra el entonces ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.Nuevamente quienes lideraron la acción fueron los diputados republicanos quienes presentaron como principal argumento el abuso de autoridad y poder. En el primer capítulo del escrito se le acusó de ejercer presiones contra Patricia Hidalgo, exseremi de la Región Metropolitana, para que votara “en contra de sus convicciones en diversos proyectos”.

El segundo argumento del libelo apuntó a la subejecución el presupuesto de tierras y aguas indígenas. El tercer argumento fue por supuestamente haber dejado sin ejecución la Ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.Finalmente, fue el 19 de enero cuando la sala de la Cámara revisó la acusación, la que fue rechazada.

Meses después el Partido Republicano anunció una nueva acusación contra Jackson, esto después de que este reconociera irregularidades en el traspaso de fondos de su Ministerio a las regiones de Atacama y Antofagasta en el denominado Caso Convenios. No obstante, la AC se descartó luego de la renuncia del frenteamplista el 11 de agosto.Marcela Ríos Seis días después de presentar el libelo contra Giorgio Jackson, Chile Vamos anunció una nueva acusación constitucional, esta vez en contra de la entonces ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

La acción se concretó dos días después de que esta renunciara al cargo.En dos capítulos, a Ríos se le acusó por sus presuntas responsabilidades en los errores administrativos que terminaron con el indulto de 12 personas que cumplían condena carcelaria por delitos cometidos durante el estallido social. Se le responsabilizó también de conceder beneficios carcelarios a detenidos de la Macrozona sur.El 25 de enero, la misma semana que se rechazó la acusación presentada contra Jackson, fue también rechazado la acción contra Ríos por 82 votos en contra, 49 a favor, y 3 abstenciones.

Marco Antonio Ávila La siguiente AC, fue ingresada el 19 de junio de 2023 contra del entonces ministro de Educación Marco Antonio Ávila.El libelo sumó siete capítulos. Se le acusó de dejar a estudiantes con discapacidad fuera de la política de educación inclusiva.

Asimismo, de una infracción al rol de autoridad y conducción del servicio educativo. Se apuntó a la demora en la entrega de los resultados del Simce; el incumplimiento en su rol de supervigilancia de la Junaeb; por la información de “educación no sexista” impresa en los cuadernos entregados al sistema público y presuntas irregularidades en los programas de alimentación escolar y parvularia.

Asimismo, por problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación (SLEP).La acción fue encabezada por diputadas del entonces Partido Social Cristiano y fue apoyado por Chile Vamos, excepto por Evópoli. La acusación fue finalmente rechazada en Sala y se acusó por parte del gobierno de homofobia contra Ávila.Carlos MontesLuego vino el turno del entonces ministro de Vivienda, Carlos Montes, el 19 de diciembre de 2023.El libelo fue impulsado por diputados del Partido Socials Cristiano, Republicano, PDG, RN y la UDI, y contó con cinco capítulos donde se le acusaba al secretario de no ejercer control jerárquico de los organismos bajo su mando, a raíz de investigaciones por el caso de líos de plata, y específicamente el traspaso de dineros del ministerio a fundaciones como Democracia Viva.

La defensa de Montes, invocó en este caso la denominada “cuestión previa”. En esta se acusaron errores en la presentación de kla acusación de forma y fondo, apuntando, por ejemplo, que no se imputó una responsabilidad por hechos propios del ministro.La cuestión previa fue admitida el 4 de enero de 2024 en la sala de la Cámara, con 79 votos a favor, 21 en contra y una abstención, quedando como “no interpuesta” la AC.Carolina ToháTras Montes, nuevamente la bancada del Partido Republicano impulsó una acusación constitucional, el 30 de septiembre de 2024, contra de la entonces ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.El foco de la acusación fue la crisis de seguridad que, para ellos, enfrentaba el país.

Así, el argumento central del libelo fue que la secretaria de estado no tomó las medidas necesarias para “resguardar a la población de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado” y “la vulneración de las fronteras en medio de la crisis de inmigración ilegal”.Si bien la defensa de Tohá decidió no invocar la cuestión previa, pero en sus argumentos se echaba por tierra cualquier incumplimiento a la Constitución.Finalmente, en la sala de la Cámara la acusación fue rechazada, el 10 de octubre, por 76 votos en contra, 67 a favor y 7 abstenciones.Maya FernándezLa entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, también tuvo que defenderse de una acusación constitucional impulsada por el Partido Republicano y Chile Vamos, como consecuencia de la fallida venta de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende.Fue el lunes 10 de marzo de 2025 cuando se presentó el libelo, de un solo capítulo: infringir el artículo 37 bis de la Constitución, donde se establece que los ministros no pueden celebrar contratos con el Estado mientras están en el ejercicio de sus funciones. No obstante, luego de ser presentada la AC, Fernández renunció de inmediato, lo que generó que la acción perdiera fuerza.

No obstante, los republicanos siguieron con la acción, pese a los reparos en Chile Vamos.Finalmente, la AC llegó a la sala de la corporación. Ahí el principal argumento de la defensa fue que el contrato de compra-venta de la casa de Guardia Vieja nunca llegó a concretarse, por lo que no hubo una infracción a la Constitución.

Fue rechazada el 26 de marzo con 70 votos en contra y 64 a favor.Diego Pardow Aunque hubo una acusación constitucional previa a una autoridad del gobierno de Gabriel Boric -al entonces delegado presidencial, Gonzalo Durán, por supuestamente haber actuado de manera negligente en el marco de un partido entre Colo Colo y Fortaleza por la Copa Libertadores, donde dos jóvenes perdieron la vida por acción de un blindado de Carabineros.la que también fue rechazada- el último ministro en enfrentar una AC, fue el entonces titular de Energía, Diego Pardow.En la acción se acusó a Pardow por su eventual responsabilidad en el error de cálculo que terminó con un aumento en las tarifas eléctricas.Y si bien la acción fiscalizadora sorteó la Cámara de Diputados, fue finalmente la Sala del Senado la que desestimó los dos capítulos que fundaron la acusación De este modo, el abogado -quien renunció previamente a su cargo- quedó libre de la sanción respectiva, es decir, no poder desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por cinco años.Así, en el primer capítulo -que el exministro habría incumplido los principios de eficiencia, eficacia y probidad administrativa al fijar los precios del sistema eléctrico nacional vigentes desde el 1 de enero de 2024, lo que derivó en un perjuicio para los consumidores y compromisos de pagos en exceso - la votación fue 17 votos a favor, 28 en contra y una abstención.El segundo capítulo -que cuestionó la reacción de la exautoridad ante un error de cálculo detectado por una empresa de transmisión y comunicado al Ministerio de Energía a fines de ese año, situación que derivó en la autodenuncia de Transelec- la votación fue 21 votos a favor, 21 en contra y tres abstenciones.