Lo que inició como una serie de denuncias entre docentes que competían por vacantes terminó destapando una de las investigaciones más delicadas del sistema educativo panameño en los últimos años. El Ministerio de Educación (Meduca) ha denunciado hasta el momento a 401 personas por presuntamente ingresar al sistema utilizando títulos universitarios falsos, una irregularidad que, según las pesquisas oficiales, se remonta al menos a la última década.

La directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, Nilka González, explicó a La Prensa que los casos detectados corresponden principalmente a personas que ingresaron al sistema educativo entre 2014 y 2016. “Por el momento llevamos denunciadas a 401 personas. Tenemos casos de personas denunciadas que ingresaron al sistema hace aproximadamente diez años”, indicó la funcionaria al referirse al alcance temporal de las investigaciones.

La revisión comienza con una verificación detallada de la documentación académica presentada por cada docente. González explicó que los auditores examinan los títulos registrados en el sistema y luego solicitan información a las universidades que supuestamente los emitieron. “La universidad responde en poco tiempo e indica que esta persona nunca cursó estudios en esa casa de estudios”, aseveró.

Cuando la institución académica desmiente la autenticidad del documento, el Meduca prepara un expediente que sirve tanto para sustentar la denuncia penal como para iniciar procesos administrativos. “Levantamos el expediente y procedemos a presentar la denuncia. Por otro lado, se abren los procesos administrativos para la exclusión del registro permanente de elegibles”, explicó González.

La medida impide que los involucrados vuelvan a concursar por cargos dentro de la institución y, en caso de que mantengan un nombramiento vigente, puede derivar en su destitución. El impacto económico de la presunta red de títulos falsos también ha llamado la atención de las autoridades.

Luego de analizar uno por uno los 401 casos identificados, el equipo investigador calculó que los salarios percibidos por las personas nombradas con documentación irregular podrían representar una afectación cercana a los 100 millones de dólares. “La cifra es producto del dinero que han cobrado en los cargos para los que fueron nombrados”, explicó la directora de Asesoría Legal. Entre los hallazgos figuran situaciones que, según la funcionaria, resultan difíciles de justificar.

Citó el caso de una docente que obtuvo una vacante de Español en 2016 utilizando un diploma supuestamente expedido por una universidad que ya había cerrado sus operaciones. “Esa universidad ya no podía emitir diplomas. No obstante, esta persona tiene un diploma expedido en ese año”, relató.

La investigación tuvo su origen en la reactivación del Programa de Vacantes en Línea (PROVEL), una plataforma creada para transparentar los concursos docentes y reducir las posibilidades de tráfico de influencias. Con el regreso de este sistema, los propios concursantes comenzaron a detectar inconsistencias en los perfiles académicos de otros aspirantes. “Ellos pueden ver quiénes participan en los concursos y fue allí donde comenzaron las denuncias de unos contra otros”, explicó González.

Las alertas fueron tantas que la ministra de Educación, Lucy Molinar, ordenó una auditoría de gran escala. La tarea no es menor: el sistema educativo cuenta con aproximadamente 57 mil docentes nombrados. “Hay un equipo grande trabajando en esta auditoría.

Te puedes imaginar la magnitud de revisar cada caso”, comentó la funcionaria, quien confirmó que el proceso continúa en marcha. Lejos de considerar cerrada la investigación, González cree que los 401 casos apenas representan una parte del problema. “Esto apenas inicia; es la punta del iceberg”, advirtió.

Incluso fue más allá al referirse a la cantidad de expedientes que podrían surgir a medida que avance la auditoría. “Yo me atrevería a decir que podrían ser miles de docentes involucrados en esta situación”, remarcó. Frente a este escenario, el Meduca busca implementar mecanismos permanentes de control.

González dio a conocer que ya se desarrollan conversaciones con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y las universidades para crear una plataforma digital de verificación de títulos académicos. “El Ministerio de Educación necesita contar con una plataforma segura y debidamente protegida”, aseveró. La iniciativa permitiría validar en tiempo real diplomas, créditos y registros de egresados, cerrando una brecha que durante años habría facilitado el ingreso de documentos fraudulentos al sistema educativo.