Un intenso debate político y jurídico marcó este lunes la discusión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto conocido como “ley antiencapuchados”, iniciativa que busca modificar el Código Penal para tipificar como delito el ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos.Pese a que el proyecto fue debatido por los parlamentarios durante la jornada, la propuesta no alcanzó a ser votada debido al término de la orden del día, por lo que deberá volver a ser puesta en tabla para su resolución en una próxima sesión.La iniciativa forma parte de la agenda legislativa en materia de seguridad y contempla, entre otros aspectos, la creación de un delito específico para sancionar a quienes oculten deliberadamente su identidad durante manifestaciones o eventos masivos sin una justificación legítima.Previo a su discusión, el diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG), integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, explicó los principales alcances de la propuesta.Según explicó, la iniciativa contempla penas de presidio menor en su grado mínimo para quienes utilicen elementos destinados a impedir su identificación en espacios públicos durante este tipo de actividades. Asimismo, incorpora excepciones justificadas y establece una agravante cuando el ocultamiento del rostro tenga por finalidad facilitar la comisión de otros delitos.Argumentos en contraLas principales objeciones provinieron de parlamentarios de la oposición, quienes cuestionaron tanto la técnica legislativa como los eventuales efectos de la iniciativa sobre derechos fundamentales.Al respecto, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) indicó que la propuesta original presentaba deficiencias conceptuales que obligaron al Ejecutivo a introducir una indicación sustitutiva durante su tramitación.“La propia tramitación en comisión dejó al descubierto las profundas debilidades de esta iniciativa.

El texto original era de tal vaguedad que el propio Ejecutivo tuvo que presentar una indicación sustitutiva, abandonando por completo la idea matriz de crear un delito autónomo. ¿Por qué?

Porque carecía de la más mínima rigurosidad conceptual”, precisó.Asimismo, advirtió que el proyecto podría vulnerar principios básicos del derecho penal al no definir con suficiente precisión la conducta sancionada ni el bien jurídico protegido.La parlamentaria también recogió observaciones planteadas por la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismos que han advertido riesgos para el ejercicio de la libertad de reunión y manifestación pacífica.“Este proyecto camina por la cornisa de la arbitrariedad arriesgando la afectación del derecho a la libre reunión y manifestación pacífica. Sancionar el simple acto de cubrirse el rostro sin que exista violencia, daño efectivo o lesividad acreditada rompe los estándares internacionales de necesidad y proporcionalidad de la pena”, expresó.En términos similares, el diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) calificó la iniciativa como un ejemplo de una mala técnica legislativa y remarcó que algunas de sus disposiciones podrían favorecer una expansión excesiva de las facultades de persecución estatal.“Este es un buen ejemplo de cómo legislar con los pies.

Su versión original era tan mala que sancionaba el ocultamiento del rostro en lugares públicos, incluso sin delito. Quieren identificar a los manifestantes como delincuentes, con técnicas propias de un Estado policial, transformando una conducta ilícita en objeto de persecución penal”, explicó.A su juicio, el proyecto confunde conceptos vinculados a la seguridad pública y el orden público, asimismo de sancionar conductas que ya estarían contempladas en la legislación vigente.“Si sumamos este proyecto junto al Registro Único de Vándalos, la persecución estatal resulta francamente aterradora.

Háganse cargo del Estado policial que están construyendo. Es una visión profundamente equivocada, peligrosa y autoritaria”, agregó.Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva cuestionó especialmente las penas contempladas en algunas de las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, argumentando que podrían generar sanciones desproporcionadas respecto de determinadas conductas asociadas a desórdenes públicos.“El gobierno lo que quiere sancionar es con hasta 15 años de cárcel a quien hace una barricada.

Yo no digo que no se le sancione, pero no 15 años. Más que el homicidio y más que la violación”, apuntó.Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC) remarcó que el proyecto carece de eficacia práctica para enfrentar los problemas de seguridad y aseveró que el aumento de penas no constituye una solución comprobada para disminuir la comisión de delitos.“Es un proyecto que, desde el punto de vista jurídico, es completamente incoherente, que asimismo es desproporcionado, en el sentido de que nunca, y está demostrado, el aumento de pena hasta el infinito va a resolver algún problema, menos aún va a resolver el problema de la seguridad pública”.En ese tenor, aseveró que la propuesta “no resuelve nada, es un engaño, es una estafa, puesto que estoy muy seguro que el hecho de poner una agravante en el uso de una capucha no va a impedir que un asaltante de un banco deje de usarla ni tampoco va a impedir, por ejemplo, que no se construya un nuevo puente sobre la zanja”.Posturas a favorLos parlamentarios que respaldan la iniciativa defendieron la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentar hechos de violencia asociados a manifestaciones y desórdenes públicos.La diputada Chiara Barchiesi (Partido Republicano) remarcó que durante años grupos violentos han utilizado capuchas para cometer delitos y evadir la acción de la justicia.“Durante demasiado tiempo hemos visto cómo grupos violentos utilizan capuchas para destruir, agredir y luego evadir la acción de la justicia.

La libertad de expresión y el derecho a manifestarse deben ser protegidos, pero nunca pueden servir de excusa para la violencia”, indicó.En esa línea, destacó que países europeos como Francia, Bélgica, Dinamarca y Suiza cuentan con restricciones similares respecto del ocultamiento del rostro en determinados contextos.“La libertad exige responsabilidad y el anonimato no puede transformarse en un refugio para la violencia. Quien quiera expresar sus ideas tiene todo el derecho a hacerlo, pero quien se cubre el rostro para delinquir debe saber que enfrentará una sanción mayor”, remarcó.El diputado Javier Olivares (PDG), por su parte, vinculó el uso de capuchas con hechos de violencia ocurridos en el país y defendió una política de mayor severidad penal frente a quienes cometen delitos en manifestaciones, criticando a sus pares que se oponen a la iniciativa.“Sé que algunos criticaron duramente la técnica legislativa del proyecto y a ellos les diré sin contemplaciones que no están preparados para legislar para un Chile donde los delincuentes tengan menos derechos que los ciudadanos de bien.

No están preparados para la mano dura a la que le tienen miedo”, acusó.Desde la UDI, el diputado Daniel Lilayu argumentó que quienes planifican delitos y asimismo toman medidas para evitar su identificación demuestran una conducta especialmente reprochable, por lo que merecen sanciones más severas.“La inmensa mayoría de los chilenos quiere vivir en paz, quiere caminar tranquilo por las calles, desarrollar sus actividades sin temor y ver que las leyes se cumplen. Nuestro deber debe ser estar al lado de la familia y no del lado de quienes pretenden imponer la violencia como un método de acción política o social”, indicó.Una postura similar expresó el diputado Mauro González (RN), quien remarcó que en la actualidad existe un vacío legal en la legislación chilena respecto del ocultamiento de identidad en contextos de desórdenes públicos.“Tenemos un vacío legal en nuestra legislación penal para abordar la conducta de ocultar la identidad en el marco de desórdenes públicos.

A diferencia de otros países que consideran este hecho como un ilícito de relevancia penal, en nuestro ordenamiento solo es un indicio para realizar el control investigativo de identidad”.