Representantes de organizaciones de la sociedad civil de la región aprovecharon este lunes 22 de junio un foro celebrado en el país, en el marco de la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para advertir sobre el deterioro democrático en varios países de la región y reclamar una participación más activa en la toma de decisiones públicas. Durante el encuentro, denominado Diálogo con los Representantes de la Sociedad Civil, el Sector Privado y otros Actores Sociales, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Atlapa, advirtieron sobre la exclusión de sectores ciudadanos de los espacios de decisión, el debilitamiento institucional, la represión, las restricciones a la participación ciudadana y la persecución de defensores de derechos humanos Uno de los bloques del foro estuvo centrado en una pregunta que atraviesa en la actualidad a la mayoría de los países del hemisferio: cuáles son los principales desafíos democráticos que enfrenta la región y qué acciones pueden adoptar.

Ángela Carrillo, vocera de la Coalición Diálogos Incluyentes y representante de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (Redlad), planteó que uno de los principales problemas de la región es la exclusión de amplios sectores sociales de los procesos de toma de decisiones. Según Carrillo, la democracia enfrenta una amenaza creciente debido al cierre de espacios cívicos, el avance de tendencias autoritarias, las restricciones a las libertades fundamentales y las dificultades que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil para acceder a financiamiento. “La necesidad de ser incluidos, escuchados, visibilizados y tomados en cuenta para las decisiones es el principal desafío que enfrentamos en la actualidad”, remarcó.

Aseveró que en varios países han surgido iniciativas legales que limitan el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y reducen sus posibilidades de incidencia pública. Frente a este escenario, propuso que la OEA impulse mecanismos permanentes de diálogo hemisférico que permitan una interacción continua entre gobiernos y sociedad civil, más allá de las reuniones anuales del organismo.

Una de las intervenciones más críticas provino de Pamela Martín García, representante de la Coalición de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. La activista remarcó que la región atraviesa una “ofensiva coordinada contra los derechos humanos y la democracia”, caracterizada por el debilitamiento de instituciones públicas encargadas de promover la igualdad de género y la protección de grupos vulnerables.

Martín García argumentó que en diversos países se han impulsado medidas que restringen derechos previamente reconocidos y denunció lo que calificó como una persecución contra organizaciones y activistas vinculados a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. También alertó sobre la aprobación de normativas que, según indicó, incrementan la supervisión estatal sobre las organizaciones sociales y limitan su capacidad de actuación. “La primera señal del colapso democrático es el ataque a los derechos de las mujeres y de las diversidades”, aseveró.

Citó, por ejemplo, el desmantelamiento de la arquitectura estatal de género. “Lo vemos con la eliminación del Ministerio de las Mujeres en Argentina y de los presupuestos con perspectiva de género, un retroceso que se replica en Panamá y en Chile”, indicó. Luego de las exposiciones de las organizaciones sociales, varias delegaciones estatales replicaron a las inquietudes expuestas.

La embajadora de Guatemala ante la OEA, Claudia Escobar, indicó que la desconfianza ciudadana en las instituciones constituye uno de los principales desafíos para las democracias. Atribuyó este fenómeno a factores como la corrupción, la desinformación, la polarización política, la exclusión social y las dificultades de los gobiernos para responder a las necesidades de la población.

Escobar destacó las iniciativas impulsadas por la administración del presidente Bernardo Arévalo para fortalecer la institucionalidad democrática y promover espacios de diálogo. “Las instituciones democráticas deben garantizar derechos, pero también ofrecer resultados concretos que mejoren la vida de las personas”, expresó. Por su parte, el representante alterno de Canadá ante la OEA, Kyle Sandstrom, coincidió en que la pérdida de confianza pública constituye una amenaza creciente para la estabilidad democrática de la región.

El diplomático advirtió sobre el impacto de la corrupción, la desigualdad social y la falta de transparencia en la erosión de la credibilidad institucional. Otro de los temas del foro estuvo enfocado en las medidas necesarias para garantizar una participación efectiva de sectores que históricamente han enfrentado obstáculos para acceder a espacios de decisión.

María José Corvalán Farías, representante de la Coalición de Derechos Humanos de las Mujeres en América, remarcó que no es posible hablar de una participación democrática plena cuando persisten barreras estructurales relacionadas con la pobreza, la desigualdad y el acceso limitado a servicios básicos. Durante su exposición, denunció que las políticas de ajuste fiscal y la reducción del gasto público suelen afectar de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente en áreas como salud, educación y protección social.

La activista también cuestionó las limitaciones que enfrentan millones de mujeres para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y reclamó a los gobiernos el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos. “La participación ciudadana no puede existir plenamente cuando los derechos fundamentales no están garantizados”, indicó. Uno de los planteamientos que generó mayor consenso durante el foro fue el relacionado con la brecha entre participación e incidencia.

Jaime Ibarra, de Fundación Multitudes y vocero de la Coalición Foro Ciudadano de las Américas, afirmó que el principal problema no radica en la ausencia de mecanismos de consulta, sino en la escasa influencia que tienen las propuestas ciudadanas sobre las decisiones finales de los gobiernos. Según explicó, existen múltiples consejos consultivos, mesas de diálogo y espacios participativos en la región, pero con frecuencia los ciudadanos desconocen si sus aportes son tomados en consideración. “La ciudadanía participa, pero no sabe qué ocurre después con sus propuestas.

Cuando la participación no genera resultados visibles, la confianza se deteriora”, indicó. Ibarra también alertó sobre el impacto de la desinformación, las restricciones al acceso a la información pública y las amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos.

A su juicio, la calidad de la democracia dependerá cada vez más de la capacidad de las instituciones para escuchar y responder a las demandas ciudadanas. Otro de los temas abordados fue la participación de las comunidades migrantes y de las organizaciones de la sociedad civil que operan fuera de sus países de origen.

Ana María Díez, de la Coalición por Venezuela, remarcó que las diásporas latinoamericanas constituyen una fuente importante de conocimiento y experiencia que sigue siendo subutilizada por los gobiernos y los organismos internacionales. La activista propuso fortalecer los mecanismos permanentes de diálogo entre la sociedad civil y la OEA, armonizar los marcos legales que regulan a las organizaciones sociales y establecer indicadores que permitan medir el nivel de incorporación de las recomendaciones formuladas por estos sectores.

Durante su intervención, también agradeció a Panamá por preservar las actas y documentos relacionados con el proceso electoral en cual salió electo Edmundo González, un gesto que calificó como significativo para millones de ciudadanos de ese país. La jornada siguió con la participación de Julieta Altieri, representante de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, quien centró su discurso en la creciente desconexión entre las nuevas generaciones y las instituciones políticas tradicionales.

Altieri recordó que diversos estudios muestran una disminución del apoyo de los jóvenes a la democracia como sistema de gobierno, aunque aclaró que esta situación no debe interpretarse como apatía política. Por el contrario, remarcó que los jóvenes continúan involucrándose en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas, aunque muchas veces enfrentan persecución, criminalización o limitaciones para ejercer su activismo.

Denunció la existencia de presos políticos y restricciones al espacio cívico en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y alertó sobre el impacto que tienen la desinformación y las nuevas tecnologías en la calidad del debate público. “Los jóvenes no queremos ser invitados ocasionales a las discusiones; queremos participar en el diseño de las políticas que afectan nuestro futuro”, expresó, en medio de aplausos. El foro se desarrolló como una de las actividades paralelas de la Asamblea General de la OEA, que se celebra en Panamá del 22 al 24 de junio bajo el lema “Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros”.

La sesión de este lunes fue moderada por Isabelle Valois, secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral; Sebastián Kraljevich, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, y María Eugenia Herrera, ministra de Cultura. Contó con la participación de delegaciones oficiales de los Estados miembros, asimismo de representantes de organizaciones no gubernamentales, movimientos ciudadanos y grupos de defensa de derechos humanos.

Aunque el programa contemplaba la presencia de representantes de los trabajadores, estos no participaron.