En abril, la gigante BHP obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de su proyecto de prospección minera para reunir mayor información geológica de las áreas cercanas a Cerro Colorado, faena ubicada en la Región de Tarapacá y que está hoy en cierre temporal. La minera pretende ejecutar un total de 196 sondajes terrestres y 73 calicatas a fin de realizar futuros proyectos de Cerro Colorado.

No obstante, la iniciativa de US$ 60 millones recibió diferentes reclamaciones administrativas, provenientes de diferentes comunidades y asociaciones, a fin de invalidar la RCA aprobada recientemente. De ellas, seis fueron acogidas por la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Uno de los reclamos, que fue admitido a trámite, lo hizo la Comunidad Indígena Aymara de Parca, quien reclamó que desde las primeras etapas del proceso de participación ciudadana argumentó que el área de influencia de las comunidades a Cerro Colorado “era insuficiente para caracterizar adecuadamente la realidad territorial, cultural, espiritual y productiva de los grupos humanos indígenas vinculados al territorio afectado por el proyecto”. La comunidad aseveró en su reclamo que “lo que verdaderamente se encuentra en discusión es si el Estado de Chile, a través de sus órganos ambientales, podía válidamente aprobar mediante una Declaración de Impacto Ambiental un proyecto de prospección minera emplazado en un territorio indígena ancestral, cuando durante toda la evaluación ambiental existieron observaciones técnicas, comunitarias e institucionales”.

La modificación al “Proyecto Continuidad Operacional Cerro Coloradoes mediante la incorporación de plataformas de prospección para sondajes mineros, estudios geotécnicos e hidrogeológicos y calicatas” tiene por objetivo reducir la incertidumbre geológica del área de interés minero, caracterizar los niveles y la calidad del recurso hídrico que está en el área subterránea de Cerro Colorado y determinar mayor información del suelo. Otra reclamación fue realizada por la Comunidad Aymara de Macaya, quienes alegan que fueron excluidos “del Área de Influencia del componente medio humano, bajo el supuesto de que la distancia existente entre la localidad y las obras sometidas a evaluación resultaba suficiente para descartar una relación ambientalmente relevante con el proyecto”.

Esta comunidad sostiene que “lo verdaderamente relevante es que dicha delimitación se mantuvo sustancialmente inalterada aun cuando el procedimiento inició a proporcionar antecedentes que cuestionaban las premisas sobre las cuales había sido construida. De este modo, la evaluación continuó desarrollándose sobre una base territorial insuficiente, generando una distorsión que terminaría proyectándose sobre la totalidad de las decisiones posteriores adoptadas por la autoridad ambiental”.

En tanto, la Comunidad Indígena Territorial Quechua De Quipisca declaró que el proyecto debió ser presentado como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no como una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por “la afectación a la fauna de baja movilidad, a la flora en categoría de conservación y a los recursos naturales del territorio”.