La Unión Europea quiere endurecer sus leyes contra los abusos y la explotación sexual de menores, algo especialmente urgente en una época de grandes y rápidos avances tecnológicos que, en las manos equivocadas, facilitan estos delitos contra una de las partes más vulnerables de la población. La Eurocámara y el Consejo, es decir, los Estados, han llegado a un acuerdo provisional —todavía tiene que ser ratificado por las dos partes— para incrementar la lista de delitos, establecer normas claras sobre la cuestión del consentimiento, aumentar las penas y, a la par, fijar los plazos de prescripción, que se amplían hasta los 32 años a partir de que la víctima cumple la mayoría de edad para los delitos más graves, como la violación.Seguir leyendo