La Contraloría de Bogotá descubrió que 1.315 niños fueron atendidos al tiempo por el Distrito y el ICBF entre 2024 y 2025. Varios exsubdirectores de Integración Social están bajo la lupa por fallas graves de control.1.315 niñas y niños fueron atendidos simultáneamente por la Secretaría Distrital de Integración Social y el ICBF durante 2024 y 2025.Secretaría de Integración La Contraloría de Bogotá abrió formalmente un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los COP 2.603 millones de pesos en la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

Luego de un detallado análisis de bases de datos, el organismo de control descubrió que 1.315 niños y niñas de la ciudad recibieron de forma simultánea atención integral por parte del Distrito y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), generando una duplicidad de pagos con recursos públicos que violó las normas vigentes de asignación de subsidios.Le puede interesar: Triunfo de Iván Cepeda en Bogotá fue insuficiente para superar a Abelardo De la EspriellaEl hallazgo fiscal advierte que el desorden administrativo que derivó la alerta se agudizó con el paso de los meses. Mientras que en el año 2024 se detectaron 339 casos de atención concurrente, para el año 2025 la cifra se disparó a 976 menores en doble condición de beneficiarios.

De acuerdo con la Contraloría, ambas entidades ejecutaron de forma paralela programas con poblaciones objetivo, componentes de nutrición y metodologías de desarrollo integral similares, lo que contraviene la normatividad legal que impide que un mismo menor reciba atención financiada por dos entidades del Estado al mismo tiempo.Hueco fiscalDe acuerdo con el análisis técnico y financiero realizado por el organismo de control, el presunto daño fiscal se indexó de la siguiente manera:Vigencia 2024: Más de COP1.025 millones.Vigencia 2025: Más de COP1.122 millones.Monto total bajo investigación: Superior a los COP 2.603 millones.La denuncia de la Contraloría apunta directamente a “fallas graves” en los filtros y mecanismos de seguimiento de la Secretaría de Integración Social, entidad que presuntamente omitió la verificación oportuna de sus bases de datos para comprobar si los beneficiarios ya estaban inscritos en el sistema nacional. Según el ente de control, la SDIS no aplicó de manera efectiva instrumentos fundamentales de validación como la Resolución 218 de 2023 (que define las reglas de los servicios sociales), el Portafolio de Servicios institucional y los protocolos internos de verificación.Debido a que esta omisión permitió que la irregularidad se mantuviera activa durante dos años consecutivos, la actuación fiscal vincula formalmente a varios funcionarios que se desempeñaron como subdirectores para la Infancia de la Secretaría de Integración Social, quienes tenían la responsabilidad legal de garantizar el control, monitoreo y correcta ejecución de estos rubros.Más allá del impacto monetario en el erario, el componente más grave de la denuncia es el costo de oportunidad social para la niñez más vulnerable de la capital.

Diego Samudio Caballero, subdirector de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, fue enfático en señalar la gravedad ética del hallazgo: “Esta situación no solo compromete recursos públicos, sino que limita la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia. Cada cupo utilizado de manera duplicada representa una oportunidad menos para muchos niños”.

Frente a este escenario, el organismo autónomo advirtió que mantendrá una vigilancia estricta sobre estos fondos sensibles para asegurar que se protejan los derechos de la población infantil de la ciudad.Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.