El Gobierno avanzó con una autorización clave para buscar financiamiento en el exterior por hasta u$s 5000 millones, a través de préstamos garantizados por organismos multilaterales de crédito aprobados por el Banco Mundial y el BID la semana pasada. La operación apunta a cubrir vencimientos de deuda de comienzos de julio, que rondan los u$s 4500 millones.

Según indicaron fuentes cercanas a la operación luego de la operación de los organismos internacionales, Economía debe asegurar los fondos en las próximas semanas, de cara al pago del 8 del próximo mes.La estrategia quedó formalizada mediante el Decreto 478/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.Según el decreto, el objetivo es “reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional” mediante operaciones denominadas en dólares con entidades financieras internacionales “de reconocida trayectoria”. Se trata de préstamos sindicados que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -por u$s 550 millones, que implican u$s 1250 millones- y el Banco Mundial, por u$s 2000 millones.La autorización habilita al Ministerio de Economía, a través de las secretarías de Hacienda y Finanzas, a avanzar con préstamos por hasta US$ 5000 millones.

Ese monto permitirá cubrir los compromisos de deuda que vencen a principios de julio, por aproximadamente US$ 4500 millones, y reforzar el margen financiero del Tesoro.Bajo ley de Nueva YorkEl decreto faculta al Gobierno a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York, una práctica habitual en operaciones de financiamiento internacional. También autoriza la renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción, aunque aclara que no implicará renuncia a la inmunidad de ejecución sobre activos sensibles del Estado argentino.

La emisión bajo ley de Nueva York y otras jurisdicciones extranjeras disparó juicios contra el Estado luego de el default, en particular de mano de los fondos buitre, donde el Gobierno todavía debe pagar en algunos frentes abiertos a 25 años del default de 2021. Pese a eso, el equipo económico considera que la inclusión de la ley extranjera es clave para cumplir con las reglas del mercado.Entre los bienes protegidos, la norma menciona las reservas y cuentas del Banco Central, bienes de dominio público, activos afectados a servicios públicos esenciales, bienes diplomáticos, militares, culturales, impuestos y regalías, asimismo de cualquier bien declarado inembargable por ley.Condiciones financierasLa resolución también habilita a Economía a definir las condiciones financieras de la operación, los plazos, monedas, métodos y procedimientos, así como a designar bancos internacionales, agentes fiscales, de pago, registro, cálculo, custodia, calificadoras de riesgo y otros participantes necesarios.

Economía debe dar a conocer todavía esa hoja de ruta prometida.Asimismo, el decreto permite el pago de comisiones, honorarios y gastos vinculados con la operación, siempre que estén “en condiciones que sean acordes con los estándares del mercado de capitales internacionales”.La estrategia forma parte del intento oficial de despejar el calendario de vencimientos de corto plazo sin recurrir a una emisión tradicional. Caputo sostiene que están cubiertos los vencimientos de deuda hasta 2027 de la mano de una estrategia que incluye estos préstamos garantizados, los ingresos por privatizaciones y las licitaciones para captar dólares en el mercado local.Los vencimientos hasta fin de mandato llegan hasta los u$s 30.000 millones, según explicó El Cronista.

Al contar con garantías parciales de organismos multilaterales, el Gobierno busca mejorar las condiciones de acceso al crédito y reducir la tasa que debería pagar en el mercado internacional. Según indicó el funcionario, esa tasa podría rondar el 6,5% mientras que pese a la baja del riesgo país, salir al mercado puede rondar entre el 9 y 10%.El gasto asociado a la operación será imputado a la Jurisdicción 90, correspondiente al Servicio de la Deuda Pública.