El frente judicial de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo de tensión mediática y contable. Matías Tabar, el contratista responsable de las ambiciosas reformas en la propiedad que el jefe de Gabinete posee en el exclusivo country Indio Cuá, rompió el silencio para aclarar su situación ante la Justicia y los organismos de control.A pesar de haber recibido una reciente notificación de ARCA (el organismo que reemplazó a la AFIP), Tabar intentó bajarle el tono a la polémica.

El constructor calificó como “normal” la intimación y descartó de plano que existan “aprietes” por parte del funcionario libertario o del entorno presidencial durante una entrevista con Radio Con Vos.Una cifra que no cierra: la contradicción entre Adorni y el constructorEl punto más crítico del testimonio de Tabar radica en el valor de las refacciones. Mientras que, en un intento por minimizar el impacto público, Manuel Adorni había relativizado los montos destinados a su vivienda, el contratista fue tajante ante la Justicia: la inversión total ascendió a u$s 245.000.Para Tabar, este monto es “lógico” considerando la envergadura de los trabajos realizados.

No obstante, esta ratificación deja al Jefe de Gabinete en una posición incómoda, ya que expone una discrepancia directa entre el discurso oficial del funcionario y la realidad de los servicios prestados en el country de la zona norte bonaerense.La lupa de ARCA sobre el patrimonio de TabarLa situación fiscal del contratista también quedó bajo el radar del nuevo ente recaudador. ARCA le otorgó a Tabar un plazo de 10 días para presentar una justificación detallada de su patrimonio y su situación fiscal.

Esta medida surge como una derivación directa de la causa que investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, donde se pone el foco en el posible manejo de grandes sumas de dinero en efectivo para financiar la obra.“Soy autónomo desde hace más de 20 años”, se defendió Tabar, argumentando que las notificaciones del ente recaudador son procedimientos habituales cuando se detectan irregularidades que deben ser subsanadas. Para el constructor, vincular este trámite burocrático con una presión directa del jefe de ministros sería “descabellado”.