Colombia vota este domingo en una elección que puede redefinir su rumbo político, económico y diplomático. El país decide si mantiene la senda abierta por la izquierda desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022 o si gira hacia una propuesta conservadora y de seguridad reforzada encabezada por Abelardo de la Espriella, un abogado y empresario que ha construido su campaña alrededor de la confrontación con las guerrillas, la reducción del Estado y la cercanía con Donald Trump.

Las urnas permanecen abiertas entre las 13:00 y las 21:00 GMT. El relevo presidencial se produce en un contexto particularmente complejo: una escalada de violencia atribuida a grupos armados, atentados con explosivos, ataques con drones y el asesinato de un candidato presidencial han devuelto al debate público el deterioro de la seguridad y la fragilidad del proceso de paz.

La pregunta que domina la jornada es sencilla, pero sus implicaciones son profundas: ¿continuidad del proyecto progresista o un giro hacia la derecha de corte punitivo y liberal en lo económico? Las encuestas anticipan una contienda ajustada.

De un lado se encuentra Abelardo de la Espriella, abogado de 47 años conocido por su discurso contra las guerrillas y por sus duras críticas al actual Gobierno. El candidato, que se presenta como “El Tigre”, propone una ofensiva militar contra los grupos armados, una reducción del tamaño del Estado, la expansión de la explotación petrolera y medidas económicas de corte liberal.

Del otro lado aparece Iván Cepeda, senador de 63 años, filósofo y una de las figuras más representativas de la izquierda colombiana. Cercano al presidente Petro, ha sido un defensor histórico de las víctimas del conflicto armado y uno de los principales impulsores de la política de “paz total”, aunque ha manifestado disposición a revisar algunos de sus alcances.

La disputa electoral trasciende a los candidatos. Se trata de dos diagnósticos opuestos sobre Colombia.

Para los sectores que respaldan a De la Espriella, la inseguridad y el fortalecimiento de los grupos armados son consecuencia del fracaso de las negociaciones impulsadas por el Gobierno. Para quienes apoyan a Cepeda, las políticas sociales y la reducción de la desigualdad deben consolidarse antes de abandonar los intentos de negociación.

La firma del acuerdo con las FARC en 2016 permitió una reducción significativa de la violencia en distintas regiones del país. No obstante, una década después, la presencia de disidencias, grupos criminales y organizaciones armadas ha reactivado la preocupación ciudadana.

El deterioro de la seguridad se convirtió en el principal combustible electoral. En ciudades como Barranquilla, Bogotá o Medellín, muchos votantes expresan temor ante el aumento de la violencia y reclaman respuestas inmediatas.

De la Espriella ha prometido una ofensiva de 90 días contra las organizaciones armadas, con apoyo internacional y una política de seguridad basada en operaciones militares más agresivas. El candidato se opone a las negociaciones impulsadas por el Gobierno y sostiene que la prioridad debe ser la derrota de los grupos ilegales.

Cepeda, por su parte, defiende la necesidad de mantener canales de diálogo, aunque reconoce la necesidad de revisar las estrategias implementadas durante la administración Petro. Su discurso insiste en la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la protección social y la atención a los territorios históricamente afectados por el conflicto.

La elección también funciona como un referéndum sobre la gestión de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia contemporánea de Colombia. Durante su mandato, el Gobierno impulsó incrementos del salario mínimo, programas sociales y políticas orientadas a reducir la desigualdad.

Sus partidarios destacan la disminución de algunos indicadores de pobreza y la recuperación del empleo. No obstante, sus críticos señalan que la estrategia de negociación con grupos armados produjo resultados limitados y permitió que algunas organizaciones fortalecieran su presencia territorial.

Petro no puede aspirar a la reelección debido a las restricciones constitucionales. Su capacidad de trasladar apoyo electoral a Iván Cepeda se ha convertido en uno de los factores decisivos de la segunda vuelta.

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos también aparecen en juego. El país ha sido históricamente uno de los principales aliados de Washington en América del Sur.

Durante décadas, la cooperación en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra el narcotráfico ha definido buena parte de la relación bilateral. La irrupción de Donald Trump en el escenario político estadounidense añadió un nuevo componente a la campaña colombiana.

De la Espriella ha manifestado afinidad con posiciones cercanas al trumpismo y plantea fortalecer esa relación. Cepeda, en cambio, ha defendido una política exterior más autónoma y ha rechazado cualquier subordinación a Washington.

El debate refleja asimismo la polarización política que atraviesa a buena parte de América Latina, donde conviven gobiernos de izquierda y administraciones conservadoras con proyectos ideológicos cada vez más enfrentados. La candidatura de De la Espriella ha alterado el panorama electoral colombiano.

Su estrategia combina una fuerte presencia mediática, el uso intensivo de herramientas digitales e inteligencia artificial, una narrativa empresarial de éxito y un discurso centrado en la seguridad. Para algunos analistas, el candidato conecta con una ciudadanía cansada de la inseguridad y de la percepción de estancamiento institucional.

Para otros, representa una propuesta de fuerte polarización que puede profundizar las divisiones existentes. Entre sus propuestas destacan la flexibilización del porte de armas, la construcción de grandes centros penitenciarios, la explotación de hidrocarburos mediante fracking, la reducción del gasto estatal y la posibilidad de discutir una eventual dolarización de la economía.

Sus detractores cuestionan sus declaraciones sobre temas de género y diversidad, así como su historial profesional como abogado de figuras vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico.