En el documento, la organización que representa a cerca de 17 mil víctimas de la mafia de los pagarés, sostiene que los principios constitucionales son vulnerados de manera sistemática por un esquema judicial que, según afirman, permite la ejecución de pagarés presuntamente adulterados, duplicados o incluso cancelados, sin que los afectados tengan una posibilidad real de ejercer su defensa. “La Constitución ha sido vaciada de contenido y asesinada de forma sistemática”, señala el comunicado, en el que cuestionan el funcionamiento de los tribunales y denuncian la existencia de una estructura procesal que favorece sentencias rápidas en perjuicio de trabajadores y jubilados. Lea más: La “mafia de los pagarés” despoja a sus víctimas más de US$ 92 millones La Coordinadora atribuye una responsabilidad central a la Corte Suprema de Justicia por lo que considera una falta de control sobre los hechos denunciados en el marco del escándalo conocido como “mafia de los pagarés”.

Según el pronunciamiento, la ausencia de auditorías profundas, la falta de sanciones ejemplares y las respuestas consideradas insuficientes frente a las denuncias constituyen una forma de “complicidad por omisión”. Los afectados sostienen que la máxima instancia judicial ha fallado en su deber de garantizar el respeto de los derechos constitucionales y de impedir que continúen las supuestas irregularidades detectadas en múltiples procesos ejecutivos.

El comunicado hace principal referencia al derecho a la defensa en juicio, garantizado por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Para la Coordinadora muchas ejecuciones se habrían llevado adelante sin conocimiento efectivo de los demandados debido a presuntas falsificaciones de notificaciones y a la concentración de causas de personas del interior del país en juzgados de Asunción y Central.

A criterio de la organización, estas prácticas generan obstáculos geográficos e institucionales que impiden a los ciudadanos ejercer una defensa efectiva frente a las demandas promovidas en su contra. El documento también invoca el artículo 106 de la Constitución Nacional, que establece la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por sus funcionarios.

Los firmantes y representantes de la Coordinadora, Pedro Coronel y Gabriela Sanabria sostienen que el desvío de salarios mediante resoluciones judiciales cuestionadas representa una grave ruptura de la obligación estatal de garantizar justicia y protección a los ciudadanos. Lea más: “Nos están dejando en la calle”: víctimas de la mafia de los pagarés convocan a una movilización En ese contexto, afirman que miles de personas afectadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y sin respuestas satisfactorias por parte de las instituciones públicas.

La Coordinadora de Víctimas de la “mafia de los pagarés” culmina su pronunciamiento con un llamado a la ciudadanía, gremios docentes, asociaciones de jubilados y organizaciones civiles para mantener una movilización permanente. Asimismo, exige al Congreso Nacional activar los mecanismos previstos en el artículo 225 de la Constitución para promover el juicio político contra quienes consideran responsables de la falta de control sobre las irregularidades denunciadas.

Asimismo, reclaman la aprobación urgente de proyectos de ley destinados a impedir la retención indebida de títulos de crédito y evitar que nuevos casos similares sigan afectando a trabajadores y jubilados. “Hoy (por el sábado) no celebramos; hoy nos atrincheramos en la resistencia pacífica pero firme para revivir el espíritu de nuestra Constitución Nacional”, concluye el comunicado difundido por la organización.