El submundo criminal, históricamente violento, no carecía de estructura. Durante décadas, la “vieja guardia” delictiva operó bajo leyes no escritas, pero rigurosamente respetadas: el valor de la palabra, el respeto por la familia de los rivales, el acatamiento de las jerarquías y límites territoriales claros.

Había una lógica de preservación; el delito era un oficio oscuro con reglas. Ese tejido se ha disuelto.

La irrupción de la Generación Z en el escenario delictivo global ha provocado un quiebre sociológico inédito, marcado por un individualismo absoluto y un nihilismo rampante. Para este nuevo perfil de infractor, las leyes del Estado y los códigos de honor del hampa son igualmente invisibles e irrelevantes.

Actúan desde un desinterés sistémico, convencidos de que las reglas de convivencia no fueron creadas para ellos. Esta anomia se palpa con crudeza en el asfalto.

Las alarmantes olas de muertes violentas que sacudieron a Panamá y a diversas latitudes de América y Europa entre marzo y mayo son el síntoma inequívoco de una juventud que ejecuta con una frialdad inédita, desprovista de frenos morales. El reflejo inmediato de esta mutación ocurre en los centros penitenciarios, convertidos en ollas a presión de microanarquías.

En los penales tradicionales, los liderazgos veteranos imponían un orden que garantizaba la estabilidad interna. El recluso Gen Z sabotea esa pirámide: desprecia la veteranía y desafía las treguas movido por impulsos inmediatistas.

La reclusión ya no jerarquiza criminalmente, sino que se ha convertido en un escenario volátil donde la violencia estalla por motivos banales. Nada ejemplifica mejor este desprecio que la masiva fuga de 194 privados de libertad de La Joyita, en Panamá.

Este escape no respondió a la planificación meticulosa y silenciosa de las mafias de antaño; fue un desafío frontal, masivo y desordenado, protagonizado por internos de perfil centennial. Al evadir los controles con una audacia desapegada de las consecuencias a largo plazo, demostraron que los muros y las penas judiciales carecen de peso psicológico en su estructura mental.

Escapan del propio concepto de castigo, listos para volcar esa impulsividad de vuelta en el tejido social. Al trasladarse a las calles, las consecuencias se traducen en una preocupante banalización del daño.

Sin los filtros morales que antes prohibían atacar a civiles inocentes, ancianos, niños o escuelas, el delito se vuelve puramente utilitario. Las ejecuciones a plena luz del día y las balaceras en zonas residenciales exponen una conducta desalmada.

Un asalto o un ajuste de cuentas hoy se comete con una pasividad estremecedora, casi con aburrimiento. No hay búsqueda de reputación criminal a largo plazo, sino un simplismo inmediato: matar o herir es un trámite plano para conseguir un recurso efímero o resolver una disputa insignificante.

A escala internacional, las agencias de inteligencia observan este quiebre con profunda preocupación. Las mafias transnacionales tradicionales operaban bajo dinámicas corporativas y medían el impacto político de sus atentados para no desestabilizar sus negocios multimillonarios.

La Generación Z criminal, por el contrario, se mueve de forma atomizada por el beneficio instantáneo y el estatus volátil. Sin códigos fijos ni lealtades de palabra, las traiciones masivas y la violencia extrema ocurren por motivos nimios.

El mapa criminal global se ha vuelto líquido e inmune a la disuasión tradicional. El gran dilema del siglo XXI radica en que las herramientas del Estado —marcos legales, códigos penales y mecanismos de prevención social— fueron diseñadas bajo la premisa de que el infractor es un sujeto racional que comprende conceptos fundamentales como la culpa, el castigo y la redención.

Frente a una generación que opera desde el desapego absoluto y la total falta de respeto por la autoridad, el aparato institucional queda obsoleto. El verdadero desafío de los gobiernos ya no es aumentar el pie de fuerza policial o construir cárceles de máxima seguridad; el reto es descifrar cómo contener y procesar judicialmente a una masa delictiva juvenil que ha desconectado por completo su brújula moral del resto de la humanidad.

El autor es comisionado de Policía Nacional (R).