El trascendido de un informe preliminar elaborado por Contraloría en el que indaga acerca del ingreso de ciudadanos haitianos entre enero y abril de 2025 ha generado justificada preocupación en la ciudadanía y también a nivel político, no solo por las aparentes descoordinaciones entre diversas entidades para un apropiado chequeo de los antecedentes de quienes estaban ingresando al país, sino particularmente por el alto número de niños y adolescentes que ingresaron bajo el supuesto de reunificación familiar, y cuyo paradero en varios casos hasta aquí se desconoce, lo que ha abierto todo tipo de especulaciones. El propio reporte del ente contralor da cuenta de que en visitas llevadas a cabo en terreno varios no pudieron ser ubicados en los domicilios declarados, consignando una serie de situaciones que rompen la trazabilidad.

Resulta acertado por lo mismo que la Fiscalía haya abierto una investigación, dado que en esta fase no es posible descartar la existencia de potenciales delitos, y por supuesto será necesario despejar las responsabilidades que al propio Estado le puede caber en una situación que a lo menos parece sugerir desorden o desprolijidad en un ámbito tan sensible como la migración.Los antecedentes que se han ido conociendo con el correr de los días llevan a preguntarse por qué en su momento no se levantaron alertas mucho más enérgicas por parte de las distintas instituciones, considerando que había múltiples indicios de hechos irregulares. Por de pronto, sorprende que estos viajes se realizaran en diferentes vuelos tipo “chárter” -todavía no hay claridad de cómo se financiaron dichos viajes-, y que en cada uno de ellos viajara una alta proporción de menores de edad, lo que de suyo debió haber llamado la atención.

También se ha podido establecer que había un reducido número de adultos a cargo de estos grupos -hasta aquí se ha identificado a un total de 12 personas que entre mayo de 2024 y septiembre de 2025 presentaron de manera habitual ingresos al país como adultos responsables de menores haitianos, uno de los cuales llegó a estar a cargo de 34 de ellos-, lo que aparentemente no despertó mayores interrogantes. Asimismo, tampoco se ha podido justificar cómo fue posible que tres menores pudieran ingresar a pesar de que quien los recibiría en nuestro país había fallecido tiempo antes.En su informe preliminar la Contraloría da cuenta de una falta de coordinación entre el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la PDI y la Subsecretaría de la Niñez para enfrentar la llegada de estos menores, acusando falta de protocolos o de mecanismos oportunos de intercambio de información.

La PDI ha indicado que todos los menores ingresaron con su documentación al día, pero debe aclararse entonces por qué el reporte del ente contralor indica que se detectaron discrepancias entre los registros de la PDI y el Servicio de Migraciones, porque de ser efectivo es evidente que ello dificulta contar con una buena trazabilidad. Por su parte, el papel que en todo este tiempo han jugado la Subsecretaría o la Defensoría de la Niñez aparece muy deslucido, lo que es sorprendente porque su tarea es velar justamente por la integridad de los menores de edad, ante lo que no faltarán las voces que pondrán en cuestión la razón de ser de dichas instituciones.Medular resulta despejar el papel que le correspondió desempeñar al Servicio Nacional de Migraciones y a su director de entonces, precisamente porque se trata del organismo especializado en materia migratoria y que debería estar en mejor pie para alertar de situaciones anómalas.

Su exdirector ha señalado que ya en 2023 elevó alertas por un eventual tráfico de personas haitianas vinculados a estos vuelos. De lo que se ha conocido hasta aquí, no parece haber existido mayor empeño del Sermig en preocuparse por despejar el curso que siguieron sus propias denuncias; tampoco resulta entendible que en 2024 el servicio haya flexibilizado los requisitos para la presentación de documentos migratorios en el caso de los haitianos, más aún cuando en 2025 el organismo tuvo que suspender el otorgamiento de visas de reunificación para dichos ciudadanos, producto de una serie de situaciones irregulares.

Será necesario despejar si estas flexibilizaciones pudieron haber facilitado o alentado ingresos irregulares al país, como asimismo deberá verificarse en qué condiciones se otorgaron las visas de reunificación.La reacción del gobierno frente a los hechos conocidos ha sido oportuna, convocando a los distintos poderes del Estado y creando una fuerza de tarea cuyo primer objetivo es dar con el paradero de todos los menores. Algunos de ellos han ido apareciendo, gracias a gestiones de la PDI y de los municipios.

Con todo, es preciso mantener el sentido de urgencia, porque en esta fase no es posible descartar que algunos de estos menores hayan podido ser objeto de delitos, tomando en consideración que en el pasado reciente fue desbaratada una banda dedicada al tráfico ilícito de migrantes.Si bien los antecedentes conocidos son en principio preocupantes, también es necesario mantener el sentido de la responsabilidad, evitando sobredimensionar los hechos o caer en la tentación de imputar delitos cuando las investigaciones recién están comenzando y todavía resta por conocerse el informe definitivo de Contraloría. Los partidos y dirigencias políticas también deben ser conscientes sobre lo inconveniente que resultaría que una materia tan delicada como esta termine convirtiéndose en un asunto de trinchera, por lo que deberían centrarse en asegurar el buen funcionamiento institucional y en ayudar a despejar con total transparencia las interrogantes que ha dejado este lamentable episodio.