Hasta la mañana del viernes, cuando diversas instituciones empezaron a dar noticias a la PDI acerca de la ubicación de parte de los 105 niños haitianos ingresados en el primer cuatrimestre del 2025 y aparentemente “perdidos”, el caso estaba en camino de convertirse en el principal asunto del gobierno. Al correr de las horas, las informaciones estaban mostrando que se trataba, más bien, de desorden administrativo, registros deficientes, descuidos varios del Estado, incluyendo las horas que fueron necesarias para dar con su paradero.

Que el Estado chileno tenga descuidos es como una antinoticia. Para los chilenos, ninguna novedad.

Aún no se puede descartar la presencia de delitos gravísimos en la extraña situación que han vivido estos niños, pero los peores ya parecen superados. Antes de saber eso, el Presidente Kast había designado a la ministra María Jesús Wulf al frente de una “fuerza de tareas” (otra) y convocado a “los poderes del Estado” a una reunión en La Moneda para tratar el caso, el rango que sólo se le da a una emergencia catastrófica.

Se preparaba para una batalla grande, de las más grandes.¿Lo era? Para entender la posición del gobierno, hay que volver a asomarse a sus bases doctrinarias, trabajo que no se han dado ni sus partidarios más fofos ni sus opositores más vocingleros.

Sí se lo dieron, en estos días, Aldo Mascareño, Juan Rozas, Pablo Henríquez y Fabián Belmar, investigadores del CEP que analizaron los conceptos dominantes de la Cuenta Pública del 1 de junio.Este discurso fue el segundo más largo de todos los que han inaugurado nuevos gobiernos desde 1990 (el anterior fue el de Aylwin). Según notan los investigadores del CEP, también fue el primero que puso en el primer lugar de sus prioridades el problema de la seguridad, dejando atrás los del sistema político y la inversión y el desarrollo, que habían ocupado alternadamente el protagonismo en los ocho gobiernos anteriores.

De modo que, también en el sentido de Aylwin, hubo en este discurso una clara inclinación a marcar un rumbo nuevo, un rumbo inaugural.Se puede alegar que no es nuevo que la seguridad sea prioritaria en un gobierno de derecha. Es verdad.

Pero no fue tan prioritaria en dos gobiernos de Sebastián Piñera y tampoco ocupó el primer lugar en las promesas de otras candidaturas de derecha. Peor aún, su presencia en los discursos anteriores de Kast tampoco era tan fuerte: llegaba al 18% de menciones; en la Cuenta subió a 27%.

De ese modo se tradujo el esfuerzo por reparar la erosión producida con las ambigüedades de la entonces ministra Trinidad Steinert. Dicho de otra manera, para el 1 de junio el presidente ya estaba obligado a pasarse de largo.Mascareño et al detectan que Kast hizo un esfuerzo por transmitir que el gobierno se propone encarar el problema de la seguridad a través de una combinación de coordinación institucional, despliegue territorial y vigilancia tecnológica.Las ideas legitimadoras de la acción del gobierno -en seguridad y en otros campos- son la familia y el esfuerzo.

Es, pues, el despliegue de la doctrina conservadora en su versión actualizada. Buscando una coherencia que se remonta a la primera mitad del siglo XX, algunos se han preguntado cómo es esto compatible con una conducción económica liberal, distante de las políticas de protección, fomento y promoción que fueron clásicas de los gobiernos conservadores.

Pero esa interrogante, en verdad, fue respondida durante la dictadura, cuyos economistas forzaron (con éxito) la conversión de la economía desarrollista hacia un modelo de ventajas competitivas.Si no lo fue entonces, no parece imposible ni extraño que Kast considere perfectamente compatibles la restauración conservadora de los valores tradicionales con la privatización intensiva de la gestión económica, excepto en aquello en que el Estado sea indispensable para garantizar la primacía de la familia y el esfuerzo. Esto puede hacer más compleja la administración de la coalición política que lo acompaña en el gobierno, siempre y cuando los principales líderes de esa coalición hubiesen comprendido enteramente la doctrina del presidente.

Lo que no se puede dar por seguro.Si los niños haitianos se hubiesen convertido en la catástrofe moral que parecía en las primeras horas de las denuncias, el gobierno habría visto tocadas todas las cuerdas de su sistema ético-político: familia, niños, instituciones, funcionarios. Habría sido una tempestad, acaso la segunda manera de arrancar el motor del nuevo Ejecutivo.

Y a muchos les habría servido, quizás, para entender por fin de qué se trata este gobierno. Se salvaron.