La preocupación por diversas clases de fraudes que perjudican a compañías de diferentes rubros fue el impulso para el desarrollo de una jornada que unió a quienes investigan esos hechos tanto desde el campo público como en el sector privado. El avance de organizaciones dedicadas a cometer fraudes contra compañías aseguradoras, junto con investigaciones que ya acumulan cientos de siniestros presuntamente falsos y decenas de imputados, encendió las alarmas en el sector y motivó un acercamiento entre las aseguradoras y el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires para fortalecer la detección y persecución de esa clase de delitos.El procurador general de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, resaltó la necesidad de que los fiscales se mantengan actualizados frente a un delito que adopta múltiples variantes y que avanza frente a la aparición de cada nueva herramienta tecnológica.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), Aldo Álvarez, destacó la iniciativa impulsada la asociación que lidera y el Ministerio Público bonaerense, organismo que tiene un peso trascendente en las investigaciones de estos delitos, ya que en la provincia de Buenos Aires se concentra la mayoría de los fraudes denunciados por las aseguradoras. “El delito de fraude al seguro no es fácil de investigar porque requiere que los fiscales conozcan muy bien el mercado asegurador y los contratos”, resumió Francisco Pont Vergés, secretario de Policía Criminal Coordinación Fiscal e Instrucción Penal y uno de los oradores en la jornada que reunión a más de 130 especialistas en fraudes, directivos de compañías de seguros, liquidadores de siniestros, abogados y representantes de la Justicia bonaerense, quienes coincidieron en que las maniobras se volvieron cada vez más complejas y generan pérdidas millonarias para el sistema.Desde el Ministerio Público señalaron que uno de los principales desafíos es que las investigaciones requieren conocimientos técnicos específicos sobre el funcionamiento de los seguros, las coberturas y los contratos, un aspecto que muchas veces dificulta la detección temprana de las estafas.La dimensión del fenómeno quedó expuesta a través de distintas investigaciones en curso. Una de ellas involucra alrededor de 900 siniestros presuntamente fraudulentos vinculados a seguros colectivos por incapacidad, mientras que otra permitió identificar a 130 personas acusadas de integrar una organización dedicada a defraudar compañías aseguradoras mediante la presentación de reclamos falsos.“Una organización delictiva había encontrado una falla en la redacción de los contratos de seguros colectivos de incapacidad total, permanente e irreversible.

Tuvimos que aprender mucho de seguros para avanzar, mientras cruzábamos información y hacíamos investigaciones patrimoniales paralelas y fue fundamental para el avance la colaboración que nos prestaron las aseguradoras. Se hizo una muy buena investigación, desde distintos enfoques, con equipos multidisciplinarios”, explicó Juan Manuel García Blanco, director general de la Policía Judicial.En este último expediente ya existen 100 imputados y 26 procesados por asociación ilícita, según explicó el fiscal Claudio Oviedo durante el encuentro.La preocupación también fue compartida por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Su titular, Guillermo Plate, advirtió que el fraude constituye uno de los delitos económicos más relevantes a nivel mundial y citó estadísticas internacionales que estiman que entre el 3% y el 10% de los reclamos presentados ante aseguradoras contienen algún componente fraudulento.Para las compañías, el impacto trasciende las pérdidas económicas directas. Según explicaron representantes del sector, estas maniobras afectan la sustentabilidad del sistema y terminan generando mayores costos operativos que, en última instancia, repercuten sobre los asegurados.Frente a este escenario, la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) y el Ministerio Público bonaerense avanzaron en un esquema de cooperación destinado a mejorar la capacitación de fiscales e investigadores en materia aseguradora.La iniciativa contempla programas específicos de formación sobre el funcionamiento del mercado, los distintos tipos de coberturas y las modalidades de fraude más frecuentes, con el objetivo de dotar a los investigadores de mayores herramientas para abordar expedientes cada vez más sofisticados.Tanto fiscales como aseguradoras coincidieron en que la colaboración entre ambos sectores permitió avances significativos en investigaciones recientes y consideran que el intercambio de información, el análisis conjunto de casos y la capacitación especializada serán herramientas centrales para combatir un fenómeno que preocupa cada vez más a toda la industria.