El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cambiado esta semana dos mensajes que hasta ahora había repetido con insistencia. El primero, que no habría adelanto electoral y que la legislatura llegaría hasta el final.

El segundo, que no presentaría nuevos Presupuestos para 2026 y se centraría ya en preparar los del año que viene. En apenas tres días, el líder socialista ha matizado ambas posiciones: ha dejado de cerrar por completo la puerta a un anticipo de los comicios y ha asegurado que el Ejecutivo presentará unas nuevas cuentas este año.El cambio de discurso llegó este viernes en Bruselas, luego de la reunión del Consejo Europeo.

"Presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas", indicó, sin concretar mucho más.

De hecho, se limitó a señalar que su ambición sigue siendo que la legislatura dure cuatro años, pero reconoció que "la realidad es muy dinámica".La declaración supone un cambio de marco respecto a lo que el propio Sánchez había defendido solo dos semanas antes. En la clausura de la reunión del Cercle d'Economia en Barcelona, el presidente confirmó que el Gobierno renunciaba a presentar Presupuestos para 2026.

"El Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2027", expresó entonces.En marzo, la entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió el día 19 que la presentación de los Presupuestos de 2026 se retrasaba "unas semanas". El Gobierno aún no daba por perdida la tramitación, pero empezaba a incumplir el calendario que él mismo había marcado para llevar las cuentas al Congreso antes de que avanzara el año.Solo unos días después, el 24 de marzo y en plena salida de Montero del Gobierno para encabezar la candidatura socialista en Andalucía, admitió que los Presupuestos de 2026 los presentaría su "sucesor o sucesora".

La frase trasladaba ya la tramitación a una nueva etapa en Hacienda y alejaba la posibilidad de que las cuentas llegaran de forma inmediata al Congreso.La renuncia a unos Presupuestos llegó el 3 de junio, cuando Sánchez cambió el calendario: no anunció unas cuentas para 2026, sino el inicio de los trámites para los Presupuestos de 2027. Dos días después, el BOE confirmó el viraje al publicar la orden de elaboración de esas cuentas y derogar la orden anterior para preparar las de 2026."Las legislaturas duran cuatro años"Hasta ahora, Sánchez había negado el adelanto electoral incluso en los momentos más difíciles de la legislatura.

Lo hizo cuando el Gobierno renunció a presentar los Presupuestos de 2024 luego de el adelanto electoral en Cataluña. Lo repitió cuando tampoco logró sacar adelante unas cuentas para 2025.

Y lo mantuvo después luego de el caso Koldo, la caída del exministro José Luis Ábalos, la dimisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, las revelaciones sobre Leire Díez y la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.El argumento del presidente era siempre el mismo: "Las legislaturas duran cuatro años". En julio de 2025, en su rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez fue preguntado de forma directa por si podía agotar la legislatura incluso sin Presupuestos.

Su respuesta fue rotunda: "Es que las legislaturas constitucionalmente duran cuatro años. Cuando gobierna el PP siempre son cuatro años; cuando gobierna el PSOE, yo no sé qué pasa, pero son cuatro minutos a vista del Partido Popular".En esa línea, el discurso resistió a los peores momentos internos del PSOE.

Luego de la dimisión de Santos Cerdán, Sánchez compareció en Ferraz, pidió perdón por haber confiado en él y descartó elecciones anticipadas: "Convocatoria electoral no habrá hasta 2027". "Esto no va de mí ni del PSOE, sino de un proyecto político que hace cosas buenas por el país", añadió, separando la crisis del partido de la continuidad del Gobierno.La salida de Cerdán agravaba el desgaste del caso Koldo y de la caída de Ábalos.

Sánchez asumió entonces "en primera persona" la responsabilidad política por haber confiado en dirigentes que acabaron señalados por la investigación, pero insistió en que la legislatura debía continuar. Días después, volvió a defender la continuidad del Ejecutivo con otro mensaje: "No vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos tumbe al mayor gobierno progresista de la UE".Lo hizo también luego de el procesamiento del fiscal general del Estado.

En noviembre, Sánchez defendió que el Gobierno seguía creyendo en su inocencia y rechazó que la presión judicial y parlamentaria justificara un adelanto electoral. "No estamos en esa situación", expresó, y matizó que la complejidad del Congreso era fruto de "la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones".

Tampoco el caso Leire Díez modificó su posición. El 27 de mayo, la UCO acudió a la sede del PSOE en Ferraz para requerir documentación en el marco de la investigación sobre la exmilitante socialista, mientras Sánchez se encontraba en Roma.

Desde allí, intentó rebajar el impacto del operativo y reiteró: "No puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos".

Así, insistió en que, en un contexto de incertidumbre internacional, ese interés pasaba por la estabilidad y por agotar la legislatura.Ni cuando la Justicia acorrala a su entorno familiar cambia de opinión. El caso de Begoña Gómez ya había colocado a Sánchez ante una decisión límite en abril de 2024, cuando publicó una carta a la ciudadanía, canceló su agenda durante cinco días y abrió un periodo de reflexión sobre su continuidad.

Lejos de dimitir o precipitar una salida electoral, compareció para anunciar que seguía: "He decidido seguir, con más fuerza si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España". De igual forma, su hermano, David Sánchez, se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz por las supuestas irregularidades en su contratación en la Diputación, acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

El juicio arrancó apenas un día después del registro en la sede del PSOE, en una semana de máxima presión para el presidente. Pero Sánchez rechazó que esa acumulación de casos justificara anticipar las urnas y, días después, reivindicó su intención de seguir gobernando "hasta 2027 y más allá", acusando a la oposición de tratar de "derribar" al Gobierno.Ahora bien, la presión aumentó todavía más con la imputación de Zapatero, sus hijas y su secretaria en el caso Plus Ultra, y con la polémica de las joyas.

Un día después de conocerse la imputación, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le exigió en el Congreso que dimitiera. Sánchez cerró filas con el expresidente, apeló a la presunción de inocencia y volvió a descartar cualquier adelanto electoral.Pese a esa acumulación de frentes, Sánchez había seguido respondiendo con una misma fecha: 2027.

En el Congreso, ante la insistencia del PP, llegó a replicar: "Las elecciones se van a celebrar, sí. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto a 2018.

¿Un país mejor o un país peor?". En otra sesión, fue aún más explícito: "Las elecciones se convocarán, como dice la Constitución, en tiempo y forma, en el año 2027".La novedad es que ahora el debate ya no lo plantea solo la oposición.

PNV, Coalición Canaria han vinculado la continuidad de la legislatura a la aprobación de los Presupuestos. Por su parte, Junts ha intentado forzar una votación en el Congreso para instar a Sánchez a convocar elecciones.

Incluso Sumar ha admitido que sería "lógico" abrir ese escenario si las cuentas no prosperan.