Hace una década entró en vigor pleno, en México, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, modelo que sepultó al anterior, caracterizado por la opacidad, el abuso de la prisión preventiva y expedientes en papel interminables, y basados, casi exclusivamente, en actas de confesión escritas. En su lugar se estableció un marco regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con una histórica reforma constitucional que tuvo dos etapas fundamentales.

La primera inició con su aprobación y entrada en vigor el 18 de junio de 2008, para poner en marcha los cambios legales correspondientes y, a partir de ese momento, se fijó un plazo de ocho años para la construcción de salas de juicio oral y la capacitación de personal sustantivo: policías, peritos, investigadores y ministerios públicos especializados de las antiguas procuradurías, las cuales transitaron a ser fiscalías. Asimismo, se capacitó a jueces y magistrados para procesar expedientes sin papel y estar presentes de manera obligatoria en las audiencias; al tiempo que las universidades y escuelas de derecho modificaron por completo sus planes de estudio.

Cambio de paradigma Pese al rezago de algunas entidades, el 18 de junio de 2016 entró en vigor pleno, en todo el territorio nacional, lo que entonces se llamó el Nuevo Sistema Penal Acusatorio Oral. Esta transformación se consolidó con el reconocimiento, por parte del sector gubernamental, de la academia y de la sociedad civil, de su urgente necesidad.

En marzo de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón presentó al Senado la iniciativa para modificar la Constitución en materia de seguridad y justicia, que contó con el apoyo, casi unánime, de los integrantes del Congreso, en donde se operaron los consensos políticos para lograr su aprobación. Al mismo tiempo, redes de expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, barras de abogados, en colaboración con oficinas internacionales, destacaron la necesidad de adoptar la oralidad en los procesos judiciales, aprovechando la experiencia de otros países.

Los especialistas respaldaron y condicionaron la adopción del juicio oral mediante programas específicos de capacitación para fortalecer los derechos humanos y la presunción de inocencia. Operadores del cambio La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob), fue la encargada supervisar la aplicación de los cambios ordenados en la reforma, de bajo una estrategia de gradualidad dividida en dos etapas básicas.

La Planeación y Diseño Institucional, entre 2008 y 2012, estuvo centrada en modificar el marco jurídico secundario de los estados, diseñar la nueva infraestructura de salas de audiencias equipadas con sistemas de audio y video, y sensibilizar a la sociedad. En esta fase, entidades como Chihuahua, Oaxaca y el Estado de México destacaron por los avances en la elaboración de sus códigos locales y la capacitación al personal sustantivo.

Siguió la Unificación Legal y Aceleración, de 2014 a 2016, con un punto fundamental el primer año: la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que estandarizó las reglas procesales en todo el país y derogó los 32 códigos estatales vigentes y el federal. A partir de ahí, la SETEC coordinó esfuerzos masivos de capacitación para todos los operadores del sistema, desde policías hasta jueces y magistrados, antes de la consolidación obligatoria el 18 de junio de 2016.

Modernización costosa De acuerdo con informes presupuestales históricos de la SETEC y análisis de organizaciones como México Evalúa, el costo total estimado de la implementación de la reforma, entre 2008 y 2016, superó los 44 mil millones de pesos de forma acumulada a nivel federal y estatal. Esta cantidad puede representar poco o mucho, según la óptica de las necesidades que se tenían que cubrir y los rezagos, principalmente en materia de capacitación al personal sustantivo, para tener un buen comienzo.

Lo cierto es que operar una transformación arquitectónica, operativa y humana de tal envergadura requirió inversiones sin precedentes. La inversión se destinó, básicamente, a tres rubros principales: infraestructura física para la construcción de centros de justicia; equipamiento tecnológico de vanguardia para el registro íntegro de las audiencias en audio y video, y los programas continuos de especialización para los operadores del sistema de justicia.

Una impunidad superior al 90 por ciento de los casos que se denuncian, corrupción, abandono de la capacitación y delitos con alta incidencia, son condiciones que han resistido a 10 años de la entrada en pleno del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de acuerdo con el análisis de especialistas y ciudadanos. Así como se ven las fallas, también se reconocen los beneficios, en donde destacó que ahora los jueces están presenten en los casos que deben resolver, con audiencias públicas hay transparencia en los procesos y en las sentencias; asimismo de que se cumplió con una infraestructura de registros en audio y video que terminaron con los voluminosos expedientes en papel.

Colaborador Para José Elías Romero Apis, abogado, exsubprocurador general de la República y del Distrito Federal, asimismo de colaborador de Excélsior, la reforma con 10 años en vigor recibió un golpe directo con la ampliación de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, al ir en contra del objetivo primordial de tener a menos gente en prisión sin una condena. “Todo lo relacionado con la prisión preventiva es pésimo; la prisión preventiva es mala de por sí, pero la prisión preventiva oficiosa es inexplicable, inentendible. Hace 30 años a mí me tocó encabezar una reforma sobre la prisión preventiva, porque en aquel entonces se aplicaba en el 80 por ciento de los delitos.

Hicimos una reforma constitucional y legal procedimental en el año 93-94, donde dejamos solamente cinco delitos exclusivamente para prisión preventiva: traición a la patria —que es más simbólico que real, pero tenía que estar—, narcotráfico, homicidio, violación y secuestro”, explicó Romero Apis. Para el especialista, se debe reforzar con urgencia el trabajo de capacitación al personal sustantivo del sistema de seguridad y procuración de justicia, una tarea que considera abandonada y que se refleja nítidamente en los niveles de impunidad vigentes. “Yo esperaría que los policías supieran hacer aprehensiones, supieran manejar armas, supieran realizar investigaciones, más que supieran derecho, ¿verdad?, o especialidades que son de los fiscales o de los jueces.

También somos un país que no se da abasto, y cada vez menos, para atender la cantidad de delitos que se cometen; por eso hemos llegado a un 98 por ciento de impunidad, es un récord mundial, eso no lo tiene ningún país avanzado”, comentó Romero Apis. Causa en Común María Elena Morera, activista y promotora de la capacitación en las áreas de seguridad y procuración de justicia a través de la organización Causa en Común, destacó que los delitos que no se denuncian —la llamada cifra negra— van en aumento debido al clima de desconfianza de la sociedad en las instituciones. “Me parece que el dato más duro es que, según la ENVIPE 2025 (referente al ejercicio de 2024), la cifra negra siguió siendo altísima: en delitos como extorsión llegó al menos al 97 por ciento, y en secuestros al 98 por ciento.

Asimismo, del total de delitos, solamente el 0.8 por ciento —es decir, menos del 1 por ciento— terminó en la recuperación de bienes, en puestas a disposición del responsable, en perdón o en reparación del daño. El sistema mejoró las reglas y las garantías, pero no logró romper la impunidad que vivimos”, aseveró Morera.

La presidenta de Causa en Común también subrayó que la Reforma al Poder Judicial de 2024 afectó severamente la operatividad del aparato de justicia con la incorporación de jueces y magistrados sin los perfiles técnicos necesarios para el cargo. “Esto vino a hacer el sistema de justicia mucho más lento, precisamente porque están llegando a ser jueces personas que no tienen ni la menor idea de cómo se debe juzgar, y sobre todo lo vemos a nivel de los estados. Estamos viendo fallas terribles de estas personas y la gente, si de por sí ya no tenía justicia, hoy tiene menos con estos jueces”, comentó la activista.

Observatorio Nacional Ciudadano Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), organización dedicada al análisis de la incidencia delictiva, matizó que la transparencia y la protección a las víctimas configuran los puntos rescatables en estos últimos 10 años. “Hoy tenemos mucha más información que nos sirve para identificar las fallas y lagunas que se tienen en el sistema judicial; se ha trabajado más en temas de protección a las víctimas como de la presunción de inocencia, esos son beneficios. Ahora, una de las grandes promesas que nos hicieron fue que se iban a subsanar todas las fallas del sistema, y es ahí en donde nos quedan mucho a deber.

Todavía estamos viendo fallas con juicios mal llevados, impunidad y errores graves en las fiscalías”, comentó. El especialista coincidió en que se requiere una verdadera voluntad política por parte de las autoridades para que el marco normativo dé los resultados esperados, sin necesidad de recurrir a más parches o reformas legales. “Si hay algo que favorece el crecimiento de un país es, precisamente, que un ciudadano pueda contar con educación pública de calidad, con salud pública de calidad y con seguridad.

Y la seguridad se logra al sancionar los delitos, no se resuelve dándole dinero a la gente. Hoy seguimos con niveles de impunidad vergonzosos; si hoy quisiera poner un negocio lo pensaría, porque te extorsionan desde la autoridad hasta los grupos delictivos, y si denuncias, te metes en problemas”, advirtió Rivas.