Antes de abandonar la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero apeló la sentencia judicial que devolvió la libertad a Israel Vallarta Cisneros, después de veinte años de haber sufrido prisión preventiva.Durante la mañanera del martes 12 de agosto de 2025, de pie junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, mintió con descaro al afirmar que —independientemente del montaje mediático ocurrido el día de su detención— había seis víctimas de la banda de secuestradores encabezada por Vallarta que merecían justicia.El jueves pasado, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación negó la razón a Gertz y confirmó la absolución de Vallarta respecto de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas.En su sentencia, el tribunal de alzada reconoció como válidos los argumentos que la jueza Mariana Vieyra Valdés consideró en su resolución del primero de agosto del año pasado: 1) Vallarta fue torturado para que se confesara culpable, 2) la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que benefició a Florence Cassez denunció los vicios que dañaron de manera irreversible el proceso penal, 3) los testimonios de las supuestas víctimas fueron contaminados por el montaje, 4) el Ministerio Público indujo maliciosamente el reconocimiento que algunas de las víctimas hicieron de la voz y el rostro de Vallarta y, por tanto, 5) con las pruebas presentadas no se puede determinar la culpabilidad del imputado.Cabe que la FGR, encabezada ahora por Ernestina Godoy, acuda de nuevo a la SCJN para solicitar un amparo contra la resolución emitida esta semana. Por la manera en que la nueva fiscal ha tapado los errores de sus antecesores, no sorprendería ese proceder.Han transcurrido ya veinte años y seis meses desde que los rostros de Vallarta y Cassez se hicieran famosos por las peores razones.

Y, no obstante, este caso sigue ofreciendo una larga lista de lecciones jurídicas sobre lo podrido que está el sistema de procuración y administración de justicia en nuestro país.No es excepción la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Apelación: exhibe al desnudo la injusticia cometida contra cientos, probablemente miles de personas cuya vida patrimonio y salud han volado por los aires debido a la arbitrariedad impune con la que actúan las autoridades de las fiscalías y también de los juzgados.Los casos más conocidos —Cassez-Vallarta, Wallace o Ayotzinapa— son sólo la punta de un inmenso iceberg de expedientes confeccionados a partir de testimonios obtenidos mediante tortura, fabricación de pruebas y evidencias, montajes mediáticos y un cúmulo de recursos fraudulentos diseñados para encarcelar a gente inocente, mientras los verdaderos delincuentes sobreviven protegidos por la complicidad de las instituciones públicas.El sistema de justicia mexicano otorga a la autoridad todas las ventajas, y a sus víctimas, prácticamente ninguna. ¿Quién va a reparar el daño causado a la vida de Israel Vallarta?

¿Quién le devolverá los largos años transcurridos en prisión sin sentencia en primera instancia? ¿Quién le devolverá a sus hijos el haber crecido sin su padre?

¿Quién podrá evitarle un envejecimiento sin patrimonio? ¿Quién le pedirá perdón por todo lo sufrido?México no cuenta con castigos serios contra los servidores públicos que violan la ley y la Constitución a la hora de fabricar culpables.

La mayoría de las sanciones aplicables son ridículas, y por tanto el costo para los funcionarios delincuentes es mínimo. En caso de incurrir en alguna de las conductas ilegales previstas por la legislación, la pena va de tres a ocho años, y las multas, de tres mil quinientos a 117 mil pesos.En efecto, si hoy se celebrara un montaje como el orquestado el miércoles 9 de diciembre de 2005 por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, saldría muy barato, porque las instituciones actuales siguen garantizando impunidad a sus autores.En este, como en tantos otros casos, hay evidencia abundante de simulación de pruebas, fabricación de evidencia y producción de declaraciones falsas.

Los autores del montaje urdieron actos jurídicos con el propósito deliberado no sólo de engañar a la opinión pública —como el propio García Luna llegó a reconocer en su día—, sino de inducir al error al Ministerio Público y, después, a los jueces.Si, a partir de la última sentencia del tribunal de alzada, Vallarta quisiera proceder penalmente contra quienes perpetraron estos delitos, no conseguiría satisfacción, porque, transcurridas dos décadas, la mayoría de las violaciones a la ley ya prescribieron.Hay una excepción: el delito de tortura no prescribe. Las penas previstas para su comisión van de ocho a quince años, y pueden reducirse a la mitad si se acredita buena conducta.

Mientras Vallarta pasó veinte años en la cárcel por un delito que no cometió, sus torturadores –en la remota eventualidad de ser procesados algún día– saldrían libres en alrededor de siete.Al abordar este expediente judicial no sólo me refiero a Israel Vallarta Cisneros —insisto—, porque hay muchísimas personas que, como él, han sido y continúan siendo víctimas de un sistema jurídico diseñado para garantizar impunidad a los fabricantes de delitos y a los torturadores, mientras se tritura masivamente la existencia de gente inocente.El artículo 14 de la Ley para Prevenir el Secuestro ordena cárcel para quienes simulen la privación de la libertad con la intención de causar daño o perjuicio a la víctima o a terceros. Los responsables del rosario de montajes denunciados todos los días en México podrían ser investigados y perseguidos con base en este supuesto penal.Sería saludable que las víctimas de fabricación penal exploraran esta vía para evitar que, en el futuro, las instituciones y sus funcionarios sigan saliéndose con la suya.