El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en una posición paradójica: busca reivindicar en público su inocencia y su voluntad de colaborar contra la investigación de Plus Ultra, y a la vez articula una estrategia de defensa enfocada a buscar grietas que hagan caer la causa. Este miércoles, en una declaración inédita, el expresidente se negó a contestar a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.A su salida, Zapatero quiso mostrar su voluntad de colaboración con la justicia mediante un escrito en el que daba consentimiento al juez para rastrear su patrimonio y su participación en sociedades dentro y fuera de España.

No obstante, los juristas consultados por este periódico reducen el valor de este documento a lo "simbólico", dado que el juez no requiere del consentimiento de un investigado para llevar a cabo este tipo de pesquisas. La imagen de transparencia y colaboración que quiso transmitir Zapatero con este escrito colisiona con su negativa a contestar las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción.

Se trata de una decisión completamente legal y legítima, puesto que los investigados en una causa penal tienen el derecho de guardar silencio sin que se pueda considerar la negativa a declarar como un indicio de su culpabilidad. Pero da cuenta de que el escrito remitido por Zapatero al instructor José Luis Calama es más una estrategia de comunicación política que una muestra real de su voluntad de cooperar con la causa que se sigue contra él en la Audiencia Nacional.

El escrito, al que ha accedido este periódico, apenas tiene un párrafo de extensión. "Por medio del presente escrito presto mi consentimiento expreso para que ese digno tribunal pueda dirigirse a cualesquiera autoridades administrativas, financieras, bancarias u organismos de toda naturaleza, fuera de España, en cualquier territorio o jurisdicción, para recabar la documentación o la información que pudiera ser relevante para esta causa, y especialmente respecto de activos mobiliarios o inmobiliarios, o de participaciones sociales o de intereses de cualquier tipo en cualquier ente de naturaleza civil o mercantil de los que pudiera ser titular directo o indirecto, mediato o inmediato".

Con estas palabras, el expresidente Zapatero traslada al juez su disposición a demostrar algo que aseveró públicamente a través de un comunicado inmediatamente después de su declaración: "No tengo absolutamente nada fuera de España". Según se desprende del audio al que accedió 20minutos, el exdirigente socialista también aprovechó su declaración ante el juez para remarcar que no posee ninguna sociedad, ni dentro ni fuera del territorio español.

Se trata de una afirmación que el propio juez no ha puesto en duda en ningún momento. José Luis Calama no investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por poseer sociedades en el extranjero, tampoco le sitúa como titular o administrador de ninguna mercantil.

De acuerdo con el instructor, el expresidente se encargó de que fuera su amigo Julio Martínez Martínez quien encabezara un "entramado societario" para "canalizar los fondos [las mordidas], tanto en España como en territorios offshore". De hecho, la UDEF de la Policía Nacional ha identificado una supuesta reunión en la que Zapatero habría dado "instrucciones precisas" para constituir una compañía en Emiratos Árabes llamada Landside Dubai Fzco.

Esta mercantil se constituyó como una filial al 100% de otra empresa española llamada Idella Consulenza Strategica. El administrador único de esta última sociedad es Julio Martínez Martínez.

Tal y como ha desvelado la investigación, la aerolínea Plus Ultra firmó un contrato con Idella semanas antes de ser rescatada por el Gobierno de España con un préstamo de 53 millones de euros. En el contrato se estableció que la mercantil de Julio Martínez cobraría el 1% del rescate.

A su vez, constan en el sumario de la causa múltiples pagos de empresas de Julio Martínez Martínez tanto al expresidente del Gobierno como a la agencia de marketing de sus hijas, Whathefav SL. De modo que entre los hechos que han llevado a la imputación de Zapatero —y a la de sus hijas— no está el haber cobrado supuestas mordidas a través de empresas bajo su titularidad.

Al contrario, el magistrado instructor considera que la trama creo un complejo entramado societario precisamente con el objetivo de dificultar la trazabilidad de las supuestas mordidas, que acababan pagándose a Zapatero en concepto de trabajos de asesoría, o bien a sus hijas a cambio de supuestos servicios de marketing. Los propios investigados se referían a este entramado como una "boutique financiera", según se desprende de los informes de la UDEF.

La posible búsqueda de una nulidadMás allá del escrito remitido al juez, que lleva la firma manuscrita del expresidente, la estrategia de defensa de Zapatero se aleja mucho de la colaboración con la justicia, al menos por el momento. De hecho, los primeros movimientos del letrado del exdirigente socialista dejan entrever que su objetivo es buscar una nulidad de la causa, lo que haría imposible una condena independientemente de la culpabilidad de Zapatero.

Quedó patente antes de la declaración del exlíder del PSOE. Una parte importante de los indicios contra José Luis Rodríguez Zapatero parten del teléfono móvil de un empresario venezolano llamado Rodolfo Reyes, que a través de una mercantil poseía la mayor parte de las participaciones de Plus Ultra en el momento del rescate.

La oficina de Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos retuvo a Reyes en el aeropuerto de Miami, volcó su teléfono móvil y le retiró la visa. En marzo de 2026, las autoridades estadounidenses remitieron el contenido de ese dispositivo a España, y los mensajes sirvieron para imputar a Zapatero.

La semana pasada, el juez José Luis Calama solicitó permiso a las autoridades estadounidenses para utilizar esos mensajes como "medio de prueba" en un eventual juicio oral. Después, el letrado de Zapatero le pidió a Calama que ampliase su solicitud de cooperación jurídica internacional para que Estados Unidos explicara en qué "circunstancias" se habían obtenido los mensajes de Rodolfo Reyes.

En su escrito, Moreno lamentó la falta de información en torno al dispositivo del empresario venezolano: se desconoce cómo se intervino el móvil, cuál fue "el método de volcado", cómo fue "la custodia del dispositivo". El letrado indicó que tampoco se conocen "las circunstancias en las que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales".

El hecho de que se enviaran los mensajes "sin intervención judicial conocida, permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a un proceso con todas las garantías", concluía el escrito del defensor de Zapatero.