SEÑOR DIRECTOR:Acabo de regresar de Ginebra, donde se desarrolló la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Ahí se abordan, de manera tripartita, entre trabajadores, empleadores y gobiernos, materias laborales (y otras más).

Desde Chile participamos, una vez más, con abogados expertos de la CPC y sus ramas, con el objeto de incidir tempranamente en la discusión de normas internacionales, que incluyen convenios y recomendaciones, y en el análisis de denuncias por vulneraciones de las normas internacionales del trabajo. Lo que allí se acuerda tiene gran importancia para Chile, pues se fija el marco que, con el tiempo, suele recogerse en la legislación nacional.

Es ahí donde aún es posible aportar experiencia y evidencia técnica, antes de que esos estándares internacionales queden definidos.Cabe recordar lo que ha significado el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y que se plasmó en nuestro sistema de consulta indígena, o el Convenio 190 sobre el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluida la violencia de género, que derivó en la Ley Karin. Otro ejemplo es el Convenio 192 sobre la prevención y protección frente a los peligros biológicos en el entorno de trabajo, aprobado en 2025, cuya eventual incorporación al ordenamiento jurídico podría traducirse en nuevas exigencias regulatorias.

Este año, asimismo, se alcanzó un acuerdo sobre la Economía de Plataformas con definiciones que, probablemente, también influirán en futuras discusiones en Chile. Es por esto que debemos ser conscientes de las implicancias que estos convenios internacionales tienen para Chile y reconocer lo relevante que es participar.

Desde la perspectiva de los empleadores, ello implica promover regulaciones que amplíen derechos y mejoren las condiciones laborales, pero que al mismo tiempo sean compatibles con la creación de empleo formal, la productividad y el desarrollo económico. Estar presentes e influir en estas discusiones es, en definitiva, una forma de contribuir a que las normas internacionales consideren las distintas realidades productivas y ayuden a construir mercados laborales modernos y adaptados a los cambios del trabajo.

Al final, las buenas normas no son aquellas que solo declaran aspiraciones, sino las que logran mejorar efectivamente la vida de las personas sin comprometer las oportunidades de progreso. Susana JiménezPresidenta de la CPC