Luego de confirmarse de manera unánime e inapelable su absolución, Israel Vallarta Cisneros celebró este viernes desde las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el fin de un proceso penal que se extendió por más de 20 años.No obstante, advirtió que su victoria jurídica no está completa, pues aún permanecen en prisión preventiva su hermano y su sobrino bajo "pruebas fabricadas", al tiempo que los funcionarios que lo torturaron continúan en la impunidad. Acompañado por su equipo legal, Vallarta destacó que la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Estado de México —que ratificó la sentencia absolutoria del Juzgado Tercero de Distrito— sienta un precedente histórico basado en los criterios de la SCJN, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y las primeras directrices impulsadas en su momento por la exministra Olga Sánchez Cordero a raíz del caso de Florence Cassez.“El día de hoy se celebra, pero no puedo celebrar al 100 por ciento.

Falta mi hermano Mario y mi sobrino Sergio, que se encuentran hoy en prisión preventiva oficiosa”, lanzó Vallarta.“A partir de hoy soy totalmente libre, hoy puedo tomar decisiones más claras, pero hoy les hago oficial que de aquí en adelante continuamos con mi familia”.Vallarta fue enfático al denunciar que los responsables del montaje y las agresiones físicas en su contra siguen incrustados en la administración pública. En esa línea, dirigió un llamado directo al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, para revisar los mandos de seguridad en dicha entidad.“Existen todavía responsables de este abuso de poder, de esta tortura, de este montaje, y pedimos que la justicia los alcance.

Muchos de esos funcionarios públicos hoy continúan enquistados, encumbrados en el poder. Me refiero específicamente al gobierno de Hidalgo; hago un llamado a Julio Ramón Menchaca Salazar para que voltee a ver a sus filas de seguridad pública, que las comanda Israel Zaragoza Rico, uno de los principales torturadores que yo señalé y que está citado constantemente por la justicia en una investigación que va muy lenta después de 20 años”.Asimismo, adelantó que mantendrá las acciones legales contra los perpetradores: “Interpuse una denuncia contra los responsables de todos los niveles de gobierno e incluso más allá, contra los particulares que han tenido que ver con este abuso, con esta aberración”."Resarcimiento, enfocado en restitución pública de la presunción de inocencia"Por su parte, la defensa técnica, encabezada por los abogados Arturo Robles Feria y Daniela Aguirre, explicó que la resolución dictada en Toluca confirma en su totalidad que el caso de la extinta banda Los Zodiaco se remarcó sobre pruebas ilícitas.Robles Feria precisó que, aunque todavía esperan la notificación de la versión escrita detallada, la sentencia absolutoria ya fue ofrecida como prueba documental para buscar un efecto de arrastre que beneficie a Mario Vallarta. “Tengo confianza en que puede influenciar en el ánimo del juzgador.

Seguiremos insistiendo para que el asunto de Mario y, por consecuencia, el de Sergio, sea cerrado lo más pronto posible”, apuntó el litigante, denunciando asimismo que el juez de la causa ha retrasado las diligencias pese a que el único testigo de cargo jamás se ha presentado a ratificar sus dichos.En contraparte, la abogada Daniela Aguirre subrayó que el resarcimiento del daño debe ir enfocado en la restitución pública de la presunción de inocencia y en la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, una figura que calificó como "destructora".“La parte más fuerte es cómo el Estado mexicano va a ayudar a que la familia Vallarta recupere esa presunción de inocencia que le han robado durante 20 años. En la misma medida en que Israel y su familia fueron señalados, el Estado tendría que difundir que el proceso se fundó en pruebas ilícitas porque fueron fabricadas”, aseveró Aguirre.La litigante añadió que, de no existir dicha medida cautelar automática, los familiares de Vallarta podrían enfrentar sus respectivos procesos en libertad. “La prisión preventiva oficiosa es una figura que destruye la presunción de inocencia y hace que una persona investigada por un delito grave tenga que estar en prisión hasta 20 años”.Hacia el cierre de la conferencia, Israel Vallarta descartó que el fin de este litigio persiga un fin de lucro o la búsqueda de una compensación económica millonaria, sino evitar que el abuso de poder afecte a más ciudadanos.

En ese sentido, consideró necesaria una disculpa institucional por parte del Poder Ejecutivo.“¿Una disculpa directamente del Poder Ejecutivo? La merece mi familia, la merezco yo.

No por lo que diga ella (la presidenta), finalmente no fue en su gobierno ni con sus elementos, pero creo que quien represente al Estado mexicano formalmente ahora debe hacerlo por escrito, porque hacerlo lleva su reconocimiento”, concluyó IYC