En medio de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA) -que se votará la próxima semana en la sala de la Cámara- un grupo transversal de senadores -desde la UDI al FA- busca dar una señal política respecto del uso de esta herramienta fiscalizadora. Este viernes, en las inmediaciones del ex Congreso de Santiago, a contar de las 10.30 horas, los senadores Javier Macaya (UDI), Andrea Balladares (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Vlado Mirosevic (Liberal), Paulina Vodanovic (PS) y los representantes del FA, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez, anunciarán la presentación de una reforma a la Carta Fundamental para elevar los requisitos para presentar una acusación constitucional.La puesta en escena la harán en conjunto con un grupo de diputados, entre ellos, Diego Schalper (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Raúl Leiva (PS) y Gael Yeomans (FA).

Eso sí, ellos presentarán su propio proyecto, por lo que será una iniciativa espejo a la de los senadores. Si bien los diputados Ramírez y Schalper adhieren a la iniciativa, en el sector transmiten que dejaron claro que el proyecto corre de forma paralelo a la acusación contra Grau.

Que su presentación, agregan las mismas fuentes, no tiene que ver con cómo votarán ese escrito, sino que es para dar una señal respecto al uso de esa herramienta fiscalizadora. Los principales elementos de la iniciativa tienen que ver con elevar de 10 a 20 firmas para ingresar el libelo, asimismo de que en caso de que el acusado sea un ministro de Estado, se requiera una interpelación previa.

Esto, con el objetivo de que, al menos para la recolección de firmas, se requiera del consenso de más de un comité parlamentario. En la actualidad, para presentar un libelo sólo se necesitan, como mínimo, 10 patrocinantes, mucho menos firmas que las requeridas para instrumentos de fiscalización menos severos, como una comisión investigadora (62 patrocinios) y una interpelación (52).

En el caso de los ministros de Estado, la Constitución establece que se pueden presentar, incluso, una vez que haya dejado el cargo y otorga un plazo de tres meses desde la fecha en que haya dejado sus funciones.Para el caso del Presidente de la República, el plazo se extiende a seis meses.La jugada de los senadores es leída como una señal respecto del ambiente que existe al interior de la Cámara Alta sobre el libelo acusatorio que presentaron las bancadas del Partido Nacional Libertario y Republicano en contra del exjefe de la billetera fiscal.Y es que de forma transversal, en el Senado genera resistencia la ofensiva que emprendieron aquellas bancadas de diputados en contra de Grau.El análisis que existe entre los senadores es que la tramitación de esta acusación, inevitablemente entorpecerá la discusión del proyecto de megarreforma del gobierno, que esta semana fue aprobada en la Comisión de Hacienda y que está lista para ser votada en sala. En segundo término, en la derecha temen que esta acusación constitucional contra el exministro de Gabriel Boric se transforme en un boomerang y que pueda venir una embestida en contra de los ministros del Presidente José Antonio Kast, particularmente contra el actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz, como ya lo han anunciado diputados de oposición.