Menos de 14 meses después renunciar a la Fiscalía entre reproches a sus superiores, Esteban Aguilar Vargas —hermano del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas— obtuvo un tercer puesto en el sector público. Al igual que lo hizo con la exdiputada Olga Morera, del Partido Nueva República (PNR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contrató al exfiscal como asesor con un salario de ¢4,2 millones.En este caso, Esteban Aguilar es asesor de la Gerencia General desde el 1.° de julio bajo la modalidad de Servicios Especiales, según confirmó la entidad ante consultas de este diario.

La exdiputada, por su parte, asesora a la Presidencia Ejecutiva.Tres cargos marcados por la controversiaLos cambios laborales recientes de Aguilar empezaron a inicios del 2025, cuando era jefe de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público. En enero de ese año, denunció públicamente que el fiscal general de la República, Carlo Díaz, lo acosaba laboralmente como represalia por su parentesco con Gabriel Aguilar, quien entonces ocupaba la jefatura de despacho del entonces presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La Fiscalía General desmintió los señalamientos y aclaró que no había girado ninguna orden para cerrar la Unidad de Cibercrimen ni había tenido contacto directo con su coordinador, argumentando que la por estructura jerárquica esa labor correspondía al fiscal adjunto.Dos meses después, en marzo del 2025, mientras gozaba de una incapacidad médica y seguía como funcionario del Ministerio Público, Esteban Aguilar participó en una marcha organizada por el gobierno de Chaves para exigir la renuncia del fiscal general, su entonces jefe. Subió a la tarima, tomó el micrófono y lanzó críticas directas contra su superior jerárquico.

La conducta generó cuestionamientos, pues la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los servidores judiciales participar de forma activa en actos de carácter político y emitir censuras contra funcionarios del Estado. Las sanciones previstas van desde una advertencia hasta la revocatoria del nombramiento.A esa acción se sumó un controvertido permiso sin goce de salario.Según documentos del Ministerio Público, el exfiscal solicitó el 3 de marzo del 2025 un permiso por un año, alegando persecución laboral.

No obstante, la fecha de inicio fue modificada en repetidas ocasiones como consecuencia de incapacidades médicas que se extendieron de forma sucesiva. La Fiscalía General aprobó cada cambio mediante resolución formal.En tanto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que agentes de la institución buscaron, la noche del 8 de abril del 2025, a Esteban Aguilar Vargas para entregarle unas notificaciones por tres causas disciplinarias.No obstante, para ese momento, Aguilar Vargas había comenzado a trabajar en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), como subdirector de Ciberseguridad, sin contar con la autorización del Consejo Superior del Poder Judicial, órgano que la Ley Orgánica obliga a consultar cuando un funcionario judicial pretende emplearse en otro poder del Estado.

La fiscal subrogante Karen Valverde denunció ante la Inspección Judicial que el exfiscal había inducido a error a la institución al presentar información que simulaba contar con el permiso requerido. Ante la presión acumulada —y después de que agentes del OIJ llegaran a notificarle causas disciplinarias en el domicilio de su hermano— Esteban Aguilar Vargas anunció su renuncia al Poder Judicial el 9 de abril del 2025, por redes sociales, achacando su salida a una “persecución de las cúpulas” del Ministerio Público y del Consejo Superior.Un nuevo destino en el ICEAguilar Vargas ahora llega a la Gerencia General del ICE como asesor en Servicios Especiales —una categoría de puesto de confianza, semanas después de que su hermano Gabriel Aguilar asumiera como ministro de Justicia y Paz en el gobierno de la presidenta Laura Fernández, y en medio de nuevas tensiones con el fiscal general, Carlo Díaz.

Este miércoles, el ministro de Justicia Aguilar Vargas presentó una denuncia contra Díaz y 33 fiscales más por un supuesto incumplimiento de deberes.El fiscal general Carlo Díaz expresó que el ministro admitió ante él que tenía motivos personales, en particular, la supuesta “persecución” contra su hermano y confirmó que el jerarca llevó personalmente la denuncia a la sede del Ministerio Público.