La violencia contra autoridades municipales volvió a colocar contra la pared al gobierno de Salomón Jara Cruz, el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, no sólo sumó otro crimen político a la administración morenista. También abrió una nueva controversia: mientras el Partido Acción Nacional (PAN) sostiene que el edil pidió protección y que el gobierno estatal no la garantizó, el propio gobernador negó que existiera solicitud formal de medidas de seguridad, Bravo Martínez fue asesinado a tiros el 13 de junio de 2026 en la región Mixteca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca comunicó que el caso fue clasificado como “delito de alto impacto” y que se desplegó un operativo conjunto con fuerzas estatales y federales. La frase oficial fue la misma de otros episodios: no habrá impunidad.

Pero en Oaxaca, esa promesa ya suena gastada. El gobernador Jara Cruz intentó cerrar el flanco político con una declaración tajante: expresó que Joel Ángel Bravo “no había solicitado medidas de protección” y que tampoco presentó denuncia ante la Fiscalía por agresiones en su contra.

Esa versión choca con lo señalado por Acción Nacional, que afirmó que el alcalde expuso su temor durante una mesa regional de seguridad el 11 de mayo y que incluso planteó el caso personalmente al mandatario estatal. Según el PAN, se le prometieron escoltas, pero nunca llegaron.

El punto es delicado, no debe ser si el alcalde pidió protección y no se le otorgó, hay una omisión grave. Si no la pidió formalmente, como asegura el gobernador, entonces el problema es otro, igual de serio: un presidente municipal que ya había sufrido una agresión previa quedó expuesto en una zona donde la violencia política no es excepción, sino patrón.

La lista de autoridades municipales asesinadas durante el actual gobierno estatal confirma que el problema rebasó el discurso. Román Ruiz Bohórquez, edil de Candelaria Loxicha, fue asesinado el 15 de octubre de 2024.

Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, cayó en una emboscada el 15 de mayo de 2025. Un mes después, el 15 de junio, Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, fue atacada dentro del Palacio Municipal por sujetos armados.

En diciembre de 2025, Erasmo Medina Ruiz, exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, fue ejecutado a tiros. Ahora, Joel Ángel Bravo Martínez se suma a esa cadena.

En el caso de Lilia Gema García Soto, la Fiscalía comunicó que cinco personas armadas y con el rostro cubierto ingresaron al Palacio Municipal. En el lugar se localizaron más de 60 casquillos, varios de alto poder.

No fue una riña, no fue un accidente, no fue un hecho menor. Fue un ataque directo contra una autoridad en funciones, dentro de una sede pública.

Oaxaca arrastra asimismo una marca histórica: El estado ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de presidentes municipales en funciones y electos, con 24 casos en 25 años hasta noviembre de 2025. La misma revisión ubica entre los casos recientes a Candelaria Loxicha, Santiago Amoltepec y San Mateo Piñas.

A la crisis política se suma el mapa criminal basados en información de inteligencia han ubicado presencia o influencia de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa/ Pacífico, el Cártel del Golfo, Los Zetas, Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva y el Cártel Independiente de Acapulco en Oaxaca. Asimismo, investigaciones locales han documentado al menos 12 grupos delictivos de carácter regional dedicados al narcotráfico, tráfico de personas, robo de combustible, robos y homicidios.

El gobierno estatal insiste en condenar cada crimen y activar protocolos. Lo hizo con Román Ruiz.

Lo hizo con Mario Hernández. Lo hizo con Lilia Gema García.

Lo hizo con Joel Ángel Bravo. Pero la repetición de comunicados no sustituye una estrategia preventiva.

En seguridad pública, llegar después del ataque no es gobernar la crisis, es administrarla. La administración de Salomón Jara Cruz enfrenta así una contradicción cada vez más visible: presume coordinación institucional, pero los alcaldes siguen cayendo.

Promete justicia, pero los crímenes se acumulan. Niega omisiones, pero las víctimas aparecen en regiones donde los grupos armados operan con capacidad suficiente para emboscar, irrumpir en palacios municipales o ejecutar a funcionarios en sus domicilios.