Un total de 565 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en España durante 2025, una cifra equivalente al 0,13% de los fallecimientos registrados en el país, es decir, una de cada 750 muertes, según los datos facilitados por las comunidades y ciudades autónomas.Desde la entrada en vigor de la ley hace cinco años, un total de 1.668 personas han recurrido a la eutanasia. El balance provisional también pone de manifiesto un incremento constante de las solicitudes de ayuda para morir: hasta la fecha se han contabilizado 3.716 peticiones, de las cuales 1.284 corresponden al año 2025.

Estos datos han sido presentados en la jornada 'Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos', organizado por el Ministerio de Sanidad.El balance provisional muestra diferencias entre las patologías que motivan las solicitudes iniciales y aquellas asociadas a las prestaciones finalmente realizadas. Aunque las patologías oncológicas concentran el mayor número de solicitudes iniciales, con el 37% del total, las enfermedades neurológicas son la causa principal en las prestaciones efectivas, con el 46%.Así, entre las 1.284 solicitudes registradas, las patologías neurológicas representan el 31%, por detrás de las oncológicas.

No obstante, esta distribución se invierte entre las personas que finalmente reciben la prestación: las enfermedades neurológicas ascienden al 46%, mientras que las patologías oncológicas se sitúan en torno al 30%.Casi la mitad de las solicitudes concluyeron con la prestaciónEn 2025 finalizaron 1.187 procesos relativos a la prestación de ayuda para morir, es decir, solicitudes cuyo desenlace tuvo lugar durante el año, con independencia de la fecha en la que se hubieran iniciado. Del total, 565 concluyeron con la realización de la prestación, lo que supone el 47,7%.El 83,9% de las personas que recibieron la prestación tenían más de 60 años.

Asimismo, el 51% la recibió en un hospital y el 35% en sus domicilios, mientras que el 14% restante lo hizo en centros sociosanitarios. En el 98% de los casos fue administrada por un equipo sanitario.Por su parte, un total de 374 procesos (el 31,5 %) acabaron con el fallecimiento de la persona solicitante durante la tramitación.

En estos casos, el 61% correspondía a patologías oncológicas. La mayoría de estos fallecimientos, 277, se produjeron antes de la emisión del informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días.Los 97 fallecimientos restantes tuvieron lugar una vez emitido el informe favorable de la Comisión de Garantía y Evaluación.

En estos casos, la persona solicitante ya contaba con una resolución favorable y podía acordar o aplazar la fecha de realización de la prestación, pero falleció antes de que esta se llevara a cabo. En este grupo, el tiempo medio desde la solicitud fue de 104,9 días y la mediana de 69 días.Asimismo, 157 solicitudes concluyeron con una denegación, el 13,2% de los procesos finalizados.

La mayoría de ellas, el 77%, tuvo lugar al inicio del procedimiento por parte del médico responsable. Por último, 91 procesos finalizaron por revocación de la solicitud, lo que representa el 8% del total.Cataluña fue la comunidad que registró más solicitudesRespecto a la distribución territorial de las solicitudes, Cataluña registró en 2025 la tasa más alta de solicitudes de ayuda para morir, con 6,14 por cada 100.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 2,61.

Luego de Cataluña, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en el País Vasco, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Baleares, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66.En cuanto a la comparativa internacional, la prestación en España se mantiene en niveles significativamente inferiores a los de otros países con marcos legales similares.

Mientras que en España la tasa de mortalidad por ayuda para morir es del 0,13%, en Países Bajos alcanza el 5,96%, en Canadá el 5,10% y en Bélgica el 4%. Esa diferencia también se refleja en el volumen de prestaciones: 565 en España en 2025, frente a 16.499 en Canadá y 10.341 en Países Bajos.