El Ministerio de las TIC determinó que este operador, de origen brasileño, ha incumplido con los compromisos económicos adquiridos con la nación. ¿Qué pasará con el espectro?En esa subasta participaron Claro, Movistar - Tigo, WOM y Telecall.

Getty ImagesA finales de 2023, el Gobierno dio uno de los pasos más importantes para abrirle la puerta a la nueva era de las telecomunicaciones en Colombia: la subasta del 5G. Este proceso fue determinante porque permitió adjudicar el espectro radioeléctrico, es decir, el recurso que hace posible la transmisión de datos en estas redes, para que los operadores comenzaran a desplegar su infraestructura y, posteriormente, ofrecer esta tecnología a los usuarios.Como el espectro radioeléctrico es un bien público que pertenece a todos los colombianos, el Gobierno lo asigna mediante subastas y cobra una contraprestación económica a los operadores a cambio del derecho a utilizarlo.En esa subasta participaron Claro, Movistar - Tigo, WOM y Telecall.

Para el mercado local este último fue sorpresivo, ya que se trataba de una compañía de origen brasileño que buscaba abrirse paso en Colombia. Este fue el resultado de esa subasta: El primer bloque fue asignado a Tigo y Movistar por $318.306 millones.El segundo bloque quedó en manos de WOM, por $318.340 millones.El bloque tres fue asignado a Telecall Colombia S.A.S., el cual es un competidor nuevo proveniente de Brasil, también por $318.333 millones.Y Claro se quedó con el último bloque, por $411.384 millones.A esto se sumaron obligaciones de cobertura (recursos que garantizan que el operador podrá complir con lo que se busca al asignársele el espectro) y obligaciones de hacer (contraprestaciones en especie que básicamente consisten en inversiones en territorios que tienen carencias en conectividad).Pasados los meses, las banderas rojas se fueron levantando contra Telecall, pues el operador no cumplió con los compromisos económicos que asumió con la nación.

En su momento, El Espectador se cuestionó sobre qué pasaría con los más de COP 41.000 millones que, para febrero de 2025, le adeudaba Telecall al país, luego de que se venciera el primer plazo de pago.En su momento, el representante legal de Telecall, Iván Mantilla, le explicó a El Espectador que los ruidos de inestabilidad en el sector de las telecomunicaciones hicieron que su socio inversionista retirara los fondos de este proyecto, lo que les impidió cumplir con ese pago.Mantilla también explicó que sin esa fuente inversionista, la empresa se vio presionada a reactivar su búsqueda de capital. No lo encontró antes del plazo y, por eso, incumplió su obligación.

No obstante, indicó que le manifestaron su interés al MinTIC de llegar a un acuerdo de cumplimiento, mediante el cual se le permitiera pagar a la nación esos COP 41.000 millones más los intereses de mora causados (lo que para la fecha se traducía en un total de COP 46.000). No obstante, el ministerio no aceptó dicha propuesta porque no se ajustaba con la normativa que había asumido el operador luego de la subasta.

Los meses fueron pasando y la incertidumbre de lo que podría ocurrir con Telecall y el espectro que le había sido asignado seguía creciendo. Recientemente el Ministerio de las TIC resolvió sancionar a este operador por su incumplimiento, imponiéndole una multa de COP 7.422.000.Esta cifra hay que desglosarla, pues COP 4.286 millones corresponden al incumplimiento de la obligación de realizar el primer pago por el uso del espectro, mientras que COP 3.135 millones se derivan del incumplimiento de su obligación de construir y presentar una garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual.

En el articulado de la Resolución 02044 emitida por el Ministerio de las TIC, también se le ordena a Telecall abstenerse de declarar la condición resolutoria del permiso de uso del espectro radioeléctrico (es decir, que no renuncie ni devuelva el permiso que recibió para usar el espectro mientras se resuelve su situación); así como de abstenerse de declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta (en otra palabras, el Gobierno considera que, de momento, no es necesario cobrar la póliza que Telecall entregó como garantía).La pregunta que muchos se hacen en este momento es qué pasará con el espectro, pues no deja de ser un hecho que durante todos estos años Telecall no ha explotado el potencial que tiene este bien de la nación, privando así a los colombianos de disfrutar de sus beneficios. No es claro (porque Telecall no ha respondido las preguntas que le ha hecho El Espectador) si el mencionado operador pagará la sanción y se pondrá al día con las demás obligaciones que tiene para, ahora sí, adelantar su plan de expansión en Colombia o, si definitivamente continuará con sus inclumplimientos llegando al punto en que tenga que quitársele el espectro asignado.

En la resolución se aclara que Telecall tiene derecho a presentar un recurso de reposición ante la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control y, en subsidio, el recurso de apelación ante el Viceministerio de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para esto, las acciones interpuestas no podrán interponerse después de 10 días hábiles siguientes a la notificación.Entre líneas, aquí se ve que este es un proceso que podría tardar mucho tiempo en resolverse.

Incluso es probable que este sea un problema que el actual Gobierno le herede al que está por llegar. En el mercado también circulan versiones sobre una eventual negociación entre Telecall y Claro para transferir los derechos de uso de este espectro.

De concretarse, la operación fortalecería la capacidad del operador que hoy mantiene una posición dominante en el sector de las telecomunicaciones en Colombia.La posibilidad ha cobrado fuerza luego de que el Ministerio TIC impulsara un decreto que permite revisar los topes de acumulación de espectro, una decisión que, dependiendo de los análisis técnicos que realice la entidad, podría habilitar a Claro para acceder a esos recursos.La defensa de TelecallTelecall ha hecho una serie de señalamientos con los que intenta demostrar que quien ha obrado mal en todo este proceso ha sido el Ministerio de las TIC.El pilar de su argumentación ha sido un concepto jurídico emitido por el exmagistrado del Consejo de Estado, Jaime Orlando Santofimio Gamboa, quien señala que el mencionado procedimiento administrativo iniciado por la cartera es “completamente ilegal”, pues viola de forma flagrante el marco normativo del sector y las reglas de la subasta 5G escritas por el mismo MinTIC.“El análisis legal, que se produce en un momento crítico para el despliegue de la nueva red en el país, expone una serie de irregularidades que no solo afectan los derechos de la compañía, sino que asimismo generan un grave riesgo de detrimento patrimonial para la Nación y envían una señal de incertidumbre a la inversión extranjera”, señala Telecall. La empresa añade que, según el análisis hecho por Santofimio, el principal error que habría cometido la cartera fue elegir el camino procesal equivocado.“La ley especial que rige al sector TIC (Ley 1341 de 2009) es clara y taxativa: cualquier presunto incumplimiento que pueda acarrear una sanción debe tramitarse a través de un procedimiento administrativo sancionatorio.

Este procedimiento está diseñado para proteger el derecho a la defensa y a la contradicción. No obstante, el MinTIC optó por un procedimiento común, una vía que el experto califica como una negación directa del texto “claro e indiscutible” de la ley”, expresa.Por este presunto error, continúa su defensa, se habrían desencadenado una serie de irregularidades.

Por ejemplo, señala que la normativa vigente, específicamente el Decreto 1078 de 2015, permite explícitamente los pagos extemporáneos, y establece que para estos casos la consecuencia es una sanción de tipo multa, pero jamás la pérdida del permiso. En otras palabras, el MinTIC debió recibir esos pagos extemporáneos y nunca cancelar los permisos para el uso del espectro. “Hemos llegado a Colombia con un compromiso de inversión a largo plazo y con el objetivo de ser un actor clave en la transformación digital del país, incluyendo la obligación específica de conectar escuelas rurales.

Por eso, recibimos con suma preocupación esta serie de actuaciones que se apartan de la ley. Nuestra voluntad siempre ha sido y sigue siendo cumplir con todas nuestras obligaciones.

Lo único que pedimos es que se nos brinden las garantías que la propia ley colombiana otorga, en un marco de seguridad jurídica y respeto por las reglas establecidas”, expresó un portavoz de Telecall Colombia S.A.S. Para la empresa, la negativa del ministerio pone en juego una importante cantidad de recursos para la nación, específicamente los más de $318.000 millones, más los demás compromisos adquiridos por Telecall luego de la subasta del espectro. “Los funcionarios responsables podrían estar generando un grave detrimento al patrimonio público y enfrentan una posible responsabilidad personal”, concluye, al señalar que su llamado sigue siendo el mismo: permitir que la empresa cumpla con sus obligaciones de pago y, con esto, el inicio de la ejecución del proyecto que planea desarrollar en el país.💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas?

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