La presidenta Claudia Sheinbaum negó que exista un plazo definido para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos entregue pruebas que sustenten las acusaciones presentadas contra 10 mexicanos señalados por presuntos vínculos con el tráfico de drogas, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante la conferencia matutina del 16 de junio, la mandataria remarcó que la solicitud enviada por autoridades estadounidenses corresponde únicamente a una petición de “detención urgente con fines de extradición”, y no a un procedimiento formal de extradición plenamente judicializado, por lo que —aseveró— no existen tiempos legales obligatorios para la entrega de pruebas.

La mandataria remarcó que el Gobierno de México mantiene la postura de que, hasta ahora, Estados Unidos no ha entregado pruebas suficientes que permitan ejecutar una detención inmediata contra Rocha Moya o contra el resto de los señalados. Sheinbaum explicó que, jurídicamente, México puede rechazar una solicitud de detención urgente si no existen elementos suficientes que sustenten la acusación presentada por las autoridades estadounidenses.

La Presidenta añadió que Washington aún cuenta con otra vía legal: iniciar un procedimiento formal de extradición, lo que obligaría al Departamento de Justicia estadounidense a presentar pruebas robustas dentro de un proceso judicial completo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reforzó esa postura al rechazar que el gobierno federal haya otorgado protección especial o escoltas a Rubén Rocha Moya.

Ante cuestionamientos sobre la seguridad del gobernador con licencia, García Harfuch afirmó que éste no ha solicitado apoyo al Gabinete de Seguridad federal y que cualquier esquema de protección actual corresponde únicamente a instancias estatales. El funcionario explicó que las escoltas que acompañan a Rocha Moya provienen de corporaciones de seguridad de Sinaloa y no de dependencias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, la Secretaría de Seguridad federal o la Fiscalía General de la República.

García Harfuch amplió asimismo la aclaración hacia el resto de las personas mencionadas por el Departamento de Justicia estadounidense. El secretario añadió que ninguno de los señalados se ha acercado formalmente al Gobierno federal para solicitar medidas de protección.