El Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP) ha vuelto a advertir este lunes de los fraudes que se están produciendo en el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, luego de superarse las previsiones oficiales del Gobierno, que ha recibido un récord de 900.000 solicitudes a falta de 15 días para que se cierre el plazo para presentarlas. "Ya se han presentado alrededor de 900.000 solicitudes de regularización, una cifra que supera ampliamente las previsiones que el propio Gobierno trasladó públicamente durante la preparación del proceso.

Los datos en la actualidad conocidos demuestran que las previsiones policiales estaban mucho más próximas a la realidad que las estimaciones oficiales utilizadas para justificar la planificación inicial del proceso", afirma el sindicato.El SUP recuerda que los informes técnicos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ya manejaban "escenarios significativamente superiores a los reconocidos inicialmente por el Ejecutivo", que en un principio contemplaba regularizar a medio millón de inmigrantes, cifras que prácticamente se han duplicado a falta todavía de dos semanas para cerrar el proceso.Al respecto, el sindicato subraya que se están produciendo otros "problemas" que también habían sido previstos por la Policía, entre ellos "la proliferación de fraudes vinculados a empadronamientos, citas administrativas o documentación acreditativa". Menciona, asimismo, otros contratiempos como "saturación administrativa, dificultades en la obtención de determinada documentación internacional, así como la presión creciente sobre las oficinas y unidades encargadas de gestionar el procedimiento".El SUP alerta de que existen "vulnerabilidades del sistema" y exige un refuerzo de medios por parte del Gobierno: "Cuanto mayor es el volumen de expedientes, mayor debe ser la capacidad de control para preservar la seguridad jurídica del procedimiento y combatir eficazmente las redes que intentan aprovecharse de las vulnerabilidades del sistema".

Insiste en que cualquier proceso de regularización "debe ir acompañado de suficientes garantías de identificación, trazabilidad y verificación".