SAN JUAN.— El mediático caso de la \"banda de los robarruedas\" sumó un nuevo y polémico capítulo en los tribunales sanjuaninos. En esta oportunidad, dos de los implicados en la organización, identificados en las fojas judiciales como Carlos Maximiliano Páez y Nelson Arturo Vivares, buscan resolver su situación procesal mediante un acuerdo de reparación integral que consiste en el pago de $1.000.000 a cada una de las víctimas.

Los imputados se encuentran en libertad, aunque siguen vinculados al proceso. Una calificación más leve y el camino al acuerdo Luego de el avance de la investigación penal preparatoria, los acusados lograron llegar a esta instancia con una adecuación de la calificación legal inicial, la que resultó ser menos gravosa que la imputada originalmente.

En ambos casos fueron investigados por robo agravado, pero terminando cambiando la calificación a hurto simple en un solo hecho, o sea, en perjuicio de una sola víctima, para cada uno. El conflicto: juez vs. fiscalía A pesar del consenso entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal (MPF) para aplicar la reparación integral, el cierre del acuerdo se vio frustrado por un duro cruce jurídico entre el juez de garantías, Diego Manuel Sanz, y la fiscal Claudia Salica.

El punto de discordia radica en la notificación y presencia de las víctimas en la audiencia. La fiscal Salica criticó con dureza la postura del magistrado, calificándola de \"antojadiza e ilegal\", al considerar que obligar a los damnificados por delitos contra la propiedad a asistir a la audiencia vulnera sus derechos y no está taxativamente exigido por el código.

Según la fiscalía, esta exigencia solo marca la \"burocracia de un sistema que nadie quiere\". Por su parte, el juez Sanz se mantuvo firme en su decisión de no homologar el acuerdo sin el debido resguardo de la presencia (física o virtual) de todas las partes.

El magistrado fundamentó su postura en los principios constitucionales de igualdad de partes, contradicción e inmediación, argumentando que el proceso requiere que los denunciantes sean escuchados o, al menos, debidamente notificados para conectarse vía remota si así lo desean. Recusación rechazada La tensión escaló al punto de que la referente del Ministerio Público Fiscal solicitó la recusación del juez, intentando apartarlo de la causa.

No obstante, el juez Sanz rechazó el pedido, asegurando que no existen motivos para excusarse y que su única intención es garantizar la transparencia del proceso penal. Por el momento, la resolución del conflicto para los imputados mediante el pago millonario han quedado en cuarto intermedio, a la espera de que se resuelva el dilema procesal sobre la participación de las víctimas en el acto judicial.

Habrá una próxima audiencia el miércoles 17 de junio a las 12 horas. El destino de los otros miembros de la banda Mientras Páez y Vivares esperan resolver su situación, la \"banda de los robarruedas\" ya cuenta con varios miembros con sentencia firme luego de admitir su culpabilidad en juicios abreviados.

Uno de los líderes de la organización, Mauricio “Pitufo” Rodríguez, fue condenado a un año y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo. La Justicia lo consideró autor de cuatro robos, entre ellos el sufrido por el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky y seis hechos de encubrimiento agravado, declarándole asimismo la reincidencia.

Por otro lado, Matías Vivares recibió una pena de tres años de prisión condicional (en suspenso) por el robo al juez federal Rago Gallo, sumado a un intento de robo y amenazas. Como parte de su sentencia, se le impuso la prohibición de acercamiento a las víctimas.

Otros integrantes que ya cerraron su situación procesal fueron Lucas Rodrigo Solís, condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por encubrimiento doblemente agravado con ánimo de lucro y habitualidad; Gastón Ismael Guzmán, sentenciado a dos meses de prisión efectiva por robo simple y Adolfo Andrés Holeywell, que era un empleado judicial que admitió haber filtrado información sensible a la banda, por ello recibió un año de prisión en suspenso por encubrimiento agravado. Los últimos condenados fueron los acusados Rubén \"Cuchillo\" y Pablo “El Dibu” Díaz, tío y sobrino respectivamente, que acordaron con fiscalía una pena de un año y cinco meses de prisión efectiva.

Otro condimento que tuvo este hecho fue que entre los detenidos estuvo el ex diputado departamental de Iglesia, Ramón Héctor Anes, que se encuentra en la actualidad excarcelado pero sigue vinculado a la investigación.