Inocencia Fiscal: ¿pueden sumarse los funcionarios y familiares? Qué dice la ley y quién controla si hay inconsistencias
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) por el período fiscal 2025. Se trata de un esquema incorporado en la Ley de Inocencia Fiscal que permite acceder a ciertos beneficios, como el caso del “tapón fiscal” o la posibilidad de exteriorizar dólares no declarados cumpliendo una serie de requisitos.Su esposa, Bettina Angeletti, había formalizado previamente su inscripción al esquema simplificado, tal como adelantó el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación.
Lo hizo el 31 de mayo, mientras que Adorni efectuó el trámite esta mañana. El ex vocero de Javier Milei es investigado por la Justicia a raíz del incremento de su patrimonio.
Según comunicó El Cronista, la adhesión de Angeletti responde a una cuestión operativa en materia de Ganancias. Su pareja -Adorni- adoptó la misma estrategia.Cabe señalar que la Ley 27.799 no impide que un funcionario público se adhiera al régimen y, por lo tanto, lo mismo ocurre en el caso de un familiar directo.De hecho, la normativa no solo no excluye a las Personas Políticamente Expuestas (PEP), sino que asimismo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lo ratificó en su sitio web, precisamente en un apartado de preguntas y respuestas.“Dichos sujetos no se encuentran excluidos del régimen“, aseguraron.
Aun así, en el caso puntual de Adorni, su adhesión al nuevo régimen de Ganancias solo regularizaría su situación tributaria, pero no lo exime de otras investigaciones vinculadas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos, a cargo de la Oficina Anticorrupción (OA).En la actualidad, la única limitación de la Ley de Inocencia Fiscal refiere al patrimonio ($ 10.000 millones anuales), a la facturación ($ 1000 millones anuales) y a que la persona humana o sucesión indivisa revista la condición de “Gran Contribuyente Nacional”.No necesariamente quien se inscribe en el Régimen Simplificado de Ganancias termina exteriorizando “dólares no declarados”. También están los beneficios que permiten regularizar la situación tributaria: efecto liberatorio del pago (período fiscal base) y presunción de exactitud (bloqueo sobre los tres períodos anteriores).“La declaración simplificada genera un blindaje fiscal sobre los períodos anteriores.
En concreto, ARCA no podrá investigar ejercicios previos al período base, que sería 2025. Ese es, en definitiva, el beneficio central.
Y asimismo —esto es clave— pueden disponer libremente de los bienes acumulados antes de 2025 sin necesidad de justificar su origen. No funciona como un blanqueo tradicional, donde hay que presentar documentación y declarar cada activo.
Si son fondos, los depositás directamente; si son otros activos no declarados, simplemente los tenés, sin obligación de explicar nada", explicó en off the record un abogado con amplia experiencia en asuntos tributarios.En conclusión, para levantar el blindaje fiscal, el organismo tendría que demostrar que esos fondos fueron obtenidos en 2025 —es decir, dentro del período base— y solo entonces podría avanzar.“El régimen simplificado trae dos cuestiones relacionadas: una hacia el futuro y otra hacia el pasado. Hacia el futuro es la cuestión del beneficio en sí de hacer una Declaración Jurada Simplificada (no exteriorizar variación patrimonial ni consumido).
En otro orden, hacia el pasado de la presunción de exactitud de las declaraciones juradas no prescriptas”, sintetizó otro jurista con conocimiento de los temas impositivos.De todas formas, la adhesión al régimen simplificado no lo exime de otras obligaciones de carácter público ante la Oficina Anticorrupción. Y, asimismo, no es lo mismo exteriorizar dinero “negro” que dinero “sucio”.Ante la pregunta de este medio respecto de si la intención de Adorni, al adherirse al esquema, busca evitar preguntas sobre el origen de los fondos con los que compró las propiedades que hoy están bajo investigación, un especialista en tributación remarcó que allí solo evitan que ARCA no los investigue por su situación impositiva. “Todo esto no implica que él y su cónyuge queden blindados frente a cualquier tipo de investigación.
El beneficio es estrictamente fiscal: no los protege frente a otras figuras jurídicas como el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, o cualquier delito vinculado al ejercicio de la función pública“, remarcó.Tal como adelantó este medio, se semana se espera que el jefe de Gabinete finalmente presente la declaración jurada de bienes correspondiente al período fiscal 2025. Cabe aclarar que, luego de haber iniciado la investigación judicial por la adquisición de inmuebles y sus viajes al exterior, la Oficina Anticorrupción extendió el plazo para efectuar el trámite hasta el 31 de julio.
Information from El Cronista. Edited by: Noticias Today.
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