La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda protegida en la región, un instrumento legal con el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prevé construir 18.000 casas en los próximos cuatro años, a través del aumento de la edificabilidad y de la densidad de las promociones, y en menos tiempo, gracias a la flexibilización de varios trámites urbanísticos o la reducción de algunos plazos. La iniciativa promovida por el Ejecutivo regional ha salido adelante con los votos a favor del PP, el rechazo de Más Madrid y PSOE y la abstención de Vox, grupos que, como hace unas semanas, han vuelto a verter críticas sobre el texto.Los 'populares' han bloqueado las enmiendas que la oposición había presentado al texto, pero han dado visto bueno a la incorporación de dos propias, que se suman al texto que emanó de la Consejería de Vivienda en abril luego de meses de elaboración.

Uno de los artículos que se han añadido durante la tramitación parlamentaria permitirá que los ayuntamientos madrileños puedan conceder licencias para habilitar alojamientos temporales, la conocida fórmula 'coliving' que se ha puesto de moda en España en los últimos años por la crisis de la vivienda, en parcelas de suelo industrial que estén situadas dentro de las ciudades y se encuentren vacantes. "Se busca responder a nuevas necesidades vinculadas a la movilidad laboral y dar un uso eficiente a espacios urbanos hoy infrautilizados", defendieron desde el PP cuando registraron la enmienda, que no ha gustado nada a la oposición.

"No es una vivienda, no tiene un precio máximo ni un régimen de adjudicación protegida", ha criticado Beatriz Tejero, diputada de Vox, que ha vuelto a dudar de la eficacia que va a tener la nueva ley para solucionar el problema de la vivienda. Es un sentir que también han expresado desde la izquierda.

"No va a servir para nada", ha lanzado Jorge Moruno, de Más Madrid. "Si ya era un desastre lo que hacían en los nuevos desarrollos, ahora directamente ustedes se quitan toda la responsabilidad", ha agregado el parlamentario, unos términos similares a los que ha expresado Javier Guardiola, del PSOE.

"Se priman los beneficios del promotor y no se tiene en cuenta la cohesión social", ha advertido el socialista durante su intervención, en la que ha asegurado que con esta reforma legal el PP busca otorgar "el máximo beneficio" a los promotores de viviendas en suelo protegido.La segunda enmienda que han introducido los 'populares' durante la tramitación de la ley de medidas urgentes, que se ha hecho por la vía exprés buscando que pueda estar en vigor lo antes posible, afecta directamente al Plan Vive. Con la modificación validada este jueves se permitirá que las próximas promociones de este programa de viviendas en alquiler con precio topado tengan hasta un 20% más de edificabilidad y un 30% más de densidad.

Estos son los umbrales que se podrán aplicar con carácter general en todas las urbanizaciones que inicien su construcción en la región y cuya aplicación podría traducirse en hasta dos plantas más de viviendas por cada edificio. Será posible una vez que la nueva norma se incorpore al ordenamiento regional, algo que previsiblemente sucederá en los próximos días.Más pisos en suelos destinados a oficinas, hoteles...La ley aprobada este jueves también extiende dos años más la posibilidad de pedir los cambios de uso de suelos destinados a oficinas y a hospedaje para construir en ellos viviendas de alquiler.

"Dado el éxito en el caso de las oficinas, con la promoción de más de 8.400 en pisos de alquiler, se amplía el plazo establecido desde la petición de la licencia", han expresado desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo. Otra de las novedades es la introducción del silencio administrativo positivo en lo que respecta a la emisión de determinados informes que tiene que emitir el Ejecutivo regional para poder autorizar una promoción de vivienda.

Cuando se sobrepase el plazo de tres meses sin respuesta de la Administración, se considerará que el trámite tiene el visto bueno y el planeamiento urbanístico podrá continuar su tramitación. "Se evitan demoras innecesarias, se reducen tiempos de gestión y se aporta mayor seguridad jurídica a los proyectos", han expresado al respecto desde la Comunidad, que sigue trabajando en otras reformas legales relacionadas con este ámbito, como el nuevo reglamento de vivienda protegida, que podría ver la luz en las próximas semanas.