El reciente despido de 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) evidencia un acelerado desmantelamiento del sistema de justicia y una profunda politización institucional, alertó María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ). En entrevista con la periodista Ivonne Melgar, en la Primera Emisión de Imagen Informativa, la magistrada en retiro calificó este cese masivo como un golpe directo a los sectores más vulnerables del país, una acción que va en contra de las promesas oficiales de la reforma de 2024.

Molina denunció que, de forma extraoficial, se justificó la medida por "recortes presupuestales", lo cual contrasta con el despilfarro en el gasto de la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial. Acusó que se priorizan intereses políticos.

La presidenta de la AMJ advirtió que el perfil actual del Poder Judicial camina hacia el sometimiento absoluto al Ejecutivo, operando mediante jueces "alineados al gobierno, más politizados y también, pues, como hemos visto, con resoluciones y argumentos que no tienen nada que ver con justicia sino con política". Finalmente, Molina acusó al Tribunal de Disciplina Judicial de convertirse en un brazo de persecución y presión política, al iniciar procesos incluso contra juzgadores en retiro que en su momento admitieron amparos contra la reforma judicial.

Ante el desdén del Estado mexicano, que ha ignorado los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en más de 700 demandas presentadas por juzgadores, Molina concluyó que la verdadera perdedora de este desbarajuste institucional es la sociedad civil.