POSADAS.— La flexibilización de las normas de importación impulsada por el Gobierno nacional encendió señales de alerta entre especialistas ambientales, quienes advierten sobre el posible ingreso al país de productos que podrían convertirse rápidamente en residuos de difícil tratamiento. La preocupación fue planteada por el Círculo de Políticas Ambientales (CPA), que analizó los cambios regulatorios implementados en los últimos años y sus potenciales consecuencias sobre el ambiente y la salud pública.De acuerdo con el informe difundido por la entidad, la eliminación o reducción de diversos controles previos a la importación podría facilitar la llegada de bienes de baja calidad, usados o próximos al final de su vida útil.

Entre los productos señalados figuran pilas, baterías, neumáticos recauchutados, equipamiento médico de segunda mano, ropa usada, juguetes y cosméticos, que eventualmente podrían transformarse en residuos con escasas posibilidades de reutilización.Los especialistas sostienen que estos artículos representan un desafío adicional para los sistemas de gestión de residuos de provincias y municipios, que son los encargados de su recolección y disposición final. Según el CPA, la acumulación de este tipo de desechos podría generar mayores costos operativos y exigir nuevas inversiones para evitar impactos negativos sobre el ambiente.Uno de los principales focos de preocupación está relacionado con la presencia de sustancias peligrosas y metales pesados en algunos productos importados.

El informe menciona elementos como plomo, mercurio y cadmio, compuestos que pueden provocar contaminación del suelo y del agua si no reciben un tratamiento adecuado una vez descartados. Asimismo, advierte que la exposición a estos materiales puede representar riesgos para la salud humana.La organización ambiental también cuestionó la sustitución de controles preventivos por mecanismos basados en declaraciones juradas, auditorías posteriores y el reconocimiento de certificaciones emitidas en otros países.

A su entender, este esquema limita la capacidad de detectar irregularidades antes del ingreso de los productos al territorio nacional y reduce las herramientas de fiscalización disponibles para el Estado.La entidad consideró indispensable fortalecer los mecanismos de control y monitoreo para evitar que el país se convierta en receptor de residuos encubiertos o de productos que generen una carga adicional para los sistemas de gestión ambiental.